Suspenso por voto de senadores comunistas: ministro Gajardo (PC) rinde primer test con nombramiento de Dorothy Pérez

Tras una descompensación que sufrió el miércoles pasado, con algunos días de reposo se encuentra el recién nominado ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), quien asumió el cargo la semana pasada ante la serie de movimientos que debió ejecutar el gobierno producto de la crisis y la salida del exsubsecretario Manuel Monsalve (ex PS).

Sin embargo, Gajardo ya estaría de vuelta este fin de semana, ya que el lunes tiene su primer examen político importante. A partir de las 11 de la mañana, junto al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), acompañarán a Dorothy Pérez, quien fue propuesta por el Presidente Gabriel Boric para asumir como contralora y este lunes será recibida por la Comisión de Constitución del Senado.

Aunque la nominación de Pérez, que hoy ejerce como contralora subrogante, tras la vacante que dejó Jorge Bermúdez en diciembre de 2024, ya tendría los 30 votos necesarios de la Cámara Alta para ser ratificada, este nombramiento tendrá un desafío especial para Gajardo debido a la postura que adoptarán los senadores de su partido.

El problema de Gajardo es que la pasada ronda de designaciones para la Corte Suprema dejó un mal sabor a la bancada comunista, integrada por Claudia Pascual y Daniel Núñez y, hasta el momento, no existe claridad de que vayan a respaldar la proposición de Pérez.

Es probable que, tras la audiencia de este lunes, el nombre de Pérez sea votado por la sala del Senado el martes o el miércoles. No obstante, al menos este lunes el PC debiera dar una luz de cómo votará esta nominación, ya que, en su calidad de integrante de la Comisión de Constitución, la senadora Claudia Pascual (PC), debe pronunciarse si recomienda a la sala respaldar la ratificación de la nueva contralora.

Precisamente una de las misiones de Gajardo será tratar de aplacar los ruidos que hay en el oficialismo y en particular en el Partido Comunista respecto de las designaciones del Senado.

Por ejemplo, una señal de ese clima la dio el senador Núñez (PC) en una reciente entrevista del canal de Senado, realizada por Sergio Campos, donde dijo que estaba abierto a revisar el rol de la Cámara Alta. “No me gusta esto que los senadores están constantemente votando por cargos porque eso los hace tener un poder o influencia sobre esas autoridades”, dijo.

Tras la crisis que provocó el abogado Luis Hermosilla, cuyas redes incidieron en nombramientos, entre legisladores cercanos al Ejecutivo, no solo del PC, causó incomodidad que el nombramiento de la contralora quedara amarrado, al menos en las apariencias, a la aprobación de las nuevas ministras de la Suprema, Jessica González y Mireya López, y del nuevo fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro.

Para algunos parlamentarios oficialistas, incluyendo a los comunistas, no está completamente aclarada la relación de Pérez con la abogada Leonarda Villalobos, quien trabajaba con Hermosilla y cuya grabación de una conversación en la que se daba cuenta de posibles coimas detonó la crisis del Poder Judicial. Pérez y el esposo de Villalobos, Luis Angulo, trabajaron en Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Además, entre los senadores PC había molestia por la poca delicadeza que tuvo el gobierno al proponer a la jueza López, quien en el pasado aplicó la figura de la “media prescripción” (una rebaja de penas) a condenados por violaciones a los derechos humanos.

Si bien López, en su exposición ante la Comisión de Constitución del Senado, donde Pascual es integrante, había aclarado que cambió su criterio jurídico y no siguió aplicando la media prescripción por recomendación de organismos internacionales, su explicación no fue suficiente.

Para el PC, los hechos en los que López apoyó las rebajas de penas, que luego fueron revertidas en la Suprema, eran demasiado sensibles: los casos Villa Grimaldi, Operación Colombo y Conferencia II (relacionado con el asesinato y desaparición de varios dirigentes comunistas en dictadura). En estos casos, entre las víctimas figuran el padre de la diputada PC Lorena Pizarro y gran parte de la familia Recabarren González (el padre, sus dos hijos y su nuera embarazada de tres meses).

Aunque los senadores del PC se cuidaron de no criticar al Ejecutivo en sus discursos en la sala, su malestar era evidente.

Incluso, ante los sugerentes comentarios de algunos legisladores de que esas nominaciones del Poder Judicial y futuras designaciones -como la de Pérez para la Contraloría- eran parte de un gran acuerdo entre gobierno y oposición, la misma senadora Pascual (PC) se encargó de remarcar que al menos los comunistas no suscribieron ese pacto. “Algunas opiniones han planteado que esto es un acuerdo, donde (supuestamente) todos hubiéramos estado en ese acuerdo. Quiero manifestar que eso no es así”, sostuvo ese día en la sala.

Este examen de Gajardo en su nuevo rol de ministro, sin embargo, ya tuvo un apronte. El lunes pasado concurrió a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto para defender la partida de su cartera.

Si bien la votación en esta instancia es muy preliminar (faltan las resoluciones de la Comisión Mixta y de las salas de la Cámara y el Senado), el resultado no fue favorable, ya que, en esta subcomisión, con votos de la oposición, se rechazó el presupuesto de la Subsecretaría de DD.HH. y de la Defensoría Pública.