Sergio Micco, a dos años del 18-O: “Tengo la convicción de que agentes del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos”

A dos años del estallido social, la discusión sobre la investigación y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sigue abierta. Ante esto, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, afirma que el Estado no se ha hecho cargo de la situación y que es necesaria una reforma a Carabineros.

El abogado DC, a quien le resta un año a la cabeza de la institución y tres como consejero, asumió el cargo en 2019. Y tras el estallido de octubre de ese año, en varias ocasiones su nombre se volvió foco de polémica cuando se agudizaron los roces entre los miembros del consejo respecto del manejo del Ejecutivo, Carabineros y FF.AA. en materia de derechos humanos.

Para el director de la institución, el panorama en materia de derechos humanos es desolador: “Somos parte de un Estado de Chile que no se ha dado los medios para prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos. No estamos hablando de resultados en sentencias judiciales, de lo que estamos hablando es de una debida diligencia y de darse los medios”.

¿Cuál es su evaluación del INDH, a dos años del estallido?

La crisis social significó una fuerte demanda para el INDH. De la noche a la mañana tuvimos que hacer frente a una situación de vulneración de derechos a un grado y cantidad que no habíamos visto durante los últimos treinta años. Eso significó exigencias enormes para todos los funcionarios y funcionarias. Y un desgaste importante.

Respecto de las violaciones a los DDHH, ¿a qué convicción ha llegado? ¿Hubo negligencia o dolo y por parte de quién?

Tengo la convicción de que agentes del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos, comprometiendo responsabilidades penales individuales, civiles e institucionales.

¿Cómo toma que algunas personas desestimen que hubo casos de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social?

Todavía en el país hay algunos que ponen en duda que se hayan violado los derechos humanos en Chile. En el INDH eso no está en discusión. En Chile se violaron los derechos humanos en el contexto de la crisis social. Esa es una definición clave para el cumplimiento de las labores del INDH. El jueves el Consejo aprobó el informe de seguimiento de las recomendaciones que le hicimos a los poderes del Estado para impedir que en Chile se repitieran estas vulneraciones.

El instituto tiene 3.072 querellas presentadas, que han dado como resultado a 136 personas formalizadas. Desde la Fiscalía se ha criticado la forma en que se han presentado las querellas. ¿Cómo han corregido esos errores?

El Ministerio Público, de acuerdo a sus propias cifras, ha recibido más de 8 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos. El INDH no ha exagerado. Ahora bien, la Fiscalía y los Tribunales son lo que deben investigar, juzgar y sancionar. A la fecha solamente hay condenas en 4 casos. No entendemos la lentitud de estos avances.

Uno de los últimos debates ha sido el de la reparación. Aunque el gobierno introdujo una glosa para ello en la ley de Presupuestos 2021, las pensiones de gracia apenas se han repartido, pues el INDH no fue informado de su existencia. “Tomamos la decisión de nosotros activamente hacer ver que existe este beneficio. Es el consejo del instituto que está aprobando estas acreditaciones y se las vamos a enviar al Ministerio del Interior en representación de las víctimas”, explica.

Ahora, en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2022, el gobierno introdujo dos cambios, y quienes podrán acceder a algún beneficio estatal producto de los abusos por parte de agentes del Estado pasó de rotularse de “víctimas de violaciones a los Derechos Humanos” a “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones”.

¿Cuál es su opinión respecto a esto?

Es gravísimo el cambio porque ya no se habla de acreditar violaciones a los derechos humanos, es decir, se persiste en la idea de que es necesario que los tribunales de justicia resuelvan si hubo o no, lo que es un profundo error. La glosa del año pasado ya daba por hecho que había violaciones a los derechos humanos y que quien acreditaba era el instituto. Hoy, desde esa perspectiva, claramente hemos retrocedido.

¿Cómo puede perjudicar esto a quienes quieran acceder al beneficio?

Tal cual está redactada hoy la glosa, cualquier persona podría acceder al beneficio sin que se le hayan necesariamente violado sus derechos humanos. Una política de reparación integral lo primero que exige a un Estado es que reconozca que agentes estatales violaron los derechos humanos.

Insistir en que es necesario sentencias judiciales condenatorias para que se reconozca que hubo violación a los derechos humanos es un error gravísimo que está cometiendo en este caso el poder Ejecutivo. Nosotros queremos que la glosa cambie, es decir, que se mantenga que es para aquellas personas que fueron víctimas de violación a los derechos humanos y que sea acreditada esa condición por una comisión calificadora de víctimas.

¿Qué podría hacer el actual gobierno para agilizar las reparaciones a las víctimas?

