Diligencias contra el Presidente Boric: detalles de la querella por la fallida compra de la casa de Allende y que investigará el fiscal Armendáriz

La Fundación Fuerza Ciudadana, ONG que persigue casos de corrupción, presentó una querella con el fin de que el Ministerio Público intervenga e investigue el presunto delito de fraude al Fisco que se habría producido en la fallida compra de la casa de Salvador Allende y que -de concretarse- habría favorecido a la actual senadora PS Isabel Allende y a su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ambas con prohibición absoluta de celebrar contratos con el Estado mientras ejerzan sus cargos.

En el libelo, al que accedió La Tercera, se cuestiona la utilización de cuantiosos fondos públicos para la adquisición de este inmueble -ubicado en calle Guardia Vieja en Providencia-, y que fue visado con la firma del propio Presidente de la República, Gabriel Boric. Es por ello que los denunciantes piden que se realicen diligencias en contra del Mandatario, a quien sindican como responsable de hechos que configurarían, a juicio de la ONG, el delito de fraude al Fisco.

El libelo fue presentado este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por Raimundo Palmara Stewart, quien es abogado y presidente de la fundación, además excandidato constituyente del Partido Republicano.

Tras ser declarado admisible, la Fiscalía Centro Norte determinó que sea el fiscal regional Xavier Armendáriz quien encabece las pesquisas.

Uno de los puntos centrales de la indagatoria será revisar el acto que se realizó el 30 de diciembre, cuando se firmó el contrato de compraventa del inmueble de Guardia Vieja, ubicado en la comuna de Providencia, por un valor $933 millones, en el que un abogado actuó representando a la secretaria de Estado, la senadora y a los demás propietarios. Esto con el fin de que esta casa fuera un museo en memoria de Salvador Allende, lo mismo que se pretendía hacer con uno de los inmuebles que habitó el fallecido Presidente Patricio Aylwin.

Todo se derrumbó cuando se develó que en el proceso de compra el gobierno había pasado por alto que la casa de Allende era propiedad de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, y que por ende existía la prohibición de celebrar contratos con ambas, por el conflicto de interés que ahí se generaba.

La controversia ahora está en el Tribunal Constitucional (TC), sede a la cual acudió el Partido Republicano para pedir el cese de cargo de la senadora Allende y también ahora se moverá en la arena penal, ya que el Ministerio Público está obligado a tramitar la acción criminal interpuesta por Palmara.

La denuncia es nominativa y apunta a la “eventual responsabilidad de Gabriel Boric y todos aquellos que resulten responsables del delito de fraude al Fisco”.

“Uno de estos colaboradores directos e inmediatos (del Presidente) es la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, quien es dueña de un bien raíz ubicado en Guarda Vieja 392, avaluado en $500.813.247”.

En las diligencias se pide “requerir al Conservador de Bienes Raíces de Santiago la inscripción del inmueble objeto de compraventa, si es efectivo que la colaboradora directa e inmediata de Gabriel Boric, la ministra Maya Fernández Allende, es dueña o tiene derechos respecto de dicho inmueble”.

En este documento se pide, a su vez, las declaraciones de los ministros del Interior, el de Cultura, de Bienes Nacionales y Defensa, debido a que, según se describe, son los “colaboradores directos e inmediatos del Presidente”.

Palmara señala, que esta denuncia tiene el fin de “recuperar el mal causado” e “investigar el delito de perjuicio” que se efectuó con la compra de esta casa mediante la utilización de fondos públicos para adquirir el inmueble por la suma de $933 millones.

El 31 de diciembre el gobierno hizo pública la compra del inmueble de Guardia Vieja ubicado en Providencia por parte del Ministerio de Bienes Nacionales por $933 millones, con el fundamento de que sería parte de las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, establecidas en la Ley de Presupuesto para el Sector Público para 2024. Sin embargo, dicha compra se vio frustrada cuando se cuestionó que la compra favorecería con fondos públicos a familiares de Allende que hoy trabajan en el Congreso y el gobierno, lo que está prohibido por ley.

El 4 de enero, desde Magallanes, el Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas y puso lápida al proceso. “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”. Sumado a esto señala que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado”, aseguró.

Luego fue el turno de la ministra Maya Fernández, quien a través de un comunicado señaló: “El Presidente ha sido muy claro, nosotros no queremos nada que vaya contra la ley”.

El caso le costó la salida a la ministra Marcela Sandoval de Bienes Nacionales.

Ahora que el caso llegó a sede judicial, será el fiscal Xavier Armendáriz quien encabezará las pesquisas. ¿Quién es este persecutor? Conocido por su carácter serio, ha estado a cargo de algunos de los casos más relevantes del actual sistema penal. En 2003 llevó a juicio por abuso sexual al senador DC Jorge Lavandero y recientemente ha sido quien lidera el equipo investigador por la denuncia de violación que pesa sobre el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Durante su carrera ha demostrado ser un fiscal que indaga con absoluta reserva y que le gusta mantener un bajo perfil, tanto así que en los últimos años no ha dado ni una sola entrevista. “Así es su estilo”, dice uno de sus colaboradores.