¿Se olvidó el gobierno de Boric del capitán (R) Harvey? Se agotan las opciones para que regrese al Ejército

El pasado 28 de mayo venció el plazo de dos años que el Ministerio de Defensa tenía para dejar sin efecto el decreto con el que el otrora ministro Alberto Espina (RN) selló el llamado a retiro del entonces capitán Rafael Harvey. Pese a que el exmilitar ha insistido en la ilegalidad de esa resolución y en que esta se funda únicamente en su rol de haber denunciado hechos de corrupción en el Ejército, los tres secretarios de Estado que han sucedido al hoy consejero del CDE en la cartera no han acogido sus reclamaciones, incluida Maya Fernández (PS), en quien el hombre de 41 años tenía puesta su esperanza.

Y es que la forma en que el Frente Amplio habían abordado el caso antes de llegar a La Moneda generó altas expectativas en quien ahora también es abogado, pues no sólo lo contactaron al hacerse pública su denuncia -donde acusaba que nunca habría sido protegido en su calidad de denunciante y que, por el contrario, se le habría castigado-, sino que también impulsaron acciones directas para revertir su situación. De hecho, el Presidente Gabriel Boric cuando era parlamentario estuvo dispuesto a interceder en su caso.

Como dan cuenta antecedentes que pudo revisar La Tercera PM, el 26 de diciembre de 2016 el entonces diputado por Magallanes tomó contacto con José Antonio Gómez, que en ese momento estaba a la cabeza del Ministerio de Defensa y quien fue el primer secretario de Estado en tener en sus manos la propuesta con que la junta de generales proponía el retiro de Harvey.

En ese momento, el hoy Mandatario le envió una misiva en que se lee: “Solicito otorgar la protección en su calidad de denunciante de hechos de corrupción hasta que termine la investigación de su denuncia en donde de acreditarse ésta dejaría en evidencia que cumplió con su deber y en caso contrario usted deberá tomar las medidas con el oficial al no lograr acreditar sus graves denuncias, pero tenga a bien no firmar su retiro hasta que lo anterior se haya acreditado”. Igualmente, hizo presente que fue la Corte Suprema, en una sentencia del 26 de octubre 2016, la que estableció que junta de generales actuó “con arbitrariedad e ilegalidad respecto de su pase a complemento, que fue anterior a la proposición de retiro”.

Asimismo, Boric fue uno de los patrocinantes del proyecto de ley que ingresaron en octubre de 2018 parlamentarios del bloque para extender la protección de la que gozan funcionarios públicos que denuncian hechos contra la probidad e irregularidades, a efectivos de las Fuerzas Armadas. El proyecto fue conocido como “Ley capitán Rafael Harvey”, y como explicó en su momento Jorge Brito (RD), el principal impulsor, era resguardar a quienes den cuenta sobre posibles fraudes al interior de sus respectivas instituciones.

Pero eso no fue todo. El 6 de noviembre del mismo año, Boric envió una segunda misiva exponiendo el caso del capitán, esta vez a Alberto Espina. Le presentó, en ese momento, una petición “en su calidad de representante civil del pueblo como autoridad sobre las Fuerzas Armadas”, para que “revise la situación del capitán para que de ser procedente no firme su retiro por las irregularidades que envuelven la preposición que hace el comandante en jefe”.

Como es de conocimiento público, Espina decidió firmar el retiro, por lo que Brito lo citó a dar explicaciones ante la Comisión de Defensa de la Cámara, donde aseguró que dio curso a la baja porque la Corte Suprema no había mostrado oposición. Sin embargo, también citaron a Harvey, y tras ello, el 24 de junio de 2020 la Comisión elevó los antecedentes al Ministerio Público, dando cuenta de las dudas que aún tenían del proceso.

Hasta ahí, el denunciante se había sentido acompañado, y según fuentes conocedoras del caso, la comunicación entre él y fuerzas frenteamplistas se mantuvieron durante los últimos dos años. Hasta compitió por un cupo en la Convención Constitucional en representación del distrito 10, en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Por lo mismo -comentaron los mismos personeros- el exfuncionario sentía que una vez que el gobierno cambiara se iban acoger sus argumentaciones, lo que no ha ocurrido en los cuatro meses de gestión de Fernández en Defensa.

De todas formas, Harvey mantiene su calidad de “denunciante” y así lo evidenció la ministra Romy Rutherford en un escrito del 26 de mayo de este año que se adjunto en una nueva solicitud que el militar presentó ante el Mandatario. El 27 de mayo, un día antes de que venciera el plazo para la invalidación del retiro, volvió a pedirle que acoja su caso.

Si bien un primer plazo venció, hasta ahora la ministra de Defensa no le ha entregado ninguna respuesta formal al capitán (R), según dieron cuenta sus abogados. Ni en línea con acoger la petición o rechazarla. Esto, pese a que la secretaria lo recibió el pasado 11 de abril, como se evidencia en la plataforma de lobby de la cartera, lo que ha generado dudas en el entorno de Harvey.

Pero según entendidos en este tipo de procesos, Maya Fernández aún podría revocar la determinación, aunque el proceso es un tanto más engorroso y toma más tiempo que una simple invalidación. Y además, si el militar quisiera insistir, podría llevar el asunto a la arena internacional, mediante una presentación de Nulidad de Orden Público Internacional (N.O.P.I.) ante la Corte Interamericana de DD.HH., lo que implicaría años de trámites.

Aún así y a la luz de los antecedes, Harvey sigue presionando. Consultado por la forma en que el gobierno ha llevado el asunto, indicó a La Tercera PM: “confío en mis abogados don Nelson Caucoto y Francisco Ugás, y aún confío en que el Gobierno pueda emplear sus facultades para ejercer justicia en mi caso y con eso dar una señal clara a futuros denunciantes de hechos de corrupción que tanto daño han hecho a nuestro Ejército”.

Por su parte, Caucoto confirmó que continúan con las gestiones ante autoridades de Gobierno. “Hemos hecho gestiones y estamos a la espera de respuesta por parte de las autoridades. Rafael Harvey denunció corrupción, lo echaron por eso y todos los comandantes en jefe que estuvieron en la época cuando a él comenzó a denunciar y se le dio de baja, están o presos o procesados. Con eso le digo todo. Acá hay un tema de sentido común”.

“Estamos a la espera, confiamos en las autoridades y estamos a la espera de que se resuelva el reintegro. Harvey no ha cometido ningún delito, por lo que esto es un atentado en contra del sentido común”, complementó.

La Tercera PM contactó al Ministerio de Defensa para tener una versión, pero no hubo respuesta.