No habían pasado ni cuatro horas desde que la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó que el pleno del máximo tribunal confirmó -por unanimidad de los ministros- el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex-FA), imputada en el marco del denominado caso Democracia Viva, cuando el fiscal que lleva adelante la indagatoria, Cristián Aguilar, ingresó formalmente la solicitud para formalizar investigación en su contra.

El persecutor, bajo la dirección del fiscal regional Juan Castro Bekios, pretende atribuir a la parlamentaria autoría en tres delitos de fraude al Fisco en la mencionada arista del caso Líos de Platas, al igual que como hace poco más de un año lo hizo con la expareja de la congresista Daniel Andrade, con su exjefe de gabinete Carlos Contreras, y con su otrora encargada territorial Paz Fuica.

De hecho, culminada la audiencia en que los titulares de la Suprema escucharon las exposiciones de las partes y se ratificara la determinación adoptada el 10 de febrero por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Aguilar indicó: “Con esto el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria por los hechos investigados”.

Así, como pudo confirmar La Tercera, la solicitud para que se programe audiencia para la imputación de los cargos se presentó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta en cuestión de horas.

Pasadas las 20 horas del lunes 7 de abril, antes de que el fiscal Aguilar viajara de regreso a Antofagasta desde la capital, ingresó el escrito con que formalizó lo que ha planteado desde hace semanas, que Pérez tendría directa intervención y participación en los delitos vinculados a tres convenios suscritos por Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Colaboración

La defensa de la diputada Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, ha insistido durante la indagatoria que su representada está disponible para colaborar con la misma. Lo ha mencionado, por ejemplo, cuando la congresista entregó su celular para que fuera periciado, cuando compareció a declarar y, también, durante el proceso de desafuero.

Por lo mismo, una vez que la Corte Suprema confirmó el desafuero, el penalista tomó contacto con Cristián Aguilar para insistir en el punto.

Consultado por este medio, el abogado indicó que a eso de las 19 horas llamó al persecutor jefe de Antofagasta para manifestarle que su representada estaba disponible para seguir contribuyendo con las pesquisas y que sin duda acudirá a la audiencia que el tribunal fije para la correspondiente formalización.

En ese mismo sentido, Medina manifestó que la solicitud de audiencia “era un paso esperable y lógico después de la resolución de la Corte Suprema”.

“Por nuestra parte, reiteramos nuestra convicción de la total inocencia de la diputada y esta solicitud de audiencia implica que cambiamos de instancia procesal, en la que tendremos que presentar los argumentos que sustenten la total inocencia de nuestra representada”, agregó el profesional.

Los cargos

Los antecedentes que maneja la Fiscalía de Antofagasta la posicionan como autora de tres delitos de fraude al Fisco, por los tres convenios que suscribió la disuelta Fundación Democracia Viva en Antofagasta.

Como han sostenido los fiscales Aguilar y Castro, Pérez propició activamente la firma de dichos contratos de transferencia y que colaboró en todas las etapas del proceso de suscripción de los mismos.

“La diputada Catalina Pérez acordó con el imputado Daniel Andrade y el imputado Carlos Contreras para que este último, incumpliendo gravemente los deberes de su cargo, favoreciera la elección, suscribiera y aprobara convenios de transferencia con la Fundación Democracia Viva, para lo cual ejecutaron acciones para defraudar al Estado y causar perjuicio por el monto total de los tratos suscritos, puesto que se trataba de una fundación que no cumplía con los requisitos normativos para postular a las iniciativas de inversión ni tenía las competencias, capacidades y experticia para asumir la ejecución de las obras”, se lee, por ejemplo, en la solicitud de desafuero que ingresó Aguilar.

Esas acciones, como manifestó el mismo persecutor, se dieron en el contexto de vínculos sentimentales, partidistas, de amistad y afinidad, donde fue Pérez -a juicio de la Fiscalía- quien facilitó los medios para que Andrade accediera a Contreras, “con la finalidad de que el primero pudiera postular y ser favorecido con la suscripción de los convenios”.