Senador Latorre (RD) acusa a diputada ante Fiscal:“Es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade”

Cuando estalló el escándalo de líos de platas entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el presidente de Revolución Democrática (RD) era el senador Juan Ignacio Latorre. El caso terminó costándole el puesto, dado que en un comienzo cerró filas con los militantes involucrados en el caso, especialmente con la diputada Catalina Pérez (RD), pareja del represente de la ONG, Daniel Andrade, y el exjefe del Servicio, Carlos Contreras.

Andrade y Contreras fueron detenidos esta jornada y se aprestan para ser formalizados por los delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco, en tanto, de la diputada Pérez, aún no se han tomado determinaciones.

Dado el rango de Latorre en ese entonces y su influencia sobre el partido, su declaración era de total relevancia para el fiscal Cristian Aguilar y, por lo mismo, lo citó para que entregara su testimonio el 6 de diciembre. A las 10.00 de la mañana de ese miércoles, el senador se sentó ante el persecutor.

En su declaración, al cual accedió La Tercera, el parlamentario partió relatando que “el día 6 de junio nos solicitan como directiva del Partido RD una reunión por zoom con la Presidente Regional del Partido RD, doña Paula Orellana, a la que además participarían el ex Seremi Carlos Contreras, Daniel Andrade como representante de la Fundación Democracia Viva y la Jefa de Gabinete de la Diputada Pérez, doña Romina Neuman, por unos convenios entre la Seremia y la Fundación antes referida, en los que podría generarse un flanco político comunicacional ya que Daniel Andrade era pareja en esa época de la Diputada Pérez y el ex Seremi Contreras había sido jefe de gabinete de la misma Diputada Pérez”.

Ese día fue el que TimeLine, medio regional de Antofagasta, reveló los convenios por $426 millones entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda. Esa jornada comenzó el debacle de RD y los militantes envueltos en el escándalo que hasta el día de hoy, no sólo repercute en el partido, sino que también en La Moneda.

En la reunión por Zoom, el senador Latorre explicó a la Fiscalía que “tanto Contreras como Andrade en términos muy generales defendieron la legalidad de los convenios, que estaba todo en regla, que la Fundación tenía experiencia en la materia de los convenios, que el Ministerio de Vivienda tenía muchas Fundaciones, como diez según recuerdo, trabajando en el Programa de Asentamientos Precarios en Antofagasta y que no era la que recibía más dinero por estos convenios. Además, nos indicaron que pedían esta reunión porque se cuestionaba a nivel local los vínculos entre aquéllos con la Diputada Pérez y que eso se ventilaría entre medios de comunicación social”.

En la cita, agregó, se les cuestionó políticamente, por lo que ellos debían explicar la legalidad que estaban defendiendo para que se aclarara cualquier duda o reproche. Más tardes, estas explicaciones no tendrían mucho sustento, dado que la directiva del partido, a través de Edson Dettone, piden elevar los antecedentes al tribunal supremo. Contreras y Andrade serían expulsados de la colectividad, y la diputada Pérez quedaría suspendida por dos años.

Según indicó Latorre al fiscal, “por la información que yo tenía existía un círculo de confianza o cercanía entre la diputada Catalina Pérez, Carlos Contreras y Daniel Andrade. De hecho por rede sociales vi fotografías de los tres juntos y con otras personas. Por conversaciones con otros militantes la concejala del partido Paz Fuica era cercana de la diputada Catalina Pérez, de Carlos Contreras y de Paula Orellana”.

Paz Fuica, también es militante RD, y era el brazo derecho de Contreras, además de concejala de Antofagasta. Su rol, además, era coordinar los contactos con las fundaciones para luego contratar gente en la Seremi, pero pagadas por las ONG, algo que fue duramente cuestionado por Contraloría.

Tal vez, como nunca antes lo ha reconocido públicamente, el senador Latorre apuntó directo contra la diputada Pérez y su rol en el caso. “Después de la reunión tuve algunas conversaciones con Catalina Pérez quien me señalaba que estaban los convenios en regla, que se estaban haciendo los trabajos y que no había nada ilegal, pero que si asumía que había un error político por el nexo entre ella con Andrade y Contreras”, dijo.

Pero agregó: “Catalina Pérez no me indicó cuando concretamente se enteró de los convenios, sólo que por Paz Fuica supo que este tema se estaba levantando desde un punto de vista comunicacional, pero tampoco se señala la fecha. Siempre confié en ella. En su gestión, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados, tenía cercanía con ella, pero no era su amigo, jamás me pude imaginar que podría estar avalando un caso de corrupción, mejor dicho no darse cuenta que podía haber algo irregular”.

Su mirada más particular del nexo de la diputada y los imputados del caso la reveló al señalar que “mi impresión es que es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade, dado el vínculo de cercanía que mantenía con las personas antes mencionadas y por tratarse de convenios que incidían en su propio territorio. No tengo antecedentes tampoco para decir que ella hubiere influido en que el ex seremi Contreras eligiera a Democracia Viva para estos tratos, pero tampoco lo puedo descartar”.

Un tema que ha estado sobre la mesa es qué sabía La Moneda, antes de que estallara el escándalo. Si bien Latorre no entra al detalle, ni responde esa interrogante, sí da luces de cómo se gestionó la crisis esos días y cómo conversó del tema con la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD); el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

“Este tema no lo conversé con ningún personero del gobierno sino que el contacto fue por Dettoni hasta que sale la noticia por el medio regional TimeLine. Una vez que se publica conversé después en días distintos con la subsecretaria Rojas, el ministro Montes y Miguel Cripi. Con la subsecretaria Rojas sobre la decisión del ministro de pedir la renuncia de Contreras y sus efectos”, explicó al fiscal.

Sobre su conversación el ministro Montes reveló que “él creía que esta fundación (Democracia Viva) no tenía experiencia y se dedicaba al proselitismo político. Y, con Crispi, quien es militante de nuestro partido, sobre la legalidad de estos convenios y que se debía investigar hasta el final, sin defensas corporativas de ninguna clase y que esto iba a impactar mucho al gobierno y a nuestro proyecto político”.

Finalmente, Latorre, agregó que “no tengo antecedentes que alguien hubiere robado plata y que se hubiere enriquecido por los convenios, sino que lo pretendido como mi hipótesis fue establecer un poder político territorial de carácter clientelar y probablemente con algún diseño electoral regional de mediano plazo”.

El senador, lejos de su primera ponencia una vez estallado el caso, reveló cómo, de verdad, se fracturó uno de los partidos centrales del gobierno.