Todo o nada: Ley de Usurpaciones pone a prueba la ‘nueva mayoría’ oficialista en la Cámara

Una delicada jornada legislativa enfrentará esta tarde el gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A partir de las 17 horas, la Sala comenzará la discusión de dos controversiales iniciativas de la agenda de seguridad ciudadana, compuesta por 31 prioridades acordadas entre La Moneda y autoridades del Congreso.

En el primer lugar de la tabla está el proyecto que penaliza el porte de combustibles en un contexto de manifestaciones callejeras y, en segunda ubicación, la ley que busca endurecer medidas por usurpaciones de terrenos (tomas ilegales).

Si bien estas iniciativas contaban inicialmente con el visto bueno de La Moneda, las modificaciones que sufrieron en el trámite legislativo, especialmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara, terminaron alterando la disposición del oficialismo.

En el caso del porte de combustible, la intención del gobierno sólo era aplicar una multa, pero las fuerzas de derecha que, son mayoría en la mencionada comisión, le incluyeron penas de cárcel.

No obstante, la situación más delicada e ideológicamente “inaceptable” para la alianza gubernamental -que incluso ha advertido que podría recurrir al Tribunal Constitucional o a un veto del Presidente Gabriel Boric para impugnar la norma- se da en la Ley de Usurpaciones. En esta iniciativa, la oposición incorporó una disposición de “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” -describen en el Ejecutivo- terrenos ocupados. Esta figura, conjugada con el principio de “flagrancia permanente” (es decir, mientras el predio esté tomado se sigue cometiendo el delito y la policía o los propietarios civiles pueden intervenir en cualquier momento) generaría -a juicio de La Moneda- un escenario de mayor violencia.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha sido quien ha encabezado las críticas a este punto durante la tramitación legislativa del proyecto. De hecho, hace dos semanas planteó que el texto tal como estaba quedando era “una bomba de inseguridad”.

La apuesta del Ejecutivo es tratar de reponer en la Sala sus indicaciones, que habían sido rechazadas en la Comisión de Seguridad, apelando a la eventual mayoría que había logrado el oficialismo semanas atrás y que quedó en evidencia en la elección de Ricardo Cifuentes (DC) como nuevo presidente de la Cámara y en el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Sin embargo, hay parlamentarios de sectores no alineados con el gobierno ni la oposición, como la DC o el Partido Demócratas, que, en esta ocasión, están más cerca de apoyar la postura de la derecha para permitir las recuperaciones de terrenos.

El diputado oficialista Jaime Araya (independiente PPD), quien es parte de la Comisión de Seguridad, cree que el resultado de la votación de hoy, que se realizará cerca de las 19 horas, dependerá de las asistencias. Si bien dice que él apoyará las indicaciones del Ejecutivo, dice que ve difícil que se aprueben. “Se estuvo trabajando todo el fin de semana para lograr una mayoría, pero en lo personal soy escéptico”, agrega.

El diputado Raúl Leiva (PS), quien integra la misma comisión, añade que el gobierno, en teoría, debiera tener una mayoría, “pero esa seriedad y responsabilidad es la que vamos a poner a prueba ahora... Es un panorama complejo”.

No obstante, el diputado Eric Aedo, quien representa a la Región del Biobío, comenta que respaldará la norma que propone la comisión, a pesar de la resistencia de La Moneda. “Soy partidario de la legítima defensa privilegiada”, comenta.