“Se castiga más al Ministerio Público”: la minuta con que la Fiscalía se alineó en rotundo rechazo a reducción de presupuesto

En el Ministerio Público no le dan tregua al Ejecutivo a raíz de la rebaja de más de $7 mil millones a su presupuesto de 2025. A los cuestionamientos y preocupación que expresaron públicamente tanto el fiscal nacional, Ángel Valencia, como los fiscales regionales, la institución también diseñó una estrategia comunicacional para estar alineados en rechazo a la fórmula del Ejecutivo.

Así, como pudo conocer La Tercera, los persecutores recibieron en sus correos una minuta interna con los puntos clave a destacar frente al reajuste, relevando los “impactos” que tendrá la medida en las labores que realizan.

En el primer punto, de hecho, se hace presente algo que ya había enfatizado el propio Valencia: “De concretarse, la rebaja presupuestaria informada por Dipres afectaría de manera importante la operación del Ministerio Público, siendo la persecución penal una de las áreas más afectadas”.

Pero no se quedaron solo en dicho punto. Como se lee en el documento de tres carillas que pudo revisar este medio, en la Fiscalía Nacional estiman que no es cierto el hecho de que se hagan reducciones de manera equitativa a las reparticiones. Aseguran que se trata solo de una “aparente rebaja pareja”.

“El año pasado, previo al envío del proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso, cuando el ministro de Hacienda informa el presupuesto del Ministerio Público al fiscal nacional, este ya contenía un crecimiento real menor al crecimiento de todo el sector público (2.1% vs. 2.7). Es decir, la institución no formaba parte de los organismos públicos considerados prioritarios para este año”, indican.

En línea, agregan: “Cuando hoy Hacienda aplica una rebaja porcentual pareja a todas las instituciones públicas (salvo las del acuerdo entre Congreso y Ejecutivo), entonces comparativamente castiga más al Ministerio Público que a las instituciones que inicialmente tenían un crecimiento mayor al nuestro, y que después de la rebaja seguirán con un crecimiento superior al de la Fiscalía”.

De igual forma, la entidad destaca que parte importante de la reducción afectará el ítem destinado a gastos fijos. “El normal funcionamiento de las fiscalías del país (son aprox. 150) requiere una cantidad importante de recursos permanentes (pago de guardias de seguridad, arriendo de inmuebles, arriendo de vehículos, servicio de aseo, luz, agua). Estos gastos se pagan con el subtítulo 22, que es justamente donde se nos informó una de las mayores rebajas presupuestarias (2.731 millones)”, manifiestan.

“Actualmente, cerca del 82% del presupuesto asociado a este subtítulo se destina al pago de costos fijos, servicios básicos y contratos de servicios ligados principalmente al ámbito tecnológico. Es decir, son gastos ya comprometidos presupuestariamente para el año”, se complementa. Y el resto, dicen, es para, entre otras cosas, seguridad de fiscales y funcionarios, suscripción de softwares e insumos.

A eso hay que agregar, aseguran, la afectación en la disponibilidad de personal. Se reducen los dineros para, por ejemplo, el pago de suplencias para reemplazar la ausencia de funcionarios y fiscales. “En el caso de estos últimos, las suplencias permiten que abogados asistentes puedan litigar y comparecer en audiencias ante la ausencia de fiscales. Lo mismo con personal a honorarios que prioritariamente se contrata para apoyar causas de mayor complejidad, varias de ellas en manos de los propios fiscales regionales, quienes necesitan de profesionales y técnicos que apoyen la tramitación de estos casos”, detallan.

Dadas las implicancias, en el organismo siguen atentos a que el gobierno pueda revertir la determinación. De hecho, durante el mediodía de este miércoles dirigentes de la Asociación Nacional de Fiscales llegaron hasta las dependencias de la Dipres para abordar el asunto.

De todas maneras, la forma en que los integrantes del Ministerio Público han abordado la situación, principalmente el máximo persecutor, ya ha generado ruido en La Moneda. Esta mañana, de hecho, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, cuestionó los canales utilizados por Valencia para transmitir su preocupación.

“Yo creo que hay formas institucionales en las cuales se manifiestan este tipo de cosas”, dijo el abogado en conversación con Radio Infinita.

Y agregó: “Él (el fiscal nacional) ha dicho que ha mantenido una relación problemática con el Ministerio de Hacienda, y yo creo que es conveniente, no solo para él, sino que para todos quienes nos escuchan, que en Chile no hay autonomías presupuestarias, que usted puede tener autonomías constitucionales desde el punto de vista funcional, pero no hay autonomías presupuestarias”.

“Ahora, estos ajustes que se han tenido con anterioridad con el Ministerio Público, tienen un mecanismo de canalización, que son las conversaciones posteriores, y que son compromisos mutuos, tanto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público para hacer las reasignaciones, pero a nadie se le puede pasar por la cabeza que esto sea una reacción del sistema político”, sumó.

Con todo, funcionarios de la entidad agrupados en la Federación Nacional del Ministerio Público insistieron en los cuestionamientos. “La reducción presupuestaria tiene efecto directo en la ejecución de la persecución penal eficiente justo en momentos en que se vive la mayor crisis de seguridad que ha afectado a nuestro país”, indicaron en un comunicado.

“Las consecuencias de esta medida no solo afectarán nuestra capacidad operativa, sino que también repercutirán negativamente en la eficiencia de nuestra labor y en el acceso a la justicia para la sociedad”, relevaron, junto con sostener que esperan “que esta grave situación sea revertida con la máxima celeridad posible”.

Otra de las reparticiones que entraron en alerta con los reajuste ha sido el Poder Judicial. De hecho, durante la jornada del martes el pleno de la Corte Suprema emitió una declaración donde aseguraron que la modificación pone en riesgo el funcionamiento de los tribunales.

Antes de ello, eso sí, el presidente Ricardo Blanco abordó el asunto con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, durante la tarde del lunes 13 de enero.

Y en medio dicha cita, como pudo conocer este medio, el secretario de Estado se comprometió con el magistrado a conversar sobre el asunto con los representantes de Hacienda con miras a buscar una “solución”, por lo que los titulares del máximo tribunal dijeron estar “expectantes”.

Dependiendo del resultado de dichas gestiones, aseguran en los pasillos de tribunales, los ministros evaluar nuevamente el curso de acción.