Sube un peldaño: Disputa de generales de Carabineros con Contraloría ahora llega a la Corte Suprema

Luego de la arremetida en la Corte de Apelaciones de los siete generales de Carabineros acusados por la Contraloría de faltar a sus funciones, durante las intervenciones de orden público entre octubre y diciembre del año pasado, el caso llegó a la Corte Suprema.

Los generales Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros, fueron notificados entre el 9 y 10 de septiembre por la Contraloría de cargos que iban desde no actualizar los protocolos de uso de la fuerza, hasta no haber evitado el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las cercanías de recintos hospitalarios.

Por lo mismo, todos recurrieron con recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, una de estas acciones -la del general Enrique Monrás- fue declarada inadmisible por el tribunal de alzada capitalino.

Por lo mismo, el abogado del general, Jorge Martínez, presentó ayer en la tarde una reposición ante la Corte Suprema, para que sea el máximo tribunal el que resuelva si debe o no tramitarse el recurso interpuesto en la Corte de Apelaciones.

En el escrito, Martínez expone que “se vulnera el derecho a la cautela judicial al obligar al general Monrás a someterse a una jurisdicción disciplinaria diversa a aquella que le corresponde por jerarquía profesional y mando, establecida en la constitución y la ley, lo que vulnera su derecho a igualdad ante la ley, el debido , racional y justo proceso al ser juzgado por una comisión especial y no por el juez que naturalmente le corresponde y se afectan sus prerrogativas y derechos de propiedad que tiene sobre su cargo como oficial general”.

Según resolvió el sumario de Contraloría contra Monrás, el general en su calidad de Jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, no adoptó “acciones o medidas oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía ejercer respecto al funcionamiento de las siete reparticiones bajo su dependencia, a fin de corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de Carabineros de Chile, en el marco de procedimientos e intervenciones de control de orden público materializadas en su territorio jurisdiccional”.

Para la defensa del alto oficial -de acuerdo a la reposición planetada ante la Suprema- "lo grave de la resolución recurrida (fallo de la Corte de Apelaciones), es que se priva, se resta, se desconoce al recurrente el derecho a la tutela jurídica, es decir, de poder recurrir a la protección judicial cuando sus derechos constitucionales son amagados por un ente público que carece de competencia y de juricidad para formularle cargos en materias referidas a su funcional policial vinculadas al orden público, con ocasión de su desempeño de jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros de Chile, entre los días de 18 de octubre y 28 de diciembre del año 2019”.

Con este escenario, sería el máximo tribunal el que podría marcar un camino sobre lo ocurrido en los otros recursos de protección interpuestos ante la Corte de Apelaciones de Santiago por los otros generales acusados por Contraloría. Esto, en caso que el tribunal de alzada rechace el resto de las presentaciones interpuestas por los oficiales.