Soyapango, el municipio salvadoreño cercado con 10 mil soldados y policías para capturar a pandilleros

Con un video publicado en sus redes sociales, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, anunciaba la puesta en marcha de la llamada “fase 5″ de su lucha contra los pandilleros en el país. En el registro audiovisual, una columna con decenas de soldados y tanquetas del ejército pasaban por el lado de una señora que barría el frontis de su hogar, a pasos de la vereda. Eran parte de los cerca de 10.000 soldados y policías desplegados en Soyapango, destinados a cercar el municipio para intentar erradicar a pandillas que habitan el lugar.

“A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado”, escribió en Twitter el Presidente durante el sábado 3 de diciembre. Durante la madrugada de ese día habían sido desplegadas las fuerzas que ahora realizan un férreo control de toda persona que entre o salga del municipio.

Soyapango es una de las ciudades más pobladas del país centroamericano, con más de 290.000 habitantes. Ubicada a 13 kilómetros de la capital de El Salvador, tenía fama de ser una de las ciudades con la mayor presencia de bandas, aseguró BBC.

“8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, comentó Bukele. “Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados. La Fase 5 del Plan de Control Territorial ha iniciado”, agregó.

Dicha etapa de su guerra declarada contra las pandillas conocidas como las maras, a las que las autoridades apuntan como las principales culpables de la criminalidad al interior del país, fue anunciada el 23 de noviembre de este año, cuando el mandatario dijo en un acto ante 14.000 soldados que ampliaría su insigne política. “Ahora viene la fase cinco, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en las comunidades”, dijo en aquella ocasión.

Ahora, todas las carreteras y vías que conducen a Soyapango se encuentran bloqueadas por las Fuerzas Armadas, las que comprueban los documentos de identidad de toda persona, además de ingresar y registrar numerosas viviendas en busca de miembros de bandas criminales. Según el mandatario, “en menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco”, dijo el domingo 4. “El Control Territorial ya es totalmente del Estado”, sumó en su cuenta personal de Twitter.

La facilidad para ingresar, registrar y arrestar a personas se debe al estado de excepción impulsado por Bukele, el que permite detenciones por parte de la policía sin la necesidad de una orden judicial. La medida fue prorrogada por el Congreso hasta mediados de diciembre.

Criticada por organizaciones de derechos humanos tanto en el país como en el exterior debido a posibles detenciones arbitrarias, la política ha sido defendida de forma férrea por el mandatario, quien asegura que ha disminuido considerablemente la cantidad de asesinatos desde que inició su cruzada, el 27 de marzo de este año.

Según cifras que Bukele y su gabinete han entregado, las fuerzas policiales y militares han detenido a 58.000 presuntos pandilleros durante los ocho meses que se ha llevado adelante la medida. La ampliación en las facultades de los organismos de orden se impulsó luego de una ola de asesinatos en marzo de este año, donde solo durante el 26 de marzo murieron 62 personas a manos de bandas delictuales, alcanzando casi 80 fallecidos en tres días.

The Associated Press afirmó que siete organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos en los primeros seis meses de estado de excepción, donde se incluyeron reportes de detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones, así como la muerte de 80 personas bajo la custodia del Estado, detallaba un informe presentado en octubre de este año.

En cuanto al apoyo ciudadano de la medida constitucional que también reduce los derechos individuales del resto de la población, numerosas encuestas, tanto oficialistas como de oposición, han asegurado que tienen el beneplácito de la gente. Un sondeo recientemente realizado por la Universidad Centroamericana (UCA) detalló que el 75,9% de los salvadoreños aprobaba el estado de excepción.

Consultada por la agencia AFP, Guadalupe Pérez, una mujer de 53 años que vive en una de las colonias del municipio intervenido, dijo estar contenta por la llegada de los 10.000 militares y policías. “Ha sido una sorpresa (el operativo), lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad”.

El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, justificó la medida durante el 3 de este mes, insistiendo en que “no afectará a la población honrada” y que se están “respetando los derechos humanos”.

“No hay ninguna persona honrada que haya sido afectada por el cerco que se ha establecido. La operación está dirigida directamente contra los pandilleros que todavía se andan escondiendo y que generan algún inconveniente a la población honrada (...) es totalmente falso que estas operaciones le van a generar malestar a la población honrada”, aseguró en una conferencia de prensa.

Nercy Montano, la alcaldesa del municipio, también secundó la política de Bukele. Para la líder local, el cerco a la ciudad significará “una enorme mejora en su seguridad”. Drones, personal militar fuertemente armado y tanquetas son algunas de las fuerzas desplegadas en Soyapango. Medida que ya se había llevado a cabo meses atrás, pero en una escala menor.

Durante la primera semana de octubre, en Comasagua, al sur de San Salvador, un operativo de más de 2.000 soldados y 500 policías se posicionaron en la carretera de acceso al sector para controlar la entrada y salida de personas, en lo que se convirtió en el predecesor directo de la ahora masiva intervención a Soyapango.