“Se gastaron $ 7 mil millones”: Valencia pone lápida a proyecto informático estrella de administración Abbott y se persiguen responsabilidades penales

En febrero de este año, tras la llegada de Ángel Valencia a la cabeza del Ministerio Publico, se comenzó una revisión de los proyectos que dejó en marcha su antecesor, Jorge Abbott, advirtiendo que en el desarrollo informático Red de Gestión Penal (RGP) -iniciativa que reemplazaría al actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF) y que apuntaba a la modernización de la institución- había ciertas irregularidades.

Sin embargo, tras más de cinco meses de análisis, la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, María Ximena Rivas, y el nuevo gerente de Informática, Marcelo Gómez, comunicaron a representantes del Ministerio Público de todo el país que el problema era muchísimo más profundo que lo observado inicialmente. Y es que como ambos transmitieron en dicho encuentro, celebrado la mañana de ayer jueves 3 de agosto, nada del trabajo realizado se puede “rescatar”.

De esta forma se les señaló -de acuerdo con lo que detallaron presentes a La Tercera- que determinaron poner fin a todos los contratos asociados al proyecto, pues a pesar de que en ciertos productos había avances, la base del desarrollo no tenía la calidad requerida, lo que desencadenó que todo fuera catalogado como “inservible”.

Por ello, como se anunció durante la cita, a pesar de que ya se desembolsaron más de $ 7 mil millones en esta iniciativa y a que la plataforma fue presentada con bombos y platillos por el exfiscal Abbott en septiembre del año pasado, se comenzará todo el trabajo desde cero.

Entre los principales aspectos que se prometía mejorar con la nueva plataforma, se había mencionado que fijaría una nueva manera de ordenar y abordar la información que los diferentes organismos involucrados proporcionan a una investigación. De esta manera, los funcionarios de las diversas instituciones podrían ingresar los datos de manera digital y en comunicación con la propia fiscalía. Así, carpetas y papeles serían reemplazados por carpetas digitales, quedando a disposición de las distintas entidades implicadas.

Eso, de acuerdo con lo recalcado por Rivas y Gómez no ocurrió, a pesar de que se hicieron una serie de capacitaciones al personal y que se trabajó por meses en su supuesta puesta en marcha.

Dado lo anterior, cabe recordar que en su momento se instruyó un sumario administrativo que encabeza el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y también se inició una investigación penal que tiene como principal objetivo esclarecer si el exjefe de Informática Óscar Zapata o algún otro alto directivo de la administración pasada podría tener responsabilidad criminal en este mal gasto de recursos fiscales.

La licitación de este fallido proyecto se realizó con la empresa The Pegasus Group Company S.A., que también estaría en la mira de la indagatoria.

Uno de los coletazos fue la solicitud de renuncia la semana pasada de la gerenta de División de Administración y Finanzas, Sandra Díaz.

Red Gestión Penal, conforme con lo detallado durante la jornada del jueves, incluía 8 productos asociados a los procesos de trabajo que se realizan en cada una de las fiscalías. Y como informó el actual gerente de Informática, sólo tres mostraban un porcentaje de avance igual o superior a 50%: Ingeniería de Detalle (100%), Asignación (72%) y Preclasificación (50%).

El resto, en tanto, tenía un avance inferior y, además, su calidad era deficiente. Ingreso (48%), Turno de Instrucciones y Flagrancia (47%), Dirigir investigación (27%), Gestión y Dirección de Investigación, Término y Postérmino (0%) y Especies, Dineros, CDD, Gestión de Solicitudes y otros proceso transversales (0%).

Así, como se evidencia, había aplicativos en los que sí se progresó, pero ahí los expositores recalcaron, nuevamente, que el motor del programa no funciona y que, por tanto, ninguno de los procesos antes mencionados cumple con lo requerido.

Aunque en el marco del proceso administrativo y penal se identificará si hay responsabilidades tras el resultado del proyecto, desde la administración anterior son enfáticos en sostener que, si lo que se quiere es hacer una evaluación objetiva de las labores realizadas, sí o sí hay que contratar una revisión externa a un organismo especialista.

Consultado al respecto, de hecho, el exfiscal nacional Jorge Abbott indicó: “Primero acá hay que ver quiénes y cómo hacen esta evaluación, porque esta es una plataforma de mucha trayectoria, con una participación activa de todos los estamentos del Ministerio Público y que tenía por objeto poder lograr que el Ministerio Público tuviera la posibilidad de contar con un instrumento de rendición de cuentas que hasta el día de hoy no lo tiene. El sistema de gestión penal tenía por objeto crear un sistema de procesos y hoy por hoy es impensable tener en una institución un sistema de procesos que permita evaluar la ejecución y el trabajo de quienes forman parte de la misma”.

“En consecuencia, cualquier evaluación que se pueda hacer es importante saber cuál es el origen de esa evaluación y que expertos se pronuncien sobre el particular. La única forma es hacer una evaluación una institución con experiencia en la materia y con conocimiento sobre el particular. Que se puedan hacer evaluaciones de algunas autoridades creo que son opiniones de esas autoridades. Lo importante es tener una evaluación objetiva, profesional, técnica de un órgano técnico de alto nivel porque realmente es un trabajo que se hizo desde el tiempo del fiscal Sabas Chahuán y que nosotros continuamos”, acotó el exmandamás de la Fiscalía.

Asimismo, respecto de las indagaciones en curso, Abbott confirmó a La Tercera que declaró como testigo en medio del sumario, pero descartó tener conocimiento sobre la investigación penal. De todas maneras, aplaudió que exista. “Cualquier investigación en la medida que sea de carácter objetiva, bienvenida. No hay nada ni nadie que pueda tratar de evitar que se hagan investigaciones por parte del órgano competente, al contrario, promover esas investigaciones si queda alguna duda. Así que me parece que hagan las investigaciones del caso y que se tomen las decisiones para ver si existen o han existido irregularidades”, complementó.

Una de las principales responsables del proyecto y que estaba a cargo de vigilar la actuación de Zapata y el buen uso de recursos del Ministerio Público, según detallan al interior del ente persecutor, es la exdirectora ejecutiva nacional Francisca Werth. Consultada por este medio, prefirió no referirse al caso.

Con todo, otros representantes de la antigua administración comentan que aquí se estaría ante un problema distinto. No niegan que el sistema pueda tener ciertas deficiencias, pero recalcan que cuesta creer que nada de lo hecho en 10 años de trabajo pueda servir. Otra de las mencionadas en la indagatoria es la exgerenta de Estudios Nelly Salvo, quien actualmente está en Contraloría y que incluso postuló a la Fiscalía Nacional.

A juicio de dichos personeros, como comentaron a este medio, poner una lápida sobre esta plataforma podría ser una forma de evitar los conflictos internos que la misma gatillaba, pues a pesar de que llevaba años implementándose, en varias regiones, aseguran, se mantenía la resistencia a ocuparla. “Creo que la nueva administración no quería comprarse el conflicto de cambiar el sistema de tramitación”, comentó una fuente.