Sandro Gaete, ex PDI que renunció al Plan Nacional de Búsqueda: “El gobierno se está gastando más de $ 700 millones por algo que se estaba haciendo gratis”

Durante su carrera en la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete se destacó por ser uno de los detectives más avezados en causas de derechos humanos vulnerados por la dictadura. Sin ir más lejos, fue uno de los integrantes de la brigada que logró dar con Paul Schäfer en Argentina y participó en cientos de indagatorias para dar con el paradero de detenidos desaparecidos. “Era temido por CNI(s) y DINA(s)”, dice uno de los jueces que trabajó con el policía.

En base a esta experiencia es que la primera subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, una vez que se incorpora al entonces segundo gobierno de Michelle Bachelet, no dudó en fichar a Gaete con un objetivo claro: que encabezara el equipo para conformar el Plan Nacional de Búsqueda (PNB). La iniciativa contemplaba fijar sitios de interés desde las causas judiciales y recopilar información para encontrar a víctimas del régimen de Augusto Pinochet. Y si bien se avanzó en esa época, fue la administración actual que para la conmemoración de los 50 años del Golpe e Estado, el 11 de septiembre del año pasado, renovó su compromiso con los familiares de desaparecidos para lograr “verdad, justicia y reparación”. “Pero esta vez sin el sentido de urgencia”, explica a La Tercera el exdectective que renunció a sus labores en el PNB muy desilusionado con lo que ha hecho -dice- el Ministerio de Justicia, hoy encabezado por Luis Cordero.

Su salida fue la antesala de lo que ocurrió después cuando el gobierno le pidió la renuncia a Xavier Altamirano, el -ahora- exsubsecretario de DD.HH., todo esto en medio de un millonario contrato que se firmó, por trato directo, para que la empresa Unholster realizara una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos.

¿Por qué decide renunciar?

Yo presento la renuncia a contar del primero de agosto, que creo que era día martes, y al subsecretario, sorpresivamente, le piden la renuncia el día viernes siguiente. Mi decisión se relaciona en particular con el problema suscitado con la contratación de la empresa Unholster. Yo empecé a trabajar en abril del 2017 en el Programa de Derechos Humanos. Me contrató en esa época la subsecretaria Lorena Fries, con la intención de formar un equipo de investigación y búsqueda que cumpliera recomendaciones internacionales respecto a separar la búsqueda desde la perspectiva judicial y desde el Estado, es decir, desde el poder o la función ejecutiva, tener un trabajo de búsqueda también que podría llamarse administrativa o humanitaria, como internacionalmente se conoce.

¿Cómo fue el inicio de ese trabajo?

A partir de ahí, empecé yo con la ayuda de Cath Collins, una de las docentes académicas de la Diego Portales que más sabe del tema, a conversar y tratar de ir generando el espacio. Me di cuenta que era una tarea titánica, que sobrepasaba las capacidades que teníamos en ese minuto en la subsecretaría, por lo tanto, había que conversar el tema con actores relevantes del mundo de los derechos humanos, académicos, organizaciones de familiares en particular, que son quienes han mantenido el tema de la búsqueda vigente durante tanto tiempo, sitios de memoria, académicos de distintos centros de estudios. En ese entonces hablé también con Antonia Urrejola, nos reunimos con bastantes personas tratando de ir generando un diagnóstico respecto a cuál era la situación de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en Chile. Y a partir de ese diagnóstico, generar propuestas para comenzar a trabajar en la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda.

¿Cómo compatibilizaba su experiencia como PDI con esta tarea que califica de “titánica”?

Por mi experiencia, yo sabía de la existencia de sitios de interés que podían dar a conocer antecedentes sobre el destino de personas desaparecidas. En distintas investigaciones en las cuales me tocó participar en alguna época, se recabaron antecedentes importantes respecto al destino. No obstante, la dinámica misma de las investigaciones judiciales de la persecución penal, de justicia, fue dejando de lado estos datos que se fueron archivando. Hubo cuadernos reservados que se abrieron y que posteriormente fueron sobreseídos donde existían elementos importantes sobre el destino de las personas víctimas de desaparición forzada. Y te voy a nombrar en este caso como ejemplo Linares, la Escuela de Artillería de Linares.

¿Ahí es cuando van donde el ministro Mario Carroza?

