Rutherford descubre antecedentes de expediente judicial en edificio del Ejército y fiscalía abre investigación

Por estos días el Ejército se encuentra cubriendo varios frentes: el toque de queda, el despliegue para las próximas elecciones, la capacitación a funcionarios policiales en La Araucanía, el ruido interno de la Operación Topógrafo y también cómo avanza la investigación que lleva a cabo la ministra en visita Romy Rutherford.

La indagatoria ha provocado varios capítulos de tensión entre la justicia y el Ejército, y a mediados de marzo ocurrió otro de ellos, cuando la Fiscalía Centro Norte recibió una denuncia que provino desde la oficina de la ministra Rutherford. En ésta, puso en conocimiento del Ministerio Público un serio episodio que la jueza había experimentado en dependencias del Ejército, en el Edificio Bicentenario, en Santiago Centro.

En la denuncia de la jueza, esta relató que el miércoles 17 de marzo concurrió con efectivos de la PDI hasta el Departamento de Transparencia y Lobby del Ejército (DETLE), en calle Blanco Encalada Nº1724, a cumplir una diligencia en el marco de la arista en que se indaga al exjefe del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), general (R) Rodrigo Urrutia (pasó a retiro el año pasado). Este ya declaró en la investigación por el uso de pasajes y por la denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante Rutherford, en la que lo acusaron de falsedad militar.

Fuentes militares señalaron que todo marchaba bien -con la tensión de siempre por estar en una diligencia de incautación de documentos-, hasta que la jueza encontró, de acuerdo a lo que explicó en su denuncia, parte del expediente judicial del caso que se tramita en la oficina de la magistrada, es decir, documentación que solo está para conocimiento de los intervinientes en la causa (el CDE, el Ministerio Público Militar y, en parte, los abogados defensores del personal investigado).

Recibida la denuncia de la magistrada, la oficina de Alta Complejidad Centro Norte de la fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de violación de secreto. En esa causa se deberá determinar cómo el expediente judicial de la ministra llegó hasta las dependencias del Ejército.

Consultado el Poder Judicial sobre lo ocurrido, desde la Dirección de Comunicaciones solo señalaron que “la ministra Rutherford no se referirá al tema”. Este es el segundo hecho de tensión que se vive entre el Ejército y la ministra, pues el 28 de agosto del año pasado La Tercera PM reveló que Carabineros identificó a personal de la Dirección de Inteligencia de la institución militar en las afueras de la oficina de la magistrada. Esto significó un llamado telefónico entre el propio comandante en jefe, Ricardo Martínez, y la jueza.

Consultado el Ejército sobre lo ocurrido con el expediente judicial de la ministra, señalaron que la institución “tiene conocimiento de que la MVE Srta. Romy Rutherford Parentti presentó una denuncia ante el Ministerio Público por cuanto detectó en la revisión de una carpeta el texto de una querella presentada por el CDE en contra de un oficial general, y no copia de un expediente judicial o cuaderno judicial como usted señala, hecho que está siendo investigado por la justicia”.

En tanto, la investigación que la ministra en visita comenzó en 2017 ya suma 43 aristas, derivadas desde el cuaderno principal del fraude en el Ejército.

Entre estos cuadernos -según informó oficialmente el Poder Judicial- está la arista que involucra los gastos reservados del Ejército, Pasajes y Fletes, y una serie de licitaciones entre la institución militar y distintas empresas de repuestos.

La última arista en incorporarse dice relación con una solicitud del CDE para que Rutherford indague un eventual sobreprecio de US$ 8,6 millones en helicópteros militares por parte del Ejército. Esta causa tiene su origen en una auditoría de Contraloría, donde se resolvió que se pagó un total de US$ 57.440.535, “en circunstancias que requerida información a la Fuerza Aérea de Chile se verificó que esa institución cotizó el mismo tipo de aeronaves en los años 2010, 2015 y 2016 por una cifra total de US$ 48.786.145, evidenciándose de esta manera un eventual sobreprecio de US$ 8.654.386, remitiéndose estos antecedentes al Ministerio Público”.

Por un lado, será la fiscal Ximena Chong quien indague responsabilidades penales de los civiles involucrados en el caso, y por el otro, Rutherford indagará a los uniformados que participaron del proceso.