¿Socios fantasma?: Fiscalía arremete en investigación a Farmacias Populares y ordena a Carabineros tomar declaración a Jadue y otros 90 alcaldes

Hace siete años se constituyó la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), uno de los proyectos estrella del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y quien hasta ahora aparece como representante legal de la organización. Actualmente la contabilidad del organismo está en la mira del Ministerio Público que desde hace seis meses indaga presuntas maniobras de blanqueamiento de dineros, cohecho y eventual malversación y fraude al Fisco con dineros que provienen de recursos públicos a través de municipalidades. Es en ese marco que la fiscal Giovanna Herrera ha activado una ofensiva judicial y ordenó al OS-7 de Carabineros desarrollar una ronda de interrogatorios a 91 alcaldes de todo el país que aparecen como “socios” de Achifarp en registros oficiales y contables.

La causa surgió luego de la autodenuncia que efectuó el exejecutivo de Best Quality SPA, César Ramírez, quien aseguró a la Fiscalía haber pactado un soborno con el alcalde Jadue a cambio de adjudicarse un millonario negocio con las “farmacias populares” de $ 900 millones. La firma era uno de los principales proveedores de insumos clínicos durante la pandemia. En su declaración como imputado, el vendedor entregó detalles de la “coima” que le habría solicitado el jefe comunal. En un inicio la donación de mascarillas, galones de alcohol gel y percheras tenía como destino el municipio de Recoleta, sin embargo cuando se concretó el traslado de los productos fueron a parar -según el testimonio del comisionista- a la sede comunal del PC.

La orden de investigar emanada por la persecutora, y a la que tuvo acceso La Tercera PM, solicita que se tome declaración a las máximas autoridades de 91 municipalidades que aparecen como socias de Achifarp. El listado, que fue entregado por el organismo a la policía, considera municipios que van desde Arica hasta Punta Arenas e incluyen al propio alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La citación, que está siendo ejecutada por personal del OS-7 de Carabineros, instruye a la policía a requerir información y documentación en que los alcaldes deben testificar por la fecha en la que su municipalidad se unió a Achifarp, además de entregar el acuerdo del concejo municipal con el que se aprobó la incorporación a dicha entidad de carácter privado.

Además de esto, las máximas autoridades comunales deberán entregar detalles de todos los pagos o aportes que realizaron a la asociación liderada por Jadue. Junto con eso, las municipalidades deberán reportar todas las prestaciones que recibieron de parte de Achifarp. Finalmente, los alcaldes también deben entregar la información respecto a aquellos funcionarios que servían como vínculo con la agrupación, así como también cómo se llevó a cabo el proceso de compra, medicamentos adquiridos, programas y cursos realizadas en la asociación, entre otras informaciones.

En el listado figuran también las municipalidades de Antofagasta, Casablanca, Cerrillos, Cerro Navia, Chile Chico, Coyhaique, Concepción, Concón, Frutillar, Huechuraba, La Reina, Lo Prado, Los Andes, Macul, Pichilemu, Puente Alto, Puerto Montt, Renca, San Bernardo, Tocopilla, Tierra Amarilla, Valparaíso, Zapallar, entre otras reparticiones municipales.

En el proceso de quiebra, Achifarp acusó a Antofagasta de deberles más de $ 70 millones. Consultado al respecto y ante la declaración solicitada por el Ministerio Público, el alcalde de dicha comuna, Jonathan Velásquez (Ind.) explica que nunca han formado parte de la asociación.

Velásquez explica a La Tercera PM que cuando ingresó a la alcaldía recibió un llamado del alcalde Jadue, “diciendo que el municipio de Antofagasta le debe plata por el tema de las farmacias populares, entonces yo le digo que no tengo registro de esa deuda, pregunté a mi departamento jurídico y me dicen que no, que sólo se había ofrecido ese servicio, pero que nunca se unieron”.

La sospecha de los investigadores es que varios de los alcaldes hayan sido utilizados como “palos blanco”, sin su consentimiento, para triangular dineros que provenían del erario fiscal de los municipios.

La autoridad independiente asegura que “nosotros no le debemos nada a alcalde, él me llamó varias veces insistiendo que nosotros teníamos una deuda, de hecho, después me llamó una persona de parte de él para cobrarme. Hace dos semanas me contactaron del OS-7 y fueron a mi oficina a tomarme una declaración respecto a este caso, bueno yo les conté lo mismo, que mi gestión no va a transar con este tipo de cosas”. Junto con esto, el jefe comunal dijo que destaca el modelo de farmacia popular municipal que tienen en Antofagasta, la cual se abastece directamente con Cenabast y que incluso realizan entrega de medicamentos a domicilio.

Otro de los citados es el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), quien confirmó que efectivamente fue visitado por funcionarios de Carabineros. Sin embargo, sostuvo que pese a que la municipalidad que dirige aparece en los listados de Achifarp, ellos nunca han sido socios de la agrupación.

La autoridad explica que tuvo que ir a declarar aquello ante la policía. “Conversé con el encargado de la investigación y me dijo que a varias municipalidades les había pasado lo mismo, que habían sido enlistadas como socios, pero que no tenían ningún vínculo. En nuestro caso, nunca fuimos parte de las farmacias populares, nosotros tenemos dos farmacias comunales y por tanto nunca hemos pagado cuotas ni tampoco hemos comprado medicamentos en conjunto, lo que tuve que acreditar por medio de un certificado de la Secretaría Municipal, donde se establece que nunca se ha girado dinero a Achifarp y que tampoco nunca hemos votado la membresía”.

Radonich explicó además que los carabineros le indicaron que el listado provenía de la asociación, por lo que aseguró que “la impresión que me que dio era que había un desorden administrativo y que a lo mejor se puede haber confundido con cartas que efectivamente enviaron para que nos sumáramos e invitaciones”.

El desorden contable y las irregularidades en gastos de la agrupación que dirige Jadue es incluso hoy blanco de un sumario en que se levantaron cargos contra el alcalde de Recoleta por parte de Contraloría. La indagatoria del ente que dirige Jorge Bermúdez es una pieza clave para el Ministerio Público que lo ha llevado a ampliar una causa que se inició por cohecho y que ahora ya suma varias aristas y delitos más.