Tal cual. En ese escenario, Lorena Fries presenta la querella para que se investigue la operación Retiro de Televisores. A partir de estos antecedentes que se fueron recabando, como te decía, respecto a sitios donde además se mencionaban lugares de inhumación y exhumación de víctimas, pero la experiencia demostraba que cada vez que hay una exhumación existe la posibilidad de que hayan quedado restos óseos en ese lugar. Por lo tanto, era importante que se revisaran de acuerdo con las capacidades que se tenían en el año 2017 para seguir buscando.

¿Y qué pasó, hubo avances?

Ahí fue cuando cambió el gobierno. Llegó la subsecretaria Lorena Recabarren y el trabajo de recabar antecedentes para la elaboración de un plan nacional quedó pendiente. Y nos dedicamos solamente a tratar de rescatar aquellos sitios de interés, aquellos lugares, comenzar a hacer un catastro respecto de los lugares que se conocían, que existía información histórica, en su gran mayoría proporcionada por familiares y que estaban dispersos en distintos procesos judiciales. En definitiva fueron años en que sistematizamos esa información.

Paralelamente comenzamos a intentar definir una cifra oficial de víctimas de desaparición forzada, dado que en Chile hasta ese minuto las distintas comisiones de verdad nos fueron sistematizando la información. Cada comisión de verdad, Informe Rettig, Valech y Valech II, fueron calificando víctimas, pero no se hicieron cargo de una cantidad. De igual forma, en el transcurso del tiempo se fueron conociendo errores en la calificación, por lo tanto, en una conversación que sostuve en la época con Lorena Recabarren, apenas llegó ella a la subsecretaría preguntó... ¿Cuántas personas estaban desaparecidas? Y no teníamos esa respuesta.

¿A eso se suman los errores en el pasado de identificación?

Claro, y ahí hay un tema no menor porque esos errores en la identificación de las víctimas nos redobló el trabajo, era otra tarea que había que trabajar complementariamente con el Servicio Médico Legal. El equipo de investigación y búsqueda empezó a colaborar con el médico legal en los casos y en la base de datos de genética que tienen ellos. Y ahí hay otro escenario complejo: una cantidad importante, no menor, de familiares de víctimas que no tienen donaciones sanguínea de familiares directos, por lo tanto es imposible realizar identificaciones o tener la certeza. Se inició la pega junto al área social del programa de derechos humanos para disminuir esa brecha. Y ahí vino un nuevo cambio de gobierno.

El actual Presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno habla de la necesidad del Plan Nacional de Búsqueda...

Claro, como en campaña se prometió eso, cuando llega a La Moneda se desempolvaron todos los antecedentes que estaban archivados respecto a ese tema y se elaboró un documento que se denominó “Apuntes para la elaboración de un plan nacional de búsqueda”. En el texto se hace un diagnóstico, se identifican los nudos críticos, se propone un modelo mixto que paralelamente a la persecución penal de los delitos tenga un componente administrativo o humanitario, de búsqueda que permita cierta libertad, cierto, que denominé más que un sistema prejudicial, porque en realidad es recabar todos los antecedentes necesarios previamente que estén disponibles para posteriormente judicializar, entregar esos antecedentes a los tribunales.

¿Cómo llegan a la ayuda de mexicanos y al Instituto Milenio?

Fue por los contactos que fuimos manteniendo durante los años que trabajé en la PDI, creo que Cath Collins me hizo saber del trabajo que había hecho en Ayotzinapa el equipo argentino de arqueología forense, a partir de ahí hubo un seminario donde posteriormente se publicó un libro sobre nuevas tecnologías para la búsqueda. En esas nuevas tecnologías para la búsqueda aparece la aplicación de inteligencia artificial en el análisis de grandes volúmenes de datos. Posterior a eso se tomó contacto con los mexicanos, y ellos donaron el software, luego fuimos con el Instituto Milenio, ellos estaban muy interesados en colaborar y aquí hay que hacer una distinción porque dicen que ellos están trabajando gratis y eso no es tan así. Efectivamente, a la subsecretaría no le cobraron por el trabajo que realizaron con nosotros, pero hay que recordar que ellos se financian con fondos estatales, por lo tanto el Fisco chileno, cierto, de alguna u otra forma estaba pagando el trabajo que Milenio estaba haciendo con nosotros.

