¡Son todos parientes!: el origen de la guerra interna que enfrenta al nuevo conservador de Hipotecas con los sindicatos históricos del CBRS

Una verdadera batalla es la que se vive por estos días al interior del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) luego de que el nuevo conservador de Hipotecas, Carlos Miranda -quien asumió en octubre del año pasado- decidiera llevar a la justicia a los sindicatos de trabajadores del organismo para impugnar el contrato colectivo que estos alcanzaron con la institución un año antes de su arribo.

Lo que busca eliminar Miranda, entre otras cosas, es que las agrupaciones de trabajadores no se puedan oponer a la contratación de nuevos funcionarios, algo que ha sucedido desde su arribo. A juicio de algunos funcionarios, la posición de los sindicatos -quienes deben visar los contratos según el acuerdo colectivo- se debe a que no quieren la llegada de nuevos profesionales, ya que eso afectaría la forma en que actualmente se reparte el sueldo. A eso se suma que los propios dirigentes tienen parientes y estrechas amistades al interior del organismo. “¡Son todos parientes!, por eso no quieren que lleguen nuevos funcionarios”, resume así el conflicto uno de los trabajadores del CBRS que pidió guardar la reserva de su identidad para evitar represalias.

La demanda de Miranda fue ingresada ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde este martes se llevó a cabo la primera audiencia. Antes de revisar el fondo de los cuestionamientos al contrato colectivo, el magistrado debió resolver una pugna con los dos conservadores titulares del CBRS. Esto, luego de que Luis Maldonado, histórico titular -desde 1997- del Registro de Propiedades, Comercio y Agua, presentara un escrito asegurando que el titular de Hipotecas no le había consultado para presentar la demanda, así como tampoco a Kamel Saquel, conservador del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.

Pese a que el magistrado rechazó el reclamo presentado por Maldonado, quienes conocen el ambiente al interior del CBRS aseguran que las diferencias en el organismo ubicado en Morandé 440 van más allá de la demanda, y es que todo el lío judicial revela diferencias entre la “vieja escuela” -representada por Maldonado- ante los cambios que involucrarían los soterrados vínculos familiares entre los funcionarios que se opondrían a los cambios planteados por la “nueva escuela” de Miranda. Este último tras ser notario en Concepción llegó con el propósito de modernizar el CBRS, organismo que cada cierto tiempo es blanco de críticas por los gananciales de sus titulares que mensualmente exceden los $100 millones.

En el tribunal laboral se discutió lo que el abogado en representación del CBRS planteó como los puntos más importantes del asunto. Y es que el contrato colectivo alcanzado el 2021 -con vigencia hasta el próximo año- a su juicio establece restricciones para contratar a nuevos funcionarios, así como también el mecanismo de gastos y remuneraciones.

Marcelo Montero, abogado que representó la demanda del conservador de Hipotecas, sostuvo durante la audiencia que lo que complica al CBRS “es la práctica de impugnar contrataciones que hace el conservador o impugnar gastos que hace el conservador. Cuando eso se convierte no en una cosa excepcional, sino que, en una especie de práctica permanente, donde los gastos que se hacen se van una y otra vez imputando bueno entonces la pregunta es ¿Quién administra el conservador?”.

Pero la disputa se explicaría, según fuentes de La Tercera que conocen lo ocurrido, porque desde la llegada del exnotario de Concepción al Conservador de Santiago, propuso una serie de cambios para modernizar el organismo, lo que implicaba -a su vez- contratar nuevos funcionarios. Sin embargo, es precisamente en ese proceso donde Miranda se encontró con la oposición de los sindicatos, quienes acusan que aquello genera un desmedro en sus sueldos.

Y es que el sistema de remuneraciones del organismo establece que de todos los recursos que ingresan a la institución se deben sacar los gastos propios del servicio y a partir de aquello el 75% de estos se pagan las remuneraciones, una especie de sistema de reparto. Esto según una serie de criterios que regulan cuánto es lo que recibe cada trabajador.

