Se busca subsecretario: el dilema para encontrar a la nueva autoridad de Redes Asistenciales y los nombres en carpeta

Osvaldo Salgado ya presentó su renuncia a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en la que, entre otras cosas, estaba a cargo de las listas de espera. Y aunque su dimisión luego de haber asumido el 16 de junio de 2023 en reemplazo de Fernando Araos fue confirmada por el gobierno hace una semana, su salida aún no se oficializa. ¿La razón? Aún no está definido un punto clave: su reemplazo.

Y es que alcanzar un consenso no ha sido tarea fácil. Salgado pertenece al Partido Socialista, por lo que, en un principio, se esperaba que su reemplazo proviniera de la misma colectividad. Sin embargo, con el paso de los días esa certeza se ha ido diluyendo, y entre los nombres que suenan para asumir el cargo figuran algunos que no pertenecen a dicha coalición.

Fuera del Ministerio de Salud los primeros en enterarse de su salida fueron el senador Juan Luis Castro (PS) y la presidenta del partido, Paulina Vodanovic. A ambos, desde el gobierno les repitieron la misma solicitud de hace un año y nueve meses, cuando Araos dejó la Subsecretaría de Redes Asistenciales: proponer nombres para el reemplazante. Y así lo hicieron. Fuentes de Palacio aseguran que Vodanovic propuso tres nombres, sin detallar cuáles.

Como sea, uno que ha tomado fuerza en las conversaciones es Bernardo Martorell (PPD), actual coordinador del gobierno para la reforma de salud, quien llegó al Minsal tras el primer cambio de gabinete, aunque el gobierno llevaba tiempo intentando sumarlo a sus filas.

Desde marzo de 2022 en La Moneda lo habían estado buscando, ofreciéndole primero el cargo de seremi de Salud Metropolitana, propuesta que rechazó. Poco después, ese mismo mes, le ofrecieron la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero nuevamente declinó. A pesar de sus negativas, el Minsal siguió insistiendo con llamados para convencerlo de integrarse a la cartera.

Más tarde, durante el primer cambio de gabinete, su nombre sonó con fuerza para reemplazar a Cristóbal Cuadrado en la Subsecretaría de Salud Pública, cosa que estuvo cerca de concretarse. Sin embargo, el Frente Amplio presionó para que el reemplazo proviniera de sus propias filas, lo que finalmente llevó a que el entonces jefe de Salud Comunal de La Pintana terminara a cargo de la reforma de salud.

Otros nombres que han sonado son el de Daniela Greiver, directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, y Vladimir Pizarro, presidente de la Fundación Chile Salud. Cercanos a la primera afirman que hasta hoy no se le ha hecho una propuesta.

Asimismo, Antonio Infante, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), institución de la que dependen centros asistenciales como el Hospital San José, es otra de las cartas que se han puesto en la mesa. Sin embargo, quienes están en contacto permanente con él afirman que tampoco le han formalizado una intención y que, aunque así fuera, descartaría la opción.

Otro nombre que circuló fue el de Carmen Aravena, jefa de la División de Atención Primaria del Minsal y quien ha subrogado a Salgado mientras ha estado de vacaciones, pero no genera consenso al ser independiente.

Sea quien sea que termine asumiendo el cargo lo hará con el desafío latente de las listas de espera, una de las principales preocupaciones del gobierno y todo el sector en materia de salud. El tema, de hecho, ha seguido toda la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien a inicios de año fue interpelada en la Cámara de Diputadas y Diputados por el aumento de las listas y por las personas que fallecieron esperando atención.

Las cifras dicen que si en 2023 se registraron 333.579 cirugías y 2.401.560 consultas de especialidad en espera, para finales de 2024 esos guarismos subieron a 390.229 y 2.601.084, respectivamente. Esto representa un crecimiento de 56.650 cirugías pendientes (16,98%) y 199.524 consultas no atendidas (8,31%).

Las irregularidades detectadas por Contraloría en la materia también han sido foco de escándalo. Entre estas se encontraron casos de funcionarios públicos que alteraban el orden de prioridad de los pacientes para permitir que sus cercanos accedieran a intervenciones quirúrgicas. Estas irregularidades fueron identificadas en los hospitales regionales de Osorno, Los Lagos, Angol, La Araucanía, Talca, Maule, Ovalle y Coquimbo.