Servel rechazó reembolso: Karina Oliva admite que con sus recursos financió otras campañas de alcaldes y diputados del FA

Un nuevo coletazo del caso de Karina Oliva complica esta vez a parlamentarios electos y excandidatos al Congreso y la Convención Constitucional del Frente Amplio. En su última aclaración ante el Servicio Electoral (Servel), el 28 de diciembre de 2021, que le realizó una serie de objeciones a su rendimiento de gastos de campaña, la excandidata a gobernadora y al Senado detalla que varias de las facturas que fueron objetadas por la entidad en la rendición de gastos electorales, que en total suman $ 68.587.505, no fueron para financiar sus actividades de campaña, sino que -según ella misma admite- son “montos deducidos que corresponden a donaciones realizadas a otras candidaturas”.

Entre ellas, según lo expuesto ante la autoridad administrativa y en un recurso de protección, están aportes a las campañas de su compañera del Partido Comunes Emilia Schneider, además de Ana María Gazmuri (electas diputadas), además del miembro de Acción Humanista Tomás Hirsch. También aparecen mencionados frustrados aspirantes a la Convención Constitucional como René Naranjo, Camila Musante y también a alcaldes, como Marcela Cubillos (Acción Humanista) y candidatas a Core como Gianina Romero, entre otros. Anteriormente, había expuesto ante el tribunal supremo de su expartido que “quienes promueven la denuncia en mi contra recibieron financiamiento irregular en sus campañas”.

En su resolución, el Servel asegura que no le devolverá dicho monto por, justamente, tratarse de un financiamiento irregular. Fuentes del Ministerio Público señalan que en esta conducta se podría configurar el delito de “falsedad en la presentación de la cuenta de gasto electoral” y que en este caso recaería en quien obró como su administrador en campaña. Esto, debido a que el financiamiento público por los votos obtenidos en comicios se restituyen cuando son boletas o facturas por servicios de gastos personales del candidato y no de otros aspirantes a cargos de elección popular, situación que hoy por ley está prohibido.

El 8 de abril, el Servel cuestionó esta solicitud de reembolso señalando que dichos documentos tributarios -que dan cuenta de servicios de papelería, palomas, volantes, arriendos de equipos de audio y confección de balconeras- que fueron registrados en su contabilidad “no cumplen con los requisitos establecidos en la ley”, ya que “se trata de documentos cuyo contenido da cuenta de donaciones realizadas a otras candidaturas, por ende, no pueden considerarse ni validarse como sustento para obtener un reembolso fiscal”. Es más, el director del Servel, Raúl García, en su resolución ahonda en el punto y sostiene que “el reembolso electoral es de carácter personal e intransferible, razón por la cual, se procederá a desestimar su solicitud de reembolso respecto de los documentos enumerados en el considerando anterior, en la parte que han sido deducidos, lo que suma un total de $ 68.587.505″.

En un recurso ante la Corte de Santiago, fue la propia Oliva quien explicó por qué decidió entregar aportes a otras campañas, descartando de plano que alguna de sus rendiciones ante el Servel y solicitudes de reembolso hayan sido para beneficio económico personal y que eso lo demostrará ante el Servel, el tribunal supremo de su expartido político y ante la Fiscalía Sur que sustancia un proceso penal hoy en su contra.

Así lo explica la exaspirante al Congreso: “Con la intención de fortalecer nuestro proyecto e igualar la cancha de las candidaturas de Comunes versus de los mismos de siempre, aporté y doné una serie de insumos para las distintas candidaturas del partido en la Región Metropolitana, dentro de los cuales se encuentran volantes, palomas, kits de sonido, balconeras, bolsas y basurines”.

La última modificación que se hizo a la ley que regula la transparencia, límite y control de gasto electoral en Chile se realizó al calor del debate que generaron las investigaciones por financiamiento irregular de la política que se destaparon en 2014, con los denominados casos Penta y SQM. En esa época casi todos los partidos se vieron salpicados tras descubrirse un mecanismo de aportes irregulares de empresarios a actividades políticas, conductas que fueron perseguidas en el ámbito penal por el Ministerio Público. Tres años después de estallar esas indagatorias, se fundaría el Frente Amplio y sus principales figuras -en debates públicos- cuestionarían las antiguas formas de subvencionar campañas, comprometiéndose a otras formas de hacer política en Chile. Eso, hasta ahora.

El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien representa a Oliva, explica que cada vez se están esclareciendo más las cuentas rendidas por la excandidata y que de eso da cuenta que el propio Servel ha acogido algunas de sus reclamaciones por estos reembolsos. “La rendición de primera vuelta de Karina Oliva está aprobada y la de segunda vuelta se encuentra aprobada parcialmente por el Servel con datos fidedignos que dan cuenta de servicios reales y prestados por proveedores auditados. Existe un reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por esto último y a la fiscalía se han hecho llegar todos los antecedentes pertinentes”, asegura.

En ese sentido, ahonda y dice que “es falso que Karina Oliva haya solicitado reembolso fiscal por $ 600 millones para la segunda vuelta, pues el máximo legal era de $ 101 millones. El SII certificó que no hay facturas rendidas por un supuesto desayuno de $ 50 millones de pesos, cuestión que también ha sido ratificada por el Servel. Se han entregado más de 240 páginas de comprobantes de servicios reales, prestados y a valor de mercado que fueron aportados, analizados y validados por el Servel para ir aprobando en etapas las rendiciones efectuadas”.

Sobre los aportes a otras candidaturas de Comunes, el abogado Manríquez explica que “lo hicieron de buena fe, por inexperiencia previa en procesos complejos como éste, aunque más tarde han ido regularizando las situación ante el Servel y las diferencias están siendo reclamadas al Tricel. Lo que sí con esto se demuestra que, con los documentos que he visto, ningún dinero indebido ha ido a parar a su bolsillo. Reitero que Karina Oliva no ha recibido reembolso electoral por la segunda vuelta de la elección al Gobierno Regional, y que tampoco se ha hecho efectivo el pago correspondiente al crédito bancario aprobado por el Servel”.

Ante el reportaje emitido la noche del lunes por Canal 13 sobre supuestos proveedores fantasmas, la defensa de Oliva asegura que “las empresas que prestaron los servicios son empresas que tienen domicilio digital, pero que existen como ocurre hoy en el contexto moderno, la mayoría son empresas de e-commerce”.

Con todo, ahora será el Ministerio Público el que deberá realizar las pesquisas pertinentes para ahondar si existen más infracciones a la Ley de Gasto Electoral, más allá del presunto fraude de subvenciones que ya investiga y que mantiene a la excandidata del Frente Amplio en calidad de imputada, y con sus cuentas bancarias siendo examinadas por peritos de la PDI.

*Nota de Redacción: esta nota fue actualizada el miércoles 4 de mayo a las 16:00 horas. En un inicio aparecía que la diputada Carmila Rojas había recibido donaciones de la candidata Karina Oliva lo que no es preciso.