¿Aportó esa labor?

Ahí yo diría que se avanzó bastante, porque los mexicanos, la Comisión Nacional de Búsqueda Mexicana, ya estaba trabajando con este software Angelus, que aplica inteligencia artificial. Entonces, lo que cabía hacer era un poco replicar el trabajo que estaban haciendo ellos con la información que teníamos nosotros y con los requerimientos particulares de nuestra realidad en el tema de búsqueda.

¿Y qué pasó?

Se produce el cambio de ministro, sale Marcela Ríos y arriba Luis Cordero, y por razones que nadie ha podido explicar, a las semanas siguientes se realiza una reunión en el despacho del ministro de Justicia. Estaba presente él, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, el coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Juan Mena, algunos analistas del PNB y Cristóbal Huneeus, que es uno de los dueños de la empresa Unholster. Y este tema no es menor porque esa entrevista no fue registrada en la plataforma de lobby, ni tampoco como audiencia. Si uno revisa la plataforma de lobby del ministro Cordero, en las entrevistas que él concede incluso aparecen en el año 2023 anotadas todas las que sostuvo con agrupaciones de familiares de víctimas, por ejemplo.

Y a su juicio, debió informarse...

Según la definición que da la ley de lobby, Huneeus es un gestor de intereses privados. Y ese tipo de reuniones obligadamente se tienen que registrar. Más aún si después no damos cuenta de lo que pasó. Yo insisto, no está claro cómo llega Unholster, hay versiones encontradas; Zamorano dijo que era orden del ministro y el ministro dice que ellos -la empresa- le pidieron la reunión. ¿Por qué no se registra esa entrevista, esa audiencia? El ministro dice que no la registró en la plataforma de lobby porque ellos no eran vendedores de nada. La verdad es que no es así. En estricto rigor, la definición legal del trabajo que hace Huneeus es gestor de intereses privados.

Eso es lo que se denuncia en Ciper, porque además se licitó por trato directo... ¿no?

Acá lo que pasó fue que tras esa reunión, Unholster se gana una primera licitación para el diseño de una base de datos, siendo la oferta más cara, y después logra un trato directo para la implementación de lo que ellos mismos habían diseñado. Eso es extrañísimo, porque el diseño e implementación de una base de datos no se hacen por separado. Porque además después, para justificar el trato directo, dicen que Unholster tenía experiencia en el diseño, ¡Pero lógico, si ellos lo diseñaron! y mienten al decir que no había ninguna otra empresa que pudiese brindar ese servicio. Y esa mentira se cae porque es el trabajo que está haciendo ahora el Instituto Milenio de Datos con el Museo de la Memoria y la Fundación de Archivos de la Vicaría.

¿Usted alertó de esto a sus jefaturas?

A mí me pareció todo muy horrible. Se lo dijimos en una reunión de nuestro equipo a Paulina Zamorano y, de hecho, creemos que el contrato se divide para evitar la toma de razón en Contraloría. ¿Por qué diablos alguien quiere evitar la toma de razón de la Contraloría? Que alguien me explique eso. Que me explique el ministro Cordero ¿cómo llega Unholster? Ellos dicen que lo invita el ministro. O sea, el ministro invita a una reunión a una empresa con la cual después su ministerio le asigna casi 720 millones de pesos.

¿Eso determina su salida?

Así es. Yo no podía seguir ahí. Mire, se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares, se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio, evitaron la toma de razón de la CGR y el trabajo de establecer las trayectorias ya está hecho y no lo elaboró Unholster. A días de cumplirse el primer aniversario del PNB, solamente se puede presentar el listado de 1.469 víctimas DD. DD., los 47 sitios de interés y las trayectorias, todos productos realizados por analistas de investigación del Programa de DD. HH.; y los sitios en que se está trabajando en terreno, mina La Veleidosa en Tocopilla, polígono de la Escuela de Artillería de Linares, Colonia Dignidad, Peldehue, entre otros, corresponden a investigaciones judiciales anteriores al PNB.

Usted dijo en un inicio que el actual Ministerio de Justicia no está trabajando con “sentido de urgencia” este tema... ¿Por qué?

