Subsecretaría de Prevención del Delito retira reglamento de nueva ley de Seguridad Privada

El 6 de enero la Subsecretaría de Prevención del Delito retiró de la Contraloría el reglamento que permitirá la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Privada que el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, promulgaron en marzo del año pasado y que forma parte de la agenda priorizada de 31 proyectos de seguridad suscrita entre el Ejecutivo y los presidentes de ambas Cámaras.

“Me llama la atención la demora en la tramitación de los reglamentos de la ley de seguridad privada. Me informan que se habría retirado uno de los reglamentos de ejecución de la Contraloría. ¿Qué pasa @CarolinaLeitao?”, planteó el diputado Diego Schalper a través de su cuenta en X.

El asunto es que el retiro del reglamento de Contraloría ralentiza la entrada en vigencia de la ley que el gobierno se comprometió a poner en marcha durante el 2024. “El Presidente nos pidió sentido de urgencia, pero también de responsabilidad. Y vamos a ingresar ese reglamento en tres meses”, afirmó el entonces subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito señalan que el retiro del reglamento fue necesario para subsanar detalles de forma del texto. “Ahora está en trámite de reingreso subsanado con las observaciones y los ajustes que se indicaron desde Contraloría en conjunto con las revisiones de la SEGPRES”, respondieron.

Desde la repartición encabezada ahora por la subsecretaria Carolina Leitao señalan que la nueva normativa comenzará a operar pronto.

El proyecto busca regular y estandarizar el trabajo de la seguridad privada en establecimientos de acceso público, como centros comerciales, tiendas y eventos masivos. Actualmente, en Chile hay 264.535 personas acreditadas para ejercer labores de seguridad privada en 2.609 empresas, una industria que moviliza cerca de US$ 500 millones anuales, según datos expuestos ante el Congreso.

Uno de los cambios más relevantes de la ley es reforzar la colaboración entre la seguridad privada y la pública, estableciendo obligaciones como la denuncia de delitos en un máximo de 24 horas, la conservación de pruebas y la identificación de los responsables.

El proyecto, que tuvo su origen en el gobierno de Michelle Bachelet en 2009, también introduce estándares en la regulación de las empresas de seguridad, estableciendo exigencias para la certificación de guardias y vigilantes privados, modernizando procesos y reforzando sanciones en caso de incumplimiento.