¿Se justifica o afectaría la probidad? El debate por la permanencia de la esposa de Ángel Valencia en el Ministerio Público

“Si llega a ser fiscal nacional, ya decidieron como familia que ella va a renunciar”.

Así de enfáticos enfrentaban en el círculo íntimo de Ángel Valencia las consultas respecto del futuro de su esposa, la abogada María José Taladriz, en el Ministerio Público, en el caso de que él fuera ratificado como fiscal nacional. Según transmitió a sus cercanos en la semana previa a asumir como máximo persecutor -lo que se materializó el jueves 12 de enero-, al interior de su familia tenían asumido que si el Senado visaba su nominación, la profesional tendría que dar un paso al costado “por razones de probidad”. Pese a que lleva más de 18 años en la institución, se hacía incompatible que su cónyuge fuera a la vez su jefe y quien, en definitiva, debe evaluarla e incidir en su carrera al interior de la institución.

Sin embargo, a una semana de comenzar sus actividades como fiscal nacional, la renuncia de Taladriz no se ha materializado y en los pasillos de la Fiscalía Nacional el asunto ha comenzado a generar ruido, pues es ahí donde la abogada se ha desempeñado el último tiempo, como subdirectora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos.

De acuerdo con lo expresado por un funcionario que cumple labores en la institución a La Tercera PM, su continuidad en el organismo constituiría “una evidente irregularidad”, mientras que otro profesional asegura que hay una “clara contradicción con la ley”.

Consciente de la posible inhabilidad sobreviniente, en todo caso, la abogada le expuso vía correo electrónico su inquietud al otrora fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, quien le planteó que debía estudiarse el caso y evacuarse un pronunciamiento jurídico en la materia. En el intertanto, el persecutor aceptó que pudiera ir en comisión de servicio a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“Que dada la consulta de doña María José Taladriz Eguiluz, enviada en correo de esta fecha, es necesario tomar medidas para resolver en derecho sobre la inhabilidad sobreviniente, por lo que es necesario desde hoy, autorizar comisión de servicios a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, a fin de prestar apoyo en la Unidad de Asesoría Jurídica regional, a la espera de un pronunciamiento jurídico respecto de la eventual inhabilidad”, se lee en la resolución que emitió Meléndez el pasado 11 de enero. Se agrega, asimismo, que la citada comisión de servicios será efectiva desde el 12 de enero hasta el 22 del mismo mes, pero desde la Fiscalía Nacional han transmitido que la profesional optó por tomarse vacaciones.

De todas maneras, el punto no dejó conforme a los más críticos. “Ella sigue siendo funcionaria de la Fiscalía Nacional, aunque esté en comisión de servicios. Entonces, hay una irregularidad”, aseguró otra fuente de la institución. Y otro agregó: “Es nepotismo”.

Hasta el cierre de esta edición, desde la Fiscalía Nacional, pese a ser consultados no entregaron comentarios respecto de los cuestionamientos.

Aún cuando no hay una norma expresa en la Ley Orgánica del Ministerio Público que ponga en entredicho la continuidad de María José Taladriz en el Ministerio Público, la abogada Rosa Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes e integrante del Estudio Guerrero Olivos, asegura que para analizar el caso, se debe observar lo que plantea la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado y el reglamento de personal de la Fiscalía.

Así, se observa que en el artículo 54 del primer texto se establece que “las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa” y que este consiste “en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

En el artículo 35 del segundo cuerpo mencionado, además, se establece que “el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales no podrán ser cónyuge o conviviente civil del Presidente de la República, ni estar vinculados con él por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ni colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción. Tampoco podrán desempeñarse como fiscales de una misma Fiscalía Regional, o en cualquier cargo dentro de una misma fiscalía, los cónyuges o convivientes civiles y las personas que tengan entre sí los vínculos mencionados”.

Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación que hace Gómez tras la extensión de las citadas normas (pues no hay una expresa), lo que correspondería es que Taladriz sí deje la fiscalía. “La ley no busca impedir la existencia de vínculos familiares al interior de un organismo público, sino que evitar en la relación de trabajo una suerte de autoridad y dependencia entre los funcionarios involucrados. Teniendo presente este criterio, ella debería desvincularse de algún modo del Ministerio Público, dado que la relación de autoridad y dependencia es evidente”, manifestó.

La profesional advirtió, de todas maneras, que no habría impedimento para que la profesional pudiera hacer uso, por ejemplo, de sus vacaciones legales.

Otra visión tiene el abogado Juan Francisco Sánchez, especialista en derecho público y asociado en el Estudio Correa Squella, quien consultado por La Tercera PM, expresó: “Forzar la renuncia de una funcionaria de carrera parece injusto tras la designación sobreviniente de su cónyuge como fiscal nacional, cargo al que accedió por concurso público en el que se involucraron todos los poderes del Estado. Su permanencia en la institución, sin embargo, generará desafíos para la probidad. De continuar en la institución, lo razonable es que el señor Valencia se inhabilite respecto de aquellas decisiones que puedan afectar a la señora María José Taladriz. Para estos efectos la ley creó la subrogación de un funcionario por otro”.

Con todo, hay otro punto relevante que destacan al interior del Ministerio Público y es el bono por desempeño que se otorga cada año a funcionarios que han tenido buena evaluación. Pero para obtenerlo, dicho abogado debe estar vinculado a la Fiscalía, al menos, hasta el primero de marzo para recibir dos sueldos y así ser “premiado” por su labor. Entonces, los más suspicaces creen que Taladriz sí se irá, pero no antes de recibir sus remuneraciones.