Nosotros teníamos sentido de urgencia en el tema de la búsqueda, contraria a la visión que mantienen Cordero y Paulina Zamorano, quienes sostienen que el PNB es una política pública que perdurará en el tiempo; mirando lo que ocurre en Argentina, en donde acaban de cerrar la comisión que buscaba a los niños apropiados en dictadura, me parece de una ingenuidad que asusta.

¿Cómo abandona, entonces, su paso por el gobierno... desilusionado?

Creo que hay un grave problema con lo que está pasando. A eso se suma lo que dice relación con la coordinación y búsqueda, y en particular con los procesos de búsqueda, en la que se ha hecho una investigación, el área elaboró un informe, se recibió una denuncia, por un caso en la zona central, el litoral central, donde supuestamente habría sido ejecutada y enterrada, detenida y desaparecida una persona. Se hizo un trabajo en terreno, se ubicó a un testigo que daba cuenta de estos hechos. Se elaboró un informe, ese informe se puso a disposición del coordinador del plan para que, a través de él, se lograra su judicialización, dado que había que hacer trabajos de excavación en un sitio que es de interés. Han pasado cuatro meses y ese informe no ha llegado a la ministra que está a cargo de la investigación en esa zona. Entonces, la elaboración, la redacción de una querella ha tardado cuatro meses. Cuatro meses que no tengo la explicación, eso no es trabajar con el sentido de urgencia que se le prometió a los familiares de las víctimas.

No cree que haya resultados pronto...

Mira, el tema es no menor porque a lo menos el ministro y la jefa del programa y a la vez jefa del plan están apostando al trabajo de establecer las trayectorias de las víctimas. Supuestamente, Unholster fue contratado, entre otras cosas, para recabar los antecedentes de la base de datos que permita establecer estas trayectorias. Sobre ese tema hay que detenerse un poco porque la trayectoria de la víctima, es decir, los lugares por donde pasó, está sumamente bien documentada. Hay investigadores destacados como Pedro Mata, Nancy Guzmán, Pascal Bonnefoy, Javier Rebolledo, el “Gato” Escalante, que han escrito libros sobre este tema. Los mismos sitios de memoria tienen claramente establecidos que las víctimas pasaron por esos lugares, por esos centros de detención. Ese trabajo ya está hecho y esa es la apuesta que tienen Cordero y Paulina Zamorano respecto a productos para entregarles a las víctimas. Desde esa perspectiva, en la identificación de los 47 sitios, que fue un trabajo que hicimos nosotros en particular, recogimos antecedentes documentales de procesos judiciales y otros que existían, partimos con 26, después 31 y terminamos en 47, no ha tenido el mismo interés o ha tardado, o sea, uno esperaría que la prioridad estuviese concentrada en trabajar, en investigar, en excavar, si fuese necesario, en esos 47 sitios. Y eso no ha ocurrido. Entonces, la apuesta es otra.

¿Cuál?

La respuesta a esa pregunta yo no la tengo. No la tengo. Entonces, lo que sí yo puedo decir es que las fichas están puestas en otro lugar. Por ejemplo, en el mismo contrato de Unholster se hace mención a la colaboración y que los antecedentes los va a poner a disposición la PDI. La PDI ya informó que ellos no van a poder, no van a entregar los antecedentes porque hay legislación sobre datos y hay información de causas que están vigentes. Entonces, en realidad le están pidiendo que se haga algo que en la práctica no va a ocurrir.

¿Se va decepcionado, entonces?

Si estoy o no decepcionado, no importa. Lo que a mí me preocupa es que el lanzamiento del plan generó mucha esperanza y expectativa en los familiares. Y lamentablemente no hemos estado a la altura de las circunstancias. Las prioridades, como te decía, van por otro lado. Si bien es cierto, es necesario conocer las trayectorias de las víctimas, eso ya está hecho. Es un trabajo que no hizo Unholster, lo han hecho analistas del Programa de Derechos Humanos, del área de investigación. Analistas de investigación del Programa de Derechos Humanos hicieron esa pega. Entonces, de alguna u otra forma, siento que seguimos estando en deuda. Entonces, todo el sacrificio en el diseño, todas las jornadas que se fueron realizando, todo quedó ahí. A los familiares ni siquiera les informaron lo de este contrato y la llegada de Unholster, lamentablemente, sólo vino a entorpecer el trabajo, y yo no estaba dispuesto a quedarme.