A seis meses desde la ocupación de los talibanes en Afganistán, las promesas de una posible moderación con respecto a su anterior régimen ha ido quedando atrás en medio de las restricciones de los derechos fundamentales, en especial hacia las mujeres y niñas, los abusos y violaciones a los derechos humanos.

Los talibanes irrumpieron en Kabul el 15 de agosto de 2021, horas después de que el Presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyera ante un avance de los insurgentes con el pretexto de evitar un “baño de sangre”, cimentado en meses de combates y facilitado por el proceso de repliegue de las tropas internacionales a raíz del acuerdo de paz firmado en Doha en febrero de 2020 con Estados Unidos.

El grupo ha limitado drásticamente los derechos de las mujeres, como el uso de la burka para asistir a clases o la prohibición de desplazamiento si es que no están con un hombre de parentesco cercano, como padre, hermano o marido.

Asimismo, el régimen ha restringido duramente los medios de comunicación, impidiendo el flujo de la información. Además, Naciones Unidas ha denunciado la ejecución de al menos un centenar de exfuncionarios, a pesar de la amnistía decretada por el líder del grupo, el mulá Hebatula Ajundzada.

Beth Gelb, miembro del equipo de países de Amnistía Internacional España, dijo en una entrevista a Europa Press que la situación es “desoladora”. “Es un país que ha sufrido guerras ininterrumpidamente desde hace 40 años y ahora mismo se están literalmente muriendo de hambre”.

El Programa Mundial de Alimentos indica que 22,8 millones de afganos hacen frente a la inseguridad alimentaria aguda, con 8,7 millones en niveles de emergencia, sobre una población total de unos 41,7 millones de personas.

“En nuestras últimas visitas al norte y el este hemos encontrado destrucción y niveles extremos de pobreza, hambre y desesperación”, comenta Thomas Ten Boer, director de la ONG alemana Welthungerhilfe, a El País.

En ese mismo sentido, la mitad de la población afronta una crisis de alimentos dado que la falta de lluvias, falta de forraje, semillas y fertilizantes han provocado que el sector agrícola no pueda sustentar al país. En invierno, la situación será incluso más grave.

“La situación es absolutamente crítica y grave y tiene que haber un cambio para que las personas de Afganistán puedan disfrutar de sus derechos más básicos, en este caso, comer”, dice Gelb.

Tras volver al poder en Afganistán, en agosto pasado, los talibanes se comprometieron a tener algún tipo de flexibilidad respecto de las mujeres, que durante su primer régimen (1996-2001) estuvieron privadas de casi todos sus derechos, una de las tantas normas que existían en ese entonces era no poder hablar en público, ya que ningún extraño podía escucharlas.

Ahora el nuevo gobierno ha evitado promulgar reglas demasiados estrictas. Pero han sido las autoridades provinciales las que han definido las obligaciones que deben respetar las mujeres.

Aunque los talibanes afirman que permiten trabajar a las mujeres, respetando la división entre géneros, en la práctica ya no pueden acceder a empleos públicos, salvo en sectores concretos, como el sanitario y el educativo.

En el sector privado, se quejan por el acoso sufrido camino al trabajo. Empresas y comercios se encuentran bajo extrema vigilancia, y los talibanes hacen acto de presencia para confirmar el respeto a las reglas sexistas.

A pesar de haber ciertos permisos para trabajar, decenas de miles de mujeres perdieron su empleo tras el retorno de los talibanes al poder, poniendo fin a dos décadas en que pudieron acceder a nuevos trabajos, como en la policía o la justicia.

En este nuevo gobierno los talibanes han dicho que no impedirán que las mujeres reciban educación, pero que las clases no serán junto a los hombres. Además, ellas solamente podrán asistir a clases impartidas por profesoras.

Actualmente las escuelas secundarias se encuentran cerradas, aunque aseguran que en marzo reabrirán sus puertas, pero la escasez de profesoras y la prohibición a los hombres de enseñar a las niñas pronostican nuevas dificultades.

Las libertades individuales también han sido coartadas. En su etapa anterior, los talibanes impusieron el uso en público del burka, un velo entero con una especie de rejilla a la altura de los ojos. Funcionarios del Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio azotaban a aquellas sorprendidas sin llevarlo puesto.

Ahora, el ministerio publicó carteles en todos los comercios de Kabul que indican que las mujeres al menos deben vestir un hiyab, manto que cubre la cabeza, pero deja el rostro descubierto. Sin embargo, están ilustrados con fotos de burka, lo que sugiere que es más recomendable llevarlo puesto.

Por decreto, las mujeres deben estar acompañadas por un familiar cercano masculino en viajes largos entre ciudades. Y a los taxistas se les ordenó no recoger a mujeres con la cabeza descubierta.

Salones de belleza y tiendas de moda eran muy populares antes del retorno del régimen talibán. Pero desde entonces casi han desaparecido. Se retiraron las cabezas de maniquíes en las tiendas en Herat, así como las vallas publicitarias con rostros humanos, puesto que no respetan la rigurosa interpretación de la ley islámica.

La comunidad internacional ha tenido el dilema de cómo relacionarse con los talibanes. Mientras que Rusia, China y Pakistán han dado muestras de simpatía hacia la toma de poder por parte del Talibán en el territorio afgano, varios países de Occidente y de la OTAN muestran preocupación ante este tipo de gobierno.

Sanciones como la congelación de fondos del Banco Central afgano por parte de Estados Unidos la semana pasada muestra la disconformidad de Occidente y los intentos de desestabilizar la zona. Solamente se pueden emitir este tipo de sanciones, ya que el acuerdo de paz firmado en Doha en 2020 por Estados Unidos impide el repliegue de Fuerzas Armadas internacionales en suelo afgano.