Quiénes son y qué hacen los operadores judiciales

A falta de un vocablo oficial en la RAE, en base al relato que hacen -sin grabadora de por medio- quienes conocen, frecuentan o viven el mundo de las cortes de justicia y tribunales, un "operador judicial" es aquel lobbyista que ofrece sus servicios a quienes aspiran a un cargo superior, léase llegar a ministro de Corte de Apelaciones o Suprema. O incluso para notario.

La acepción varía unos grados según a quien se pregunte, pero sílabas de más o de menos es la figura a la que le ha puesto un foco encima esta polémica que tiene enredada la nominación de la magistrada Dobra Lusic Nadal a la Suprema. Sus nexos con John Campos Benavides, descrito como su "operador" para conseguirle votos entre los senadores que han de zanjar este upgrade pasado mañana en la tarde, ha puesto en duda que consiga las 29 preferencias que necesita.

Sobre todo porque la ministra ha omitido relatar no solo que Campos fue sentenciado en 1997 por maltrato a menores, sino porque ella intercedió por él al recomendarlo para la 5° Notaría de San Miguel ante otra jueza.

Campos Benavides se define en su blog personal con un sonoro "Abogado. Doctorando UPV/EHU. Máster en Derecho UPV/EHU. Experto en Derecho y Política Contemporánea U. de Lleida, España. Postítulo en DD.HH. UNIMORE, Italia. Diplomado en Teología U. del Maule". Nada de operador ni lobbyista, aunque sea uno de los más mencionados en tan especializado ámbito.

Básicamente -cuentan tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo, y también abogados con décadas de circo- lo que hacen estos personajes (algunos consultados usan otros términos y adjetivos que dejaremos pasar por esta vez) es presentarse ante un ministro que aspira llegar a la Suprema o una Corte de Apelaciones, y ofrecerle sus servicios.

Generalmente -cuentan quienes han presenciado este "procedimiento"- lo hacen resaltando un par de méritos del magistrado(a) y garantizándole de entrada que tienen acceso a votos en el Senado (donde se zanjan las postulaciones a la Suprema propuestas por el Ejecutivo) o al ministro de Justicia (que en nombre del Presidente resuelve las que van a una Corte de Apelaciones). Y que moverán esas influencias por él o por ella. También ocurre en el caso de las nominaciones de notarios públicos.

"Si usted quiere llegar a la Corte, yo lo ayudo", es la frase tipo que usan en estos casos.

¿Lo hacen? ¿Es su intervención tan decisiva? Se supone. Por algo llevan años ahí. Suelen ser abogados u personas que conocen a magistrados desde varios peldaños atrás, con muchos cafés y almuerzos de por medio, relatan las y los entendidos.

Hay confianzas, o al menos una sensación de: pueden haberse conocido como litigantes, en una comida u otro evento. Lo clave, explican en ese ambiente, es que tienen o dicen tener contactos políticos.

Un jurista al que tampoco se identificará en esta nota cuenta que los estilos y maneras de los operadores judiciales pueden no ser un ejemplo de delicadeza y versallesca elegancia. Para nada. Lo mismo relatan otros conocedores de tribunales.

Incluso, algunos recuerdan la caricatura de la figura del tinterillo en el sistema judicial antiguo: ese funcionario que se las arreglaba para saber antes qué iba a resolver un juez en equis caso, y luego iba donde los familiares del afectado ofreciéndoles conseguir su libertad previo pago de un emolumento.

"El problema es que después te dejan comprometido. A veces, para siempre", relata un habitual de tribunales. Cómo se cobra tamaño servicio, es otra pregunta.

No forman parte del escalafón del Poder Judicial, pero están ahí. Campos es una cara conocida en el Palacio Montt Varas -aunque algunos de sus habitantes dicen que no se le ha vuelto a ver últimamente-, al igual que Eugenio González. Ambos son los nombres más mencionados,  aunque dicen que hay otros.

González es un caso aparte. Se ha jactado de que sus tentáculos han instalado a varios jueces en la Suprema, y el año pasado relató casi de memoria su conteo sobre qué senadores estaban con quién ante la nominación del juez Javier Moya para reemplazar a Carlos Cerda en la Suprema.

Esa vez dijo, acá, en La Tercera PM, que "el ministro obtuvo 9 votos en el pleno, y hasta ahora tiene: 6 votos seguros en el PPD; de los tres independientes lo apoyan Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, porque Carlos Bianchi está con Silva; la DC no ha tomado una decisión fundamental porque Francisco Huenchumilla y Ximena Rincón apoyan a Silva. Y Pizarro sigue a la espera de resolver su situación judicial…"

Un habitual de tribunales aún se pregunta por qué ante tal confesión no se le investigó por tráfico de influencias, dice.

Con la polémica a raíz del caso Lusic y Campos sobre la mesa, cuesta encontrar opiniones sobre los operadores judiciales, tanto entre abogados como senadores. Quienes están, por ejemplo, en su primer período en el Congreso dicen que aún no les ha tocado esta experiencia. Otros tampoco. Pero algunos sí mangfiestan su parecer.

Felipe Harboe (PPD) cuenta que las veces que han intentado tomar contacto con él, sencillamente no los recibe. "No me ha tocado recibir a estos operadores judiciales, creo no debieran estar permitidos. Ministros y ministras no necesitan intermediarios para relacionarse con el mundo político, las trayectorias hablan por sí mismas", dice.

Su par Jacqueline van Rysselberghe (UDI) relata que "nunca me han contactado y no los conozco. Creo que en el escenario que vivimos hoy, esto no le hace bien a instituciones que hoy están siendo cuestionadas".