La suspendida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, donde se buscaba instalar la primera clínica municipal del país, abrió un nuevo capítulo para la ya cuestionada alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

Esto, luego de que La Tercera PM diera a conocer este jueves que el fiscal que investiga el caso, Patricio Cooper, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago incautar el vale vista por $ 2.465.862.002 que Santiago había emitido a nombre de los vendedores del recinto clínico y que correspondería al 30% del precio pactado.

Una solicitud que podría haber sido expedita, pero que tuvo un revés cuando el notario Félix Jara Cadot no accedió a la entrega voluntaria del vale vista al fiscal. Bajo esta negativa, Cooper tuvo que elevar la solicitud de incautación al juzgado donde la jueza Michelle Ibacache resolvió -el miércoles 22 de marzo- que “teniendo en consideración que se encuentra suficientemente fundada la petición, además lo solicitado es proporcional al delito investigado, el medio es idóneo y necesario con el objeto de evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino del vale vista”.

Así las cosas, hoy Hassler enfrenta distintos baches que torpedean su objetivo de concretar la compra de Sierra Bella, que fue anunciada el 18 de enero de 2023.

Al ser consultada por La Tercera PM, la alcaldesa confirmó que junto con la incautación del vale vista “sin duda los plazos se han visto retrasados a propósito de las solicitudes que han hecho distintas autorías políticas y que por lo tanto son las instituciones las que tienen que hacer el trabajo de revisión de antecedentes”.

Hassler reafirmó lo clave que se han convertido los pronunciamientos de las entidades involucradas para “despejar las dudas y avanzar en este proyecto tan esperado para la ciudadanía. Necesitamos que avancen estos procesos para realizar cualquier otro elemento que pudiera afectar al proyecto y así avanzar en un tema tan sentido y urgente“.

Fuentes de la Unidad Jurídica del municipio sostuvieron a La Tercera que “esta diligencia judicial (la incautación del vale vista) es acorde con la intención permanente de la municipalidad de abstenerse de realizar alguna gestión hasta que la Contraloría se pronuncie, pues siempre ha sido nuestro interés resguardar los fondos públicos y actuar con transparencia y probidad”.

Es más, fueron enfáticos en señalar que “no se ha realizado pago alguno, más ahora que es una hecho conocido de la incautación del vale vista, por lo cual, no se ha generado gasto público”. A esto añaden que el contrato de compraventa establece que el pago de los inmuebles se realizaría al momento de la inscripción en el registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

“Actualmente, el organismo contralor nos ha ordenado abstenernos de realizar cualquier acción respecto del contrato de compraventa, instrucción que hemos respetado y seguiremos haciéndolo hasta que la Contraloría se pronuncie. Sin perjuicio de ello, el contrato de compraventa no contiene cláusula penal alguna que establezca una multa a favor de algunos de los contratantes”, cerraron.

El pasado 2 de febrero la Contraloría General de la República ofició al municipio solicitando que “se abstenga de ejecutar actuaciones tendientes a materializar la referida contratación, mientras no se adopte una determinación acerca de la procedencia jurídica“. El proceso quedó paralizado, así como el pago de cuotas y traspaso de dinero.

La concejala Dafne Concha (PC) sostiene que dentro del contrato de compraventa entre Santiago y la Inmobiliaria San Valentino no existe una cláusula que solicite el pago de multas. “En caso de que se tenga que pagar una multa, sería a través de juicios o demandas de terceros. Pero en el contrato no existe, entonces nosotros no tenemos por qué retribuir algo que no se estipule en el documento oficial”.

Adicionalmente, Aldo Duque, abogado querellante, comentó a La Tercera PM que desde el punto de vista procesal penal la incautación viene siendo un proceso relevante, ”puesto que esto inhibe el pago del precio y deja al contrato de compraventa sin uno de sus elementos esenciales, cual es el precio. El municipio no tiene forma de pagar el precio; para esto tendría que emitir un nuevo vale vista, quedando congelados los recursos de este en el banco y, adicionalmente implicaría vulnerar la orden de la Contraloría que le impide realizar cualquier acto mientras la entidad está investigando”.

Además, el profesional comentó que durante esta jornada pidió al fiscal Patricio Cooper la intervención del Servicio de Impuesto Internos (SII), y de la Unidad de Análisis Financiero, para que se indaguen eventuales delitos tributarios. Esto, como explicó, porque al momento de su constitución, San Valentino declara un patrimonio de sólo mil millones de pesos y luego compra el inmueble en cuestión, de propiedad de la sociedad médica, en más de dos mil millones, sin que registraran movimientos respecto de ingresos de dineros.

Duque pidió al fiscal la intervención del Consejo de Defensa por haber recursos fiscales comprometidos.

Por su parte, el abogado Felipe Rojas, representante de San Valentino, sostuvo que “como vendedores, somos conscientes de nuestros derechos, pero mantenemos una actitud colaborativa con la municipalidad. Durante este tiempo, hemos estado esperando la actividad y respuesta de Contraloría antes de ponernos en contacto con la parte compradora”.

Añade que “queremos reiterar nuestro compromiso de seguir adelante con este proyecto y no estamos buscando a otros interesados. Seguiremos trabajando para garantizar que este proyecto sea un éxito para ambas partes”.