Más allá de esos argumentos, dichas fuentes señalan que Miranda al interior del CBRS se ha encontrado con un grupo de “la resistencia”, los cuales se oponen a nuevas llegadas debido a los lazos familiares y de amistad que ya existen al interior del organismo. Éstos puestos de trabajo podrían peligrar con la serie de cambios que busca el titular de Hipotecas. Uno de los ejemplos de esta acusación de nepotismo sería lo ocurre con la familia del presidente del Sindicato Nº1, Pablo Vargas, quien trabaja junto a su padre, hermano y esposa en la institución.

A estos se sumarían vínculos de amistad entre estos grupos que serían más cercanos al conservador Maldonado, lo que explicaría el apoyo de este a los sindicatos, donde incluso intentó anular -sin éxito- la demanda de Miranda. Sin embargo este último, también dio luces en uno de los escritos de la causa judicial de lo que para varios es una administración más bien ligada al nepotismo y cercanías con el conservador. “Es natural, entonces, que el Sr. Maldonado se moleste y se sienta complicado cuando, en un litigio como este, pueden salir a la luz prácticas de gestión poco prolijas o no ajustadas al derecho laboral en las que podría caberle alguna responsabilidad”, leyó en la audiencia el abogado de Miranda.

La demanda presentada por el titular de Hipotecas sostiene que los sindicatos han impugnado 34 contrataciones desde la vigencia del acuerdo. Esto, pese a que las contrataciones de Miranda se habrían realizado dentro del marco que plantea el acuerdo.

La posición de los sindicatos también quedó expresada durante la audiencia de este martes. El abogado que representó en la audiencia al Sindicato Nº2, Sergio Morales, aseguró que esta forma “bien anómala de determinación de remuneraciones, y que incide obviamente que es un porcentaje de las ganancias de los ingresos del conservador se reparten para fijar precisamente sueldos y otros tipos de incentivos al retiro, son materias que ya fueron pactadas”.

Ante lo que adelantó que es muy difícil “llegar a algún acuerdo respecto de la forma que se debe entender esta norma cuando ya existe una norma expresa y existe una praxis por muchos años. Lo que pasa que el conservador que está demandando es nuevo, llegó hace poco, y por eso él no está de acuerdo con esa praxis de los sindicatos que han celebrado esto por mucho tiempo”.

Maggi Bustos, presidenta del Sindicato Nº2, afirma a La Tercera que a su juicio lo que está en el fondo de la demanda “es cuestionar la validez de los procesos de negociación colectiva y de los contratos de los 500 trabajadores y trabajadores que tiene el CBRS y eso es inaceptable, porque en más de 10 años ningún proceso había sido objeto de reclamación y siempre se había llegado a acuerdo con los respectivos empleadores”.

Respecto a los vínculos familiares que existiría al interior del organismo, Bustos aseguro que aquello no es objeto de la demanda, y que lo importante “es defender los derechos de los trabajadores y que nuestros sindicatos han conseguido gracias al diálogo y una negociación amparada por la ley y que hoy un Conservador quiere desconocer, judicializando sus pretensiones. Este tema no ha sido referido en la demanda y ya ha sido objeto de otros reportajes antiguos que tampoco han reflejado la realidad interna que ocurre desde que asumimos nuestra gestión sindical”.

Sobre la supuesta oposición a nuevas contrataciones, la presidenta de Sindicato Nº2 explica que los sindicatos “nunca hemos estado en contra de que se contraten personas que aporten a mejorar la importante labor que realiza el CRBS, como es ser el garante de la propiedad raíz de los habitantes de la Región Metropolitana. A lo que nos oponemos son a las contrataciones discrecionales o que no tienen una justificación técnica”.

La dirigente agrega que en toda la historia del Conservador de Bienes Raíces de Santiago “nunca se había vivido una situación de esta magnitud, donde se pone en jaque nuestra fuente laboral y las remuneraciones del personal. El daño a la confianza y al trabajo que realizamos día a día los trabajadores del oficio conservatorio es irreparable. Sin embargo, no podemos aceptar que solo por el hecho que llegue un nuevo empleador se ponga en entredicho los derechos adquiridos por los trabajadores en sucesivos procesos de negociación colectiva”.

“La demanda nos muestra que no hay ánimo de negociar todo lo contrario, por eso es que estas diferencias se llevan a tribunales sin un proceso de conversación previa. Judicializar estos conflictos es no entender los objetivos de los sindicatos y menos de una relación laboral armónica”, concluye la funcionaria.