Sillón sexual, piscina y asados: Gendarmes de la cárcel de Angol exigen terminar con privilegios a comuneros mapuche presos

El secuestro de tres gendarmes en la cárcel de Angol, la mañana del domingo 7 de mayo, dejó al descubierto elementos que alertaron a funcionarios carcelarios que ahí se desempeñan. Y es que además de los insumos incautados durante esa jornada -entre los que se encontraba chicha artesanal, celulares y una serie de cuchillos-, los efectivos advirtieron artefactos que escapan a toda norma y que, por lo demás, son bastante poco habituales al interior de un recinto carcelario. Por lo mismo, insisten en que hay que terminar con los privilegios que goza este sector de la población penal y que, según manifiestan a La Tercera PM, “les hace sentir que están por sobre la ley”.

La tarde del domingo, por ejemplo, encontraron en uno de los dormitorios del venusterio -habitaciones especiales para que personas privadas de libertad reciban a sus parejas-, un “diván tántrico” o “sillón sexual”, que no está contemplado en ninguno de los reglamentos internos, por lo que esa misma tarde lo quitaron del recinto.

Pero eso no ha sido lo único que ha llamado la atención de los gendarmes, pues hace algunas semanas también requisaron una piscina estructural que comuneros tenían para recibir a sus hijos o niños que los visitaban en días de calor, lo que también fue calificado como un privilegio inaceptable por parte de los funcionarios, ya que esto no se permitiría en otros penales.

Asimismo, como comentan a este medio efectivos que trabajan en ese lugar, regularmente se les permite a internos del módulo de comuneros mapuche que ingresen corderos para ser faenados y piezas completas de vacunos, los que consumen en medio de asados o que luego congelan. Esto, agregan las mismas fuentes, sin que existan las condiciones sanitarias en el espacio y nuevamente al margen de la norma.

“Hasta antes del domingo 7 de mayo, los internos tenían hora de encierro a las 21.00 horas, mientras en el resto del país es mucho más temprano. Sus visitas ingresaban sin registro corporal, no tenían límites para las encomiendas, por lo que entraban prácticamente todo lo que querían, papas por saco, abarrotes en grandes cantidades, corderos vivos, bebidas energéticas, herramientas, de todo”, comenta un gendarme del citado recinto y cuya identidad resguarda por temor a ser blanco de amenazas.

Asimismo, agrega que “no había ningún control en el uso del venusterio, lo usaban cuando querían. Son los únicos que tienen agua caliente en sus duchas y obvio que no se pasa la cuenta. Tenían una piscina de esas estructurales del comercio, la que también llenaban con agua de la unidad”.

En el mismo sentido, otro trabajador del penal comentó que los internos del módulo “tienen cero respeto por el personal, con suerte hablaban con el alcaide y de ahí para arriba. Para ingresar al módulo había que pedirles permiso a ellos, lo que es insólito”.

Consultados respecto de la situación, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), Joe González, indicó: “Rechazamos todos los privilegios de los que gozan internos de la etnia mapuche en la cárcel de Angol. Es bastante grave enterarse de todas estas situaciones que ellos gozaban, como por ejemplo que las visitas ingresaban sin ser revisadas, porque esto vulneraba la seguridad del establecimiento”.

“Creemos que esto no puede seguir ocurriendo. La política no puede seguir interviniendo en el régimen penitenciario, la política penitenciaria tiene que guiarse por estándares profesionales, criminológicos, en los cuales exista un criterio de igualdad y que no existan internos de primera, segunda, o tercera clase. Pero dadas las faltas, nos damos cuentas que estas personas en el citado módulo hacían lo que querían”, complementó el dirigente.

Por su parte, desde Gendarmería manifestaron que “las condiciones de encierro de los pueblos originarios, en este caso de las personas mapuche recluidas en la Centro de Detención Preventiva de Angol, fueron definidas en la Resolución Exenta N°3925, consensuada durante la administración del ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín de acuerdo a la norma internacional vigente que se incluye en el convenio 169 de la OIT”.

Al margen de lo que sucede en Angol, en el Ministerio de Justicia analizan con preocupación el panorama carcelario, dado el creciente aumento de las personas privadas de libertad y la falta de infraestructura. De hecho, en medio de un conversatorio organizado por Chile 21, el ministro Luis Cordero reconoció que se está en una situación crítica.

Como detalló la autoridad, esto se debe, en parte, a que la infraestructura disponible no está siendo suficiente. Las proyecciones que se tenían en febrero de este año, era que a comienzos de 2024 se tendrían 50 mil personas privadas de libertad, pero eso podría adelantarse a fines de mayo. Ya a fines de abril la cifra llegaba a 49 mil.

“La infraestructura penitenciaria debe ser mirada como una política permanente porque lo que no se ejecuta en un gobierno tiene impacto en otros momentos. Este no es un problema de gobierno, es un problema del Estado de Chile. El haber tenido inactivo el plan de infraestructura desde 2021 nos tiene hoy en una situación crítica”, manifestó.

En ese sentido, agregó: “No es posible tener una política penitenciaria- entendiendo por ella una en la que existen estándares de derechos humanos, se cumplan las penas, se evite el hacinamiento, se ofrezcan alternativas para evitar la reincidencia y además ser efectivo en crimen organizado- cuando hay una congestión penitenciaria como la que enfrentamos hoy. Asumir que la política penitenciaria está separada de los temas de infraestructura es parte de los problemas que tenemos actualmente”.