Secreto total: Fiscalía decreta reserva del caso Democracia Viva hasta el próximo año ante sospechas de lavado de dinero

“Por presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, los cuales son base de ilícito tipificado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 (que regula la norma del lavado de activos), solicito a usted lo siguiente: Remitir todos los antecedentes de ROS, ROE, DPTE y cualquier otra información relativa a las personas naturales y jurídicas que más abajo se individualizan o se vinculan a ellas: Catalina Ilona Pérez Salinas, Daniel Francisco Andrade Schwarze, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, Tatiana Valeska Rojas Leiva, Fundación Democracia Viva”.

De esta manera, el 23 de junio el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) conocer cualquier reporte de operaciones sospechosas de los investigados en el caso.

Aunque la indagatoria partió por sospechas de presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias, el Ministerio Público también mantiene la sospecha de la eventual comisión de otros ilícitos, entre ellos un presunto lavado de activos. Por lo mismo, el ente persecutor decidió ampararse en una de las facultades que entrega la Ley 19.913, para decretar el secreto de la indagatoria.

Con esta decisión, la Fiscalía restringe al máximo la posibilidad de los intervinientes -querellantes y defensas- de acceder a las piezas investigativas que existen en el expediente de la causa.

Esta decisión ya fue comunicada a los abogados de las partes, y se les informó que el secreto de la causa se mantendrá por seis meses, es decir, hasta febrero del próximo año.

El abogado querellante que representa al Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro, señaló que “efectivamente fuimos informados de la reserva por investigación de lavado de activos. No conocemos qué antecedente motivo dicha decisión, ya que hace un tiempo habíamos consultado y nos indicó el fiscal que no había reserva de esa ley”.

Sin embargo, advirtió que “en la medida en que la reserva sea útil para cumplir alguna diligencia, nos parece correcto. Pero si es debido al hecho de que se trata de una causa que es noticia, instaremos porque se levante, ya que actualmente hay diversas diligencias y declaraciones de imputados que se han decretado y se encuentran pendientes, las cuales debemos conocer para poder colaborar con el fiscal”.

Por su parte, Felipe Barruel y Susana Borzutzky, defensores de la Fundación ProCultura -entidad que también es objeto de investigación en la causa, pero que también está en calidad de denunciante-, señalaron que “aun cuando es una facultad legal, debe considerarse siempre el debido proceso y el derecho a defensa. Y al existir cualquier vulneración que pueda afectar las garantías constitucionales del debido proceso, existen los mecanismos para poder reclamar sobre los alcances y efectos de una medida de secreto como las que afectan todas las investigaciones”.

Agregan que “en este caso resulta llamativo que se dicte secreto en toda la causa, entonces se debería separar la investigación y dejar sin efecto el secreto en las aristas en que no existe presunción de lavado de activos, pues como defensa nos deja a ciegas e imposibilita ejercer una defensa eficiente y oportuna, para así culminar la causa sin dilaciones”

Siete días después del requerimiento del fiscal, la información fue contestada por el director de la UAF, Carlos Pávez. Allí, en un informe reservado, detalla algunos movimientos financieros de los investigados.

“De acuerdo a la información registrada en esta Unidad de Análisis Financiero, informo a Ud. que se mantienen registros de operaciones en efectivo (ROE) de las siguientes personas naturales consultadas en su oficio, los que se remiten: Catalina Ilona lo Pérez Salinas, Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, Tatiana Valeska Rojas Leiva. En cuanto a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), este servicio comunica que posee información referente a dos personas identificadas en su oficio, el señor Carlos Andrés Contreras Gutiérrez y de la entidad Fundación Democracia Viva”, se lee en el escrito. Rojas es la exsubsecretaria de Vivienda.

El informe da cuenta de que “en el mes de mayo del año 2023, esta Unidad recibió un reporte de operaciones sospechosas (ROS) remitido por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu Región de Antofagasta, el cual informa acerca de los resultados obtenidos del proceso de auditoria al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios, que concluye con la existencia de diversas situaciones calificadas de criticidad relacionadas con deficiencias de control en diferentes procesos administrativos del referido programa, tales como: a) concepto de canon de arriendo de oficina; b) cantidad importante de rendiciones atrasadas y c) rendiciones de cuenta que en determinadas oportunidades existen fluctuaciones de sueldos”.

Adicionalmente, el ROS advirtió que “el proceso de auditoria únicamente consideró una muestra de los convenios suscritos con entidades, por lo cual existen otras que no fueron consideradas en la revisión. De aquellas no consideradas, resulta relevar el convenio suscrito con la Fundación Democracia Viva, toda vez que su representante legal es don Daniel Francisco Andrade Schwarze, miembro del partido político Revolución Democrática, al cual, igualmente, pertenece el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta don Carlos Andrés Contreras Gutiérrez”.

Aunque, hasta ahora, no hay indicios concretos de la concreción de lavado de activos en la causa, sí el Ministerio Público mantiene esa hebra investigativa sobre la mesa y, por lo mismo, serán necesarias nuevas pesquisas para tirar de un hilo que se mantendrá en extrema reserva, hasta el próximo año. Lo que salga de ahí podría traer más de una sorpresa.