“Senapred no efectuó la alerta por amenaza de inundación”: Contraloría constata fallas en alerta de emergencia durante sistema frontal de 2023

En junio de 2023, la zona centro-sur del país se vio remecida por un intenso sistema frontal que provocó desborde de ríos, inundaciones y que obligaron a la evacuación de miles de personas en seis regiones del país: Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Biobío y Maule. A solo cinco días del comienzo del fenómeno, las autoridades ya lamentaban la muerte de dos personas, 13.300 afectados y 12.314 vecinas y vecinos aislados.

La región del Maule, por sí sola, fue una de las más afectadas por el fenómeno: en solo en 72 horas, la localidad ubicada a 280 kilómetros al sur de Santiago acumuló más de 500 milímetros de agua, además de tener al 80% de los afectados. Y si bien las autoridades se desplegaron en las zonas afectadas para coordinar la ayuda a la población, una crítica pisó fuerte en ese momento: residentes de las comunas afectadas señalaban la ausencia de una alerta para evacuar las zonas que estaban siendo inundadas por el desborde de ríos, lo que agravó el número de damnificados durante las últimas semanas de junio.

Hoy, casi ocho meses después y justo en medio de los cuestionamientos por el manejo de la reciente emergencia de los incendios en la región de Valparaíso, un informe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional del Maule le dio la razón a esos reclamos y constató que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no efectuó la alerta o aviso masivo por amenaza de inundación mediante mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) a los teléfonos móviles de los habitantes de las comunas de Rauco, Hualañé y Licantén, en medio del sistema frontal que afectó a la región del Maule y provocó el desborde del río Mataquito entre los días 22 y 26 de junio del 2023.

El documento llegó luego de que el diputado Evópoli, Jorge Guzmán, recibiera en terreno denuncias por parte de vecinos y juntas comunales, quienes afirmaban que no habían sido notificados para evacuar sus casas, ni animales o medios de transporte. “No hubo prevención ni siquiera del municipio. La gente lo lamenta, porque de haber tenido una alerta los damnificados habrían sido menos. Y hoy el informe lo confirma”, sostiene el parlamentario a La Tercera.

El por qué Senapred no activó el SAE es una pregunta aún sin respuesta, incluso para Contraloría. El informe señala que se desconoce “el fundamento técnico que conllevó al servicio a no alertar a la población frente a un potencial riesgo de inundación, lo que no se aviene a lo establecido en el Manual Operacional del Sistema de Gestión de Emergencia” en relación a eventos o fenómenos naturales de orígen atmosférico, hidrológico u oceanográfico “que pueden provocar la muerte o lesiones de las personas”.

Contraloría señala que lo anterior cobra relevancia teniendo presente que durante dicha emergencia en el resto de la región sí se registraron 35 alertas emitidas por mensajería SAE.

El informe suma también deficiencias en la revisión de los enlaces de comunicación entre la Dirección General de Aguas (DGA) y Senapred, puesto que se constató la no existencia de un plan de pruebas habitual de los enlaces de comunicación entre ambos servicios con ensayos de al menos seis meses de periodicidad “verificando el correcto intercambio de datos y coordinaciones”.

El Director Regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, aborda el informe y argumenta que “el SAE es un sistema de refuerzo -en caso de ser necesario- a los procesos de evacuación que efectúan los niveles locales junto con sus respectivos Sistemas de Prevención y Respuesta ante Desastres. Debido a lo anterior y en virtud de las coordinaciones que mantenemos con los municipios de la región, estos activaron sus respectivos planes de contingencia, realizando de manera temprana y con personal en terreno los procesos de evacuación en aquellos sectores que podrían resultar potencialmente afectados, salvaguardando la vida de las persona”.

Una muestra de aquello, dice, es que no se hayan reportado víctimas fatales que lamentar entre las tres comunas mencionadas. “En este contexto fueron muy importantes los insumos que fue proporcionando Senapred a los niveles locales en virtud del monitoreo del evento, traducidos en la Alerta Temprana Preventiva días antes del evento y la ampliación de la cobertura de la Alerta Amarilla por amenaza de desborde para las comunas de Hualañé, Rauco Licantén, Constitución y Curepto, lo que permitió activar y alistar los recursos por parte del sistema local”, cierra.

Aunque esta no es el único cuestionamiento a la alerta SAE y Senapred como sistema. Luego de los incendios forestales que golpearon a la región de Valparaíso el 2 de febrero, y que dejó 134 muertos, el Presidente Gabriel Boric solicitó a la Unión Europea realizar una investigación externa del funcionamiento del SAE, mientras que se mandataban de forma paralela auditorías en los ministerios del Interior y Agricultura para despejar el funcionamiento en medio de la emergencia de Senapred y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), respectivamente.

El informe también reseña que a diciembre de 2023, las comunas de Rauco y Hualañé no tenían un plan comunal para la gestión de riesgo de desastres, que tiene por objetivo contar con una planificación multisectorial en la materia de análisis, promoviendo la protección de la comunidad, a través del desarrollo de acciones permanentes para la identificación, prevención, respuesta, mitigación y rehabilitación de riesgo, emergencias, desastres y catástrofes en la comuna “que aborden de manera específica las amenazas de riesgo presentes en la comuna, como lo es, por ejemplo, el riesgo de inundación por el aumento del caudal del río Mataquito”.

Asimismo, Contraloría verificó que Senapred no ha elaborado en coordinación con las municipalidades de Rauco, Licantén y Hualañé, el Gobierno Regional del Maule, y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, los mapas de riesgo que representen las amenazas y vulnerabilidades que afecten a esas comunidades y se visualice las áreas o el territorio expuesto a amenazas que representen eventuales riesgos de desastres de origen natural, a fin de cautelar el bienestar y salud de las personas.