Suspender pago de intereses de créditos de candidatos: La iniciativa que aprobó el Congreso y desató el reclamo de los bancos

Suspender el pago de intereses por los créditos contratados para financiar gastos electorales. Esa fue una de las pocas indicaciones que concitó el apoyo transversal de la oposición y del oficialismo en la comisión unida de Constitución y Gobierno que revisó el proyecto que posterga la fecha de las elecciones, y que fue refrendado en la votación de la sala de la Cámara de Diputados.

El gasto es uno de los principales nudos de la tramitación de la prórroga de la fecha de la megaelección que el gobierno pretende correr del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.

La propuesta de los diputados Catalina Pérez (RD) y Diego Ibáñez (CS) -que provocó poco debate ayer en la sesión- plantea que “los créditos contratados por candidatos y los partidos políticos con instituciones del sistema financiero, registradas ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no devengarán intereses durante el tiempo de la suspensión establecida para esta ley, y la misma se considerará para todos los efectos legales, como una causal de fuerza mayor”.

La incorporación de este punto no cayó bien en la industria bancaria. Y es que las cifras de créditos obtenidos hasta ahora para el despliegue de los candidatos no es menor. Un botón de muestra es la candidatura de la exministra Catalina Parot (Evópoli) a la gobernación de la Región Metropolitana, que solicitó un crédito por $715 millones de pesos para el financiamiento de su postulación. Otros 415 millones de pesos solicitó el candidato DC, Claudio Orrego, quien también postula a misma gobernación.

Desde la Asociación de Bancos (Abif), el gerente general Luis Opazo señala que “la indicación es abiertamente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad del acreedor a percibir los intereses legítimamente pactados en un contrato previamente acordado entre las partes”.

Otras fuentes de la industria destacan que la postergación de cuotas hipotecarias destinadas a clientes cuyos ingresos fueron afectados negativamente por la pandemia, establecía expresamente que las cuotas fueran postergadas a las tasas vigentes en el contrato de crédito, y en ningún momento se eliminó -como proponen los políticos- para sus propios créditos.

Complementariamente, apuntan, las cuotas hipotecarias se postergaron con una nueva operación crediticia (es decir, no se afectó el contrato vigente) y además se estableció una garantía estatal en caso de incumplimiento. Más aún, en este tipo de iniciativas el regulador financiero (CMF) debe establecer el marco regulatorio pertinente en materia de provisiones.

Asimismo el exgerente de la Asociación, Alejandro Alarcón, fustigó duramente la determinación: “Es sorprendente que la clase política insista en tener privilegios. En Chile nadie puede hacer eso con los créditos, excepto los políticos. Me imagino que desde el punto de vista formal tiene poca presentación, y desde lo legal y económico es una pésima señal. Mientras el país vive en segunda ola de la pandemia, los políticos viven en Marte y continuán acomodándose, es una vergüenza”.

Recordó que los recursos que los bancos ponen a disposición en forma de créditos a las personas o empresas, son dineros intermediados. Es decir, que los reciben de parte de los ahorrantes, que tienen confianza en que los recursos van a ser honrados o recobrados.

De acuerdo a un análisis sobre los aportes ante el Servel para los candidatos a gobernadores, realizado por Unholster, liderado por Cristóbal Huneeus, este tipo de financiamiento vía préstamos bancarios ha sido ampliamente usado sobre todo en esa elección.

Según ese informe, hasta el 26 de marzo Chile Vamos había solicitado créditos por $990 millones, $480 millones se pidieron para los candidatos de la Unidad Constituyente y $145 millones para los postulantes del Frente Amplio.

“El crédito ha sido más importante para los candidatos a gobernador de los candidatos del Frente Amplio pues de ese origen provienen casi todos sus recursos disponibles”, indica Hunneus.

Aunque los montos por créditos del último bloque puedan ser menores, éstos representan el 94% del total de recursos gastados hasta esa fecha, versus el 52% de Unidad Constituyente y el 67% de CHV.

Esta indicación junto a todo el proyecto se está votando en la Sala de la Cámara de Diputados y si bien hay un amplio consenso respecto de esta solución, desde la UDI están explorando otro tipo de camino.

“Sería mejor otro mecanismo. Estamos proponiendo que a todos los candidatos el Estado les devuelva un poquito más de plata por voto. Eso me parece justo, parejo, no beneficia a ninguno en particular y no se le carga la mano ni al candidato ni a los bancos ni a los partidos”, explicó el diputado Guillermo Ramírez, integrante de la Comisión de Hacienda.

Su propuesta plantea que el retorno se incremente entre un 10 o 15% por cada voto logrado.

En todo caso, Ramírez le resta importancia a la indicación del FA ya aprobada y cree que la industria bancaria al final del día podría estar de acuerdo: “Si se termina aprobando esa norma (de las comisiones conjuntas) no creo que los bancos se vayan a oponer porque se suspenderían los intereses por 5 semanas, son pocos candidatos los que han solicitado créditos, son montos pequeños, y para la banca en un contexto general podría ser un monto muy bajo”.