“Supervigilancia” a policías y protección a defensores ambientales: las claves de las indicaciones del gobierno para el nuevo Ministerio de Seguridad

El 23 de septiembre del año pasado, el entonces Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley para concretar uno de los acuerdos transversales que se tomaron tras el estallido social del 18 de octubre del 2019: separar al Ministerio del Interior de sus funciones respectivas a la Seguridad Pública y entregarle una nueva institucionalidad. La iniciativa fue presentada vía el Senado y se aprobó en sala, sin embargo, para este mes estaba considerado el despacho de las indicaciones de la nueva administración de gobierno.

El trámite, finalmente, se concretó durante la tarde de este lunes, con el despacho al Senado del documento que consta de 35 páginas, donde el primer cambio del proyecto original radica en el nombre del Ministerio de Seguridad Pública, al cual, ahora, se le agrega “Convivencia Ciudadana”. Según explicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, esta modificación no solo será cosmética, dado que tiene como objetivo “el enfoque de seguridad publica en este gobierno no solo se ejercerá de forma frontal contra el crimen organizado, sino que al mismo tiempo en el corazón de la estrategia de seguridad del Presidente Gabriel Boric está la prevención y el trabajo de convivencia, la que significa entender que las inseguridades se viven de manera distinta”.

Las indicaciones ingresadas por el gobierno -las cuales deberán ser discutidas en la comisión de Seguridad Pública del Senado- se centran, principalmente, en el control civil sobre Carabineros y la PDI. Entre las atribuciones de esta nueva cartera de gobierno, el Ejecutivo pretende que estén el “supervigilar y controlar las modificaciones de la organización interna de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública, el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y la paridad de género, en conformidad con los planes estratégicos de desarrollo policial”.

Este control no solo estará radicado en la administración de la policía uniformada, sino que también en términos formativos. En el texto se sugiere que “supervigilar el cumplimiento de los planes y programas de formación educacional que se dicten en las fuerzas de Orden y Seguridad. Para este efecto, deberá promover una cultura de aseguramiento de la calidad y la permanente actuación de los planes y programas de estudio y de los medios de acceso al conocimiento”. Carabineros y la PDI, además, deberán remitir al gobierno de turno, mensualmente, los procesos disciplinarios que abren contra sus miembros.

El subsecretario Vergara, sin embargo, advierte que esta “supervigilancia” tiene como objetivo fijar una responsabilidad política de la autoridad que ejerza como ministro o ministra de Seguridad y Convivencia Ciudadana. “El control civil también va de la mano con una serie de religiosidades políticas sobre la autoridad que ejerza como ministro o ministra de seguridad, y sobre esta responsabilidades recae también, de cierta manera, los distintos lineamiento dentro de las policías”, señala. Agregó que en regiones se designarán seremis de Seguridad, quienes serán los encargados de, por ejemplo, evaluar la realización de eventos y actividades masivas, en conjunto con Carabineros.

Otro de los puntos que se establecen en la indicaciones del gobierno es la creación de un Servicio Nacional para las Víctimas, la cual tendrá un organigrama propio y dependerá directamente del Ministerio de Seguridad. Allí, no solo se elaborarán políticas y programas para ir en apoyo de quienes hayan sido objeto de algún delito común, sino que también se incluirán los defensores ambientales. “Vamos a a iniciar un trabajo bajo esta institucionalidad para abordar problemáticas de seguridad y atender a víctimas como los defensores ambientales , y eso es parte también del acuerdo de Escazú. Esto crecer en una mirada mucho más amplia respecto a la labor que tenemos que tener como Estado para atender las víctimas y también evitar que sean revictimizadas”, indica Vergara.

Por su parte, el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a quien le tocó exponer en el Senado el objetivo de este proyecto, explica que las indicaciones del Ejecutivo tardaron en ser ingresadas, pues “la ciudadanía necesita pronto planes para contener el aumento de la delincuencia”. Una de las cosas que, asegura, le llamaron más la atención fue la eliminación del delegado presidencial como encargado del orden público, pues los seremis solo tienen un carácter técnico.

“Otra cosa que hace ruido es que la migración queda en el Ministerio del Interior sin resolver cómo este se va a coordinar con las policías, porque -de nuevo-, el control migratorio depende de la PDI, y esta depende del Ministerio de Seguridad, sin embargo, todo lo migratorio queda en Interior”, añade Galli.

Durante la tarde de este martes, el subsecretario Vergara expondrá en el Congreso sobre los alcances de estas indicaciones, en una de las primeras aproximaciones legislativas del gobierno en materia de seguridad, justo en una semana donde la seguridad volvió a aparecer como un impostergable para La Moneda.