Tía de Crispi reconoce ante fiscales haber apurado convenios con fundaciones aunque descarta gestiones en favor de Democracia Viva

Por alrededor de cuatro horas fue que el pasado 18 de abril Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, declaró como testigo en el marco del caso Democracia Viva.

Fue la segunda vez que se le tomó declaración, pero en esa oportunidad los encargados de la diligencia fueron los titulares del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el persecutor jefe Cristián Aguilar. Así, la arquitecta respondió a más de 50 interrogantes que se le plantearon e insistió en que mientras estuvo en el cargo nunca supo de irregulares.

Negó, en el mismo sentido, haber ejercido presiones sobre los implicados, aunque sí reconoció que apuró la ejecución presupuestaria y, así, la suscripción de convenios.

De esta forma, luego de que los investigadores le exhibieran el correo donde le mencionaba al exseremi Carlos Contreras -formalizado por tres delitos de fraude al Fisco en medio de esta causa- que debía apurar los convenios, indicó: “Sí reconozco el correo, la causa de la urgencia era que Antofagasta era la región con más retraso en la ejecución del programa, solo le estaba contestado un correo, no era habitual, apuré la ejecución presupuestaria, al igual que en otras regiones, particularmente en Antofagasta por tener el mayor retardo en la ejecución del programa y por involucrar un importante monto de recursos, que no se habrían podido ejecutar”.

Con todo, recalcó que el fin era solo cumplir con lo establecido, por lo que negó haber realizado gestiones en favor de una fundación en particular.

“Mi rol era nacional, no tuve nada que ver con lo resuelto a nivel regional, menos conocía a Democracia Viva, ni su giro, ni cuándo se creó, nada particular de ella, ni tampoco conocí a Daniel Andrade, no me correspondía saberlo. A Carlos Contreras lo conocí en su cargo. No tuve participación con ninguna fundación”, subrayó.

Y enfatizó, en el mismo todo, que “nunca presioné a Carlos Contreras ni a nadie, solo hice mi trabajo de la mejor forma, nunca supe de las personas que tenía contratadas, ni menos que trabajaban en cosas de la Seremía ajenas al convenio respectivo”.

Respecto a la revisión que pudo o no haber hecho en razón de los convenios que la Seremi suscribiría con Democracia Viva, Serrano indicó que solo en una oportunidad visó una reasignación de recursos.

“No intervine, salvo una reasignación que propuso el exseremi Contreras en el mes de octubre de 2022, por 112 millones que se reasignaron a Tomarte y Democracia Viva, por partes iguales, 56 millones para cada una. No me pareció mal porque la receptora original no podía realizarlo, y mi equipo no objetó nada al respecto, ya que no se alteró la línea de inversión ni los campamentos beneficiados”, manifestó.

De todas maneras, hizo presente que era al Serviu y no la Seremi la que debió haber hecho la selección de las fundaciones, aunque el proceso no estuviera reglado.

“La definición del plan de inversión corresponde al Serviu y esa propuesta la autoriza u observa el nivel central; en el caso de Antofagasta, el jefe de la División de Política Habitacional. Quien realiza la propuesta de las fundaciones receptoras es el Serviu, a través del Programa de Asentamientos Precarios, luego la autoridad central lo aprueba u observa y finalmente el seremi suscribe el convenio, verificando que las entidades receptoras no tengan saldos por rendir”, sostuvo.

Agregó, en línea, “que el nivel central solo revisa que no hubieren rendiciones pendientes y que si hubiera dinero para la transferencia, sobre las características de la fundación seleccionada es resorte regional verificar su experiencia e idoneidad”.

No era raro, complementó, que aparecieran fundación “por definir”, pues, como indicó, “era algo que podía pasar”.

Manifestó que no hizo reparos, tampoco, por el hecho de que se ampliara el catálogo de fundaciones, aunque con condiciones. “Recuerdo una reunión en Antofagasta, el 20 de junio de 2022 en la Seremi, en la que me consultaron si era posible ampliar las fundaciones para el PAP, y les dije que no tenía inconvenientes para incorporar otras fundaciones que hubieran tenido un buen desempeño en otras regiones, con experiencia en el área del convenio respectivo”.

En medio de su declaración, la profesional también se refirió a la contratación de funcionarios con cargo a dineros de los convenios: “En Antofagasta me sorprendí cuando me enteré en visita que en el Serviu había contratadas personas con cargo a los convenios vigentes, que se habían firmado en el gobierno anterior, y como estaban firmados por el seremi de la época entendí que era legal y nada impropio, más adelante me preocupé que en la petición que me hicieran a mí para futuros convenios se acotara a no más de tres personas y que las funciones que desempeñaran estuvieran expresas en el convenio vinculadas al mismo convenio, no a otras tareas”.

De la misma forma, más adelante, manifestó: “Nunca supe de las personas que tenían contratadas, ni menos que trabajaban en cosas de la Seremía ajenas al convenio respectivo”.

“Nunca autoricé a Carlos Contreras para realizar cosas irregulares, nunca estuvo autorizado para contratar personas y trabajar en la Seremía con cargo a los convenios en cosas ajenas a los campamentos del respectivo convenio”, recalcó.