“Su hijo de tres años lo destruyó”: cuatro días antes que la PDI incautara el celular del diputado Ojeda (ind.-Republicano) el móvil fue destrozado
En medio de la investigación por líos de plata en la Gobernación Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejidad- persigue la eventual responsabilidad penal del parlamentario en la defraudación de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado "caso manicura". Si bien el congresista entregó su dispositivo móvil, este estaba en malas condiciones tras una supuesta "jugarreta" de su hijo. Ante la Fiscalía Ojeda reveló que tras ayudar a la ONG Folab con un préstamo de $40 millones, luego le devolvieron $2 millones y medio más, por concepto de intereses. La calidad del integrante de la Cámara Baja en estos momentos es de imputado y se indagan sus acciones para obstruir la investigación, incluso sugiriendo "quemar teléfonos".
Imputado. Esa es la calidad que tiene el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo (independiente, que integra la bancada de republicanos) en la investigación que lleva adelante el fiscal de Alta Complejidad Carlos Cornejo por un millonario fraude a recursos del Gobierno Regional de La Araucanía, que se indaga en medio del denominado ‘caso Convenios’ o ‘líos de platas’. Ahí se pesquisan más de $730 millones que se habrían desviado por parte de dos fundaciones: Folab y Educc.
Una de las situaciones que alertaron a los investigadores ocurrió el año pasado. El 16 de octubre, cuando funcionarios de la PDI le solicitaron la entrega voluntaria de su móvil, el parlamentario accedió sin que mediara orden judicial. ¿El problema? Es que su abogado Carlos Tenorio escribió que el celular no estaba en las mejores condiciones. “Es del caso comentar, respecto del equipo móvil, que el mismo sufrió daños el pasado día 12 de octubre, fecha en la cual el hijo de tres años de edad lo tomó y lo destruyó en medio de una jugarreta”, explicó la defensa.
Quienes conocen de los peritajes de la PDI sostienen que más que una caída casual de un teléfono, el aparato parecía haber sido arrollado por un vehículo, ya que estaba completamente destruido.
Quemar el teléfono
Una situación que en su momento no causó mayor alerta. Hasta que declaró en Fiscalía Miguel Ortiz, hermano de Rinett y Juvenal Ortiz -representantes de Folab-, quien dio pistas de cómo el parlamentario habría coordinado cómo enfrentar al Ministerio Público y, además, sugerido quemar los celulares.
En una reunión, dice el testigo, en la que participó junto a sus hermanos, “el diputado nos explicó qué es lo que debía hacer mi hermana: dijo que él se iba a autodenunciar, y que mi hermana debía hacer lo mismo, debiendo reconocer que ella había malversado fondos públicos y que así se podía hacer un acuerdo entre ella y Fiscalía. Después explicó un segundo punto, sugiriendo que mi hermana pidiera su quiebra”.
En su declaración además sostiene que “finalmente, habló sobre las personas que podían verse afectadas por este asunto, ya que mi hermana había sido apoyada por gente del GORE, que ellos tenían familia y que se podían ver gravemente comprometidos. Que eso nosotros lo teníamos que tener en consideración. Luego nos indicó que mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono, y que él recomendaba que lo mejor era quemarlo, y que él sugería que para justificarlo “mi hermana debía decir que como ella estaba muy afectada, con tratamiento psiquiátrico, y la prensa y la gente la llamaban mucho, ella decidió quemarlo””.
Mauricio Ojeda ante Fiscalía
El 14 de agosto el parlamentario había acudido al Ministerio Público expresando que quería declarar voluntariamente al verse involucrado en el caso. Esto debido a la intervención que hizo a favor de una de las ONG investigadas. Según expuso la semana pasada la Fiscalía, Ojeda mientras ejercía su labor de funcionario público y autoridad legislativa, entre los meses de junio y agosto de 2022 habría mantenido comunicaciones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representante legal- tenía problemas financieros. Fue ahí donde el congresista, según el ente perseguidor penal, en base a la amistad que lo unía con la mujer decidió asistirla mediante aportes económicos propios y de terceros.
Pero no fue lo único. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso en la audiencia de la semana pasada que junto con estos préstamos, “por otro lado, también como parte de las acciones en beneficio económico de Fundación Folab, el diputado Ojeda realizó diversas acciones, durante los meses de junio a septiembre de 2022, para obtener financiamiento y liquidez para Folab. Así las cosas, tomó contacto con el jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin, respecto de quien conocía su calidad de funcionario público y cargo, a quien le dio a conocer la existencia de la fundación, sus actividades y su amistad con la directora de la entidad privada”.
Fue así como la ONG en cuestión se adjudicó millonarios aportes estatales para la realización de cursos de “masoterapia”, “peluquería” y “manicura”, los cuales nunca fueron realizados, ya que dicho dinero se desvió para pagar deudas.
El día de su declaración, el congresista expuso que “tomé conocimiento de que estaría involucrada directamente en una defraudación por medio de su fundación, doña Rinett Ortiz Rivera, a quien conozco desde el año 2006 aproximadamente, cuando yo me desempeñaba como periodista de TVN Red Araucanía, siendo doña Rinett nuestra maquilladora. Es así como se generó entre nosotros una relación de confianza y afecto, que ha permanecido en el tiempo, sin perjuicio que no somos amigos ni tampoco nos frecuentamos”.
Mala situación económica
Junto con esto aseguró que “mediante una comunicación telefónica que efectué a doña Rinett cuando se confirmó la situación de su fundación Folab, ella muy afectada emocionalmente me confirmó que era efectivo lo que ocurría, que el dinero de la fundación lo había utilizado para pagar otras deudas que mantenía de arrastre, entre ellas algunas producidas por sus cursos SENCE, manifestándome que su mala situación económica venía desde la pandemia. Esta comunicación debe haber sido la primera semana de agosto, ya que fue coetáneo al momento en que GORE presenta su querella por este caso”.
Fue ahí cuando Ojeda detalló a la Fiscalía los aportes económicos que hizo para Folab. “El inconveniente que produjo para mí esta situación es que anteriormente, en el mes de agosto de 2022, yo gestioné un crédito de consumo para ayudar a doña Rinett, por un monto de $40.000.000, ya que ella me manifestó en aquel momento su desesperación por deudas que la aquejaban, pidiéndome que le ayudara económicamente con $70.000.000, que era el monto que requería para cubrir algunas deudas, mencionándome que era para cubrir sus obligaciones con organismos del Estado, creo que uno de ellos era Sence”, sostuvo.
Junto con esto, expresó que “por mi parte, considerando la cercanía que mantenía con doña Rinett así como la desesperación que ella tenía en ese minuto, es que accedí a facilitarle dinero. Como yo no contaba con ese monto requerido, gestioné un crédito de consumo con Banco Santander, accediendo a facilitarle en préstamo la suma de $40.000.000. Además, para ayudar económicamente con el saldo que doña Rinett requería, contacté a un amigo, de nombre Patricio Esparza, con quien conseguí la suma de $30.000.000, quien transfirió directamente a doña Rinett esa suma de dinero”.
Ojeda además explicó que ese préstamo fue saldado por Ortiz, pero que no recordaba si le transfirió desde su cuenta personal o la de la ONG. Y que fue un poco más de lo que le había aportado. “El monto transferido por doña Rinett como devolución del crédito es de $42.400.000, ya que ella además de devolverme el capital, me canceló también los intereses que generó el crédito y una tarjeta de crédito”.
Fue ahí cuando el fiscal lo detuvo y le leyó sus derechos. El diputado ya no era testigo, sino que había pasado su calidad a imputado.
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