Lo básico es que el Estado parta por reconocer que acá hubo violación a los derechos humanos, eso es lo primero y no se ha hecho. Segundo, fortalecer en materia de justicia, acelerar el paso a la reforma de Carabineros. Acá hubo un acuerdo en marzo de 2020 que estableció una serie de medidas para la reforma de Carabineros. El Ministerio del Interior anunció que el grado de avance es solo de 1/3. Todavía en los próximos meses se pueden tomar decisiones muy importantes. Todas estas medidas deben ser profundizadas en un próximo gobierno.

¿Hay voluntad política para lo que queda de este gobierno?

El Presidente dijo ante la Asamblea de las Naciones Unidas que el Estado de Chile iba a tomar todas las medidas para que no hubiese impunidad en Chile en los casos de violación a los derechos humanos. Esas medidas, para nosotros, no se tomaron.

Hoy en Chile estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y justicia. A días del segundo aniversario del 18-O el panorama es desolador en materia de verdad y justicia.

En relación a las investigaciones que manejan, ¿existe la figura de preso político?

El instituto no ha querido participar en este debate. En febrero de 2020 le exigimos al Estado que nos diera las cifras de los detenidos en el contexto de la crisis social. Parte de la crisis que hemos vivido es porque no se han entregado cifras claras. Muchas veces es difícil determinar qué se entiende por una persona detenida en contexto de una crisis social, eso lo entendemos. Pero lo que pedimos a la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, es que se pusieran de acuerdo en algunos criterios y fijen el número de detenidos bajo ese contexto. Lo otro es en qué condiciones carcelarias están estas personas. Ahí hemos trabajado con las asociaciones de personas que tienen familiares detenidos.

¿Hay problemas con la prisión preventiva en estos casos?

Han pasado dos años y el hecho que el Estado no haya dado normas claras, que no haya resuelto hasta el día de hoy el uso y el abuso de la prisión preventiva nos ha costado carísimo como país.

El director, desde el inicio de la crisis político-social, ha manifestado que la institución policial debe tener una reforma rápida y asegura que “nosotros no aprobamos los protocolos, pero hacemos observaciones, velando porque esos protocolos se apliquen”.

“Lo que ha pedido el instituto es una renovación profunda en los ámbitos de la doctrina, estructura interna, estructura orgánica, cultura interna, haciendo cambios en la formación y capacitación permanente en materia de derechos humanos. Por último, es que todos los procesos de selección, ascenso y retiro en Carabineros esté fundado en los principios de los derechos humanos. Por lo tanto, esta reforma profunda está pendiente”, afirma.

En septiembre se publicó un nuevo protocolo para el actuar de Carabineros ante las manifestaciones, del cual ustedes fueron parte. ¿Es herramienta suficiente para prever este tipo de conflictos?

Lo que dice relación con el uso de la fuerza pública legítima tiene que ser regulada por ley, no a través de protocolos que se están cambiando de acuerdo a las circunstancias. Segundo, la experiencia del 18 de octubre en adelante nos demostró que hay una enorme distancia entre lo que dicen los protocolos y la ley con lo que ocurre en la práctica. Acá lo clave y fundamental es la capacitación de quienes harán uso de medidas de fuerza, que pueden tener un impacto extraordinariamente negativo si son mal utilizados.

¿Cómo actúa la institución del INDH ante agresiones a las policías?

Todas las personas, todos los habitantes de Chile tienen derechos humanos. El INDH lo que vela es un mandato legal, es promover y proteger los derechos humanos cuando son violentados por agente estatal. Los carabineros tienen derechos humanos, claro que sí, y para ello tienen toda una institucionalidad democrática, partiendo por el propio cuerpo de Carabineros. Cuando un civil agrede a un carabinero, ese es un delito grave y eso debe ser investigado, juzgado y sancionado por la fiscalía y tribunales de justicia.

Le queda un año para finalizar su periodo, ¿cuál o cuáles serían sus metas a largo plazo en relación de los derechos humanos?

Yo aspiro a que tengamos el próximo año una nueva Constitución política que establezca los derechos humanos como su eje central. Además, que se sepa la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia institucional posterior al 18 de octubre del 2019.

José Antonio Kast dijo que de ser Presidente eliminaría el INDH y negó la existencia de violaciones a los derechos humanos en el contexto del 18-O. ¿Cómo ve este planteamiento?

Al Instituto no le corresponde participar en debates presidenciales. Pero me parece muy grave que se ponga en duda que en el país se cometieron violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis social. Eso es evidente. Creo que es necesario que Chile fortalezca una institucionalidad de derechos humanos, que incluso amplifique sus facultades.