Tohá vive sus horas más oscuras en el Congreso tras polémica advertencia sobre ley de usurpaciones

“¿Por qué no ingresaron un veto aclarando eso (para corregir el presunto efecto judicial en campamentos)?”, expresó ayer molesto el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, al término de la tensa sesión donde la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), defendió las observaciones presentadas por el Presidente Gabriel Boric a la ley de usurpaciones.

En la ocasión, la secretaría de Estado había instalado una suerte de “bomba jurídica”: si el proyecto despachado por el Congreso no era corregido con estas observaciones (“vetos” en la jerga legislativa) existía un riesgo de que los pobladores de campamentos históricos podrían ser objeto de condenas de cárcel por parte de los tribunales.

A pesar de la alarma y el malestar que provocaron las palabras de la ministra, una de las conclusiones que emanó del encuentro es que había que resolver pronto el conflicto por la ley de usurpaciones, si no, el debate se iría contaminando cada vez más.

De hecho, algunos legisladores de izquierda, que prefirieron no opinar en público, admitieron su malestar de que el gobierno no advirtiera este efecto en el trámite legislativo.

La misma inquietud se instaló en la derecha, cuyos parlamentarios también han construido lazos con electores que viven en tomas históricas, surgidas de necesidades habitacionales.

De hecho, el ánimo que siempre imperó en la discusión fue que la ley de usurpaciones debiera tener un criterio distinto para ocupaciones que incluso tienen años de existencia. Esa voluntad se manifestó en una solicitud que hicieron senadores de la oposición y del oficialismo al propio gobierno para que planteara una indicación que hiciera esta salvedad.

Por ello, en la oposición, donde aún existían dudas de que la versión de la ministra fuera cierta, cuestionaron al Ejecutivo de que el veto que proponía para corregir este tema tampoco resolvía el problema planteado por Tohá. Además, recordaban que el artículo transitorio que hacía las excepciones para los campamentos (con el fin de que sus pobladores no fueran detenidos por flagrancia ni fueran objeto de desalojos anticipados), había sido redactado por el propio gobierno.

La senadora UDI Luz Ebensperger, quien además preside la Comisión de Constitución, dijo que la “ministra se pasó varios pueblos” al atribuirle a la derecha una intención de querer encarcelar a pobladores en tomas históricas y reconocidas por el Ministerio de Vivienda. De hecho, esas afirmaciones motivaron una carta de reclamo de los 25 senadores de Chile Vamos y del Partido Republicano.

Además, recalcó que el artículo transitorio que tomaba resguardos con los campamentos lo redactó el gobierno. “Si ellos creían que quedó malo debieron haber arreglado (con el veto), cosas que tampoco hicieron”, agregó la senadora, que en todo caso puso en duda la interpretación jurídica de la ministra, pues las normas penales no tienen retroactividad y, en ningún caso, aunque la ley de usurpaciones suba a presidio la pena, no afectaría a la gente que vive hoy en tomas. “El principio pro reo se aplica en su totalidad (la norma menos gravosa siempre favorece al imputado)”, comentó la legisladora, quien señaló que “la ministra o sabe poco de derecho o interpretó maliciosamente la norma”.

El senador del Partido Republicano Rojo Edwards dijo que Tohá “profirió un insulto” a la oposición y “lo que está tratando de hacer ahora el gobierno es enredar lo que ocurrió”. “Quiero denunciar que el artículo transitorio (que favorecía a los campamentos) que se legisló y fue aprobado por nosotros, para que no tuviera el efecto en las personas en campamentos, fue redactado por el gobierno. Lamento que vengan a decir que fue un problema del Congreso, que por cierto si habrá un error, que tendrán que determinar abogados penalistas, sería un error del gobierno”.

Al nuevo foco de tensión entre Tohá y los senadores de derecha se suma la difícil relación que ya tiene la ministra con los diputados de Chile Vamos, no así con los representantes republicanos en la Cámara Baja que han optado por no exacerbar el discurso crítico con ella.

El problema para la ministra es que esta semana sufrió un revés adicional en la Cámara con el despacho a ley de la norma que penaliza el porte injustificado de combustibles en un contexto de protestas.

Pese a que la jefa de Interior pidió a los diputados rechazar los últimos cambios a la iniciativa para llevar el proyecto a una comisión mixta, con el fin de forzar una nueva negociación, 83 legisladores aprobaron, solo 45 rechazaron y 8 se abstuvieron. Aunque la iniciativa había sido enviada por el Ejecutivo, la propuesta inicial solo contemplaba multas, pero la oposición impuso una mayoría para subir la sanción a presidio.

El llamado de Tohá a no aprobar estos cambios, sin embargo, fue desoído por siete legisladores oficialistas que votaron a favor: los liberales Alejandro Bernales, Sebastián Videla (independiente) y Luis Malla; los radicales Cosme Mellado y Alexis Sepúlveda, y los PPD Raúl Soto y Héctor Ulloa (Indep.).

Al argumentar su voto, Raúl Soto criticó la falta de diálogo de parte de Interior y justificó su descuelgue en la tolerancia que ha tenido el Ejecutivo con los parlamentarios del Frente Amplio y del PC. “Si hay libertad de acción en materia de seguridad tiene que ser para todos. Lo que debe haber primero es coordinación, diálogo legislativo, y eso hoy día el gobierno no lo está haciendo. Hay que definir cuál va a ser la línea del gobierno en seguridad, si la de Apruebo Dignidad o la de Socialismo Democrático”, dijo el expresidente de la Cámara.

La tensión de la secretaria de Estado con ciertos legisladores de su propio partido también se extiende a los diputados del Frente Amplio y el PC, donde abiertamente han marcado su discrepancia por la política de seguridad y la agenda legislativa de Tohá.

En el oficialismo mencionan que, en una de las reuniones de coordinación de la titular del Interior con legisladores oficialista, realizada hace dos semanas en La Moneda, la diputada Maite Orsini le habría reclamado el patrocinio a la ley de usurpaciones, que, si bien su resultado no fue del agrado del Ejecutivo, fue impulsada desde el gobierno.

Fuentes de Palacio, sin embargo, desdramatizan ese episodio y lo atribuyen a la vehemencia de algunas palabras. “Pero no hubo fricción”, señalan.