Samuel Donoso, el abogado concertacionista que defiende a Piñera en 35 casos de DD.HH. y muertes por Covid

“Estoy disponible para lo que se necesite”. Pocos días después del estallido del 18 de octubre del año pasado y una vez que se habían concretado las quemas de varias estaciones del Metro, el abogado penalista Samuel Donoso Boassi se ponía así a disposición del gobierno de Sebastián Piñera. Un histórico militante del PPD hacía llegar este mensaje a La Moneda en medio de una de las crisis sociales más importantes de la última década.

El mensaje se lo dio a la abogada y exministra Loreto Silva, que en esos días participaba de un comité de emergencia que, desde el segundo piso de Palacio, planificaba las estrategias que el Ejecutivo debía adoptar para perseguir penalmente los desórdenes públicos e incendios derivados de las protestas en todo el país. Por tal motivo y ante la disposición del profesional, la abogada no dudó en empujar el nombre de Donoso para el equipo de cuatro penalistas que encabezarían las principales querellas con las que el Presidente Sebastián Piñera llevaría ante la justicia a los responsables de los hechos más graves derivados de actos de violencia, según mandató en ese momento.

Tras esto vino una reunión entre el Mandatario y los cuatro penalistas, en los que estaba también Gabriel Zaliasnik, Marcelo Sanfeliú y Jorge Bofill. La designación del grupo se concretó a mediados de noviembre.

Uno de los que participó en ese encuentro describe que Piñera y Donoso “engancharon” bien. En medio de sus intervenciones, el jefe de Estado lo habría escuchado atento y tomado nota de las ideas que planteaba.

Cuando se presentó la primera querella por delitos de lesa humanidad en contra del Presidente, el 1 de noviembre de 2019, y que fue declarada admisible, vino la búsqueda de quién podría representarlo ante la justicia.

Históricamente el abogado en causas penales de Piñera había sido el penalista Juan Domingo Acosta. Sin embargo, por ese entonces, este último preparaba la defensa ante la Cámara de Diputados de una acusación constitucional levantada por parte de la oposición contra el Mandatario y que el 12 de diciembre se cayó en la cuestión previa. Fue entonces cuando -dicen quienes conocieron de las tratativas- Piñera pidió nombres a su círculo cercano y comenzó a sondear el nombre de Donoso.

Luis Hermosilla, quien por ese entonces asesoraba al Ministerio del Interior que estaba encabezado por Andrés Chadwick -dicen fuentes de Palacio- fue uno de los que entregó una opinión favorable respecto a Donoso. Éste último había sido en el pasado socio de su hermano Juan Pablo Hermosilla. En el ruedo, dicen quienes conocieron de este proceso, estuvo sobre la mesa los nombres de Cristián Muga (quien finalmente optó por la defensa del general director de Carabineros Mario Rozas) y también el penalista Jorge Bofill.

No pocos de los consultados por La Tercera PM recalcan que Donoso, a diferencia de otros abogados dedicados a lo penal, tenía un elemento adicional y era su pasado concertacionista, en el corazón del PPD, partido del que incluso llegó a ser secretario general y además su cercanía, hasta la actualidad, con uno de los líderes de esa colectividad, el senador Guido Girardi. Piñera se convenció y durante las primeras semanas de noviembre, cuando Donoso finalizaba el segundo juicio por el caso Cascadas -en que defendió a Aldo Motta- sellaron el acuerdo.

“Para el Presidente debe haber sido decidor el momento en que Donoso y los otros tres abogados se ponen a disposición del país, teniendo en cuenta además que para él había costos políticos, de amistades, incluso, pensando en el mundo del cual viene y las causas que ahora debe defender que son vinculadas a los Derechos Humanos, tema tan sensible y que asume con la absoluta convicción de que el Presidente no ha cometido delito alguno”, dice una de las personas que intervino en el proceso de este fichaje.

El nombre de Donoso había cobrado notoriedad en el 2015, época en que se indagaban las platas políticas. Recordados son sus intentos judiciales de evitar la incautación de información tributaria de SQM. Se le sindica como cercano a quien en esa época era el ministro del Interior, el también PPD Rodrigo Peñailillo. Donoso fue llamado “el cerebro” tras la estrategia de SQM y terminó defendiendo, hasta el día de hoy, al ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse.

El 13 de noviembre de 2019, ante el notario público Juan Francisco Leiva, se certificó el mandato judicial en que el Presidente Sebastián Piñera le permitió al ex histórico PPD que “lo represente en toda clase de procesos judiciales ante los tribunales de justicia, el Ministerio Público y en especial los juzgados con competencia en materia civiles y penales (...), Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional”. Fue así como sólo seis días después, el 19 de noviembre de ese año, Donoso presentó el primer patrocinio y poder como abogado del Mandatario. En términos simples, se convirtió en su representante ante la justicia.

Pese a la reciente cercanía de ambos, Piñera y Donoso ya tenían historia, una que incluso llevó a este último a desafiliarse para siempre de su partido. En 2011, relatan cercanos al abogado, durante el primer periodo de Piñera, el jefe de Estado propuso su nombre para integrar el Consejo para la Transparencia que se estaba creando por esa época. Quien en ese entonces era un hombre clave del Tribunal Supremo del PPD no lo pensó dos veces y aceptó el desafío, presentando entonces su renuncia a la colectividad. Pero su nominación generó reparos entre sus compañeros de militancia y abogados de la plaza. Finalmente, en una carta, el abogado, tras agradecer a Piñera el gesto, solicitó que removiera su nombre de la propuesta.

Ocho años después, en el segundo gobierno de Piñera, el Mandatario lo eligió como el abogado más importante para la Presidencia, el que deberá defenderlo en tribunales de querellas tanto por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social como por las que el jefe de Estado aparece como presunto responsable de una fallida estrategia sanitaria respecto del Covid-19, según se acusa en los documentos. La Tercera PM recopiló en tres regiones la cantidad de acciones que han originado causas penales en contra del Mandatario por ambas causas, y en total, en 15 juzgados de garantía de Santiago, Valparaíso y Concepción se ingresaron 50 querellas, de éstas sólo 35 están vigentes.

En el caso de las causas relacionadas con el estallido, varias de estas buscan atribuirle responsabilidad no sólo a Piñera, sino también a su exministro del Interior, Andrés Chadwick, al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al actual titular de Interior, Gonzalo Blumel. En esa línea, al menos las defensas del mandatario y sus colaboradores del gabinete suelen coordinarse: por Chadwick, con Luis Hermosilla; por Blumel, con Eduardo Riquelme, actual abogado del Ministerio del Interior. En cuanto a las relacionadas con el Covid-19, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ya designó a un defensor: se trata de Gabriel Zaliasnik, quien fue parte junto con Donoso del equipo de abogados post estallido.

En el caso de situaciones vinculadas a los Derechos Humanos, el fiscal nacional Jorge Abbott designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudio Perivancich, para indagarlos. Sin embargo, en el caso de las muertes por Covid aún el jefe del Ministerio Público no ha tomado la determinación de nominar a un fiscal regional para liderar los procesos investigativos.

Con todo, será Samuel Donoso y su equipo, compuesto por las abogadas Andrea Rivera y Bárbara Yévenes, quienes deberán acompañar al Presidente si es citado a declarar como imputado en estos casos. Cercanos al profesional aseguran que sus honorarios serán costeados por el propio Presidente y que son bajos, porque al igual que tras el 18 de octubre, Donoso -le ha dicho a sus cercanos- lo está haciendo “por defender la figura del rol del Presidente, en definitiva por el país”.