Tohá se juega su última carta para crear un “sheriff” regional en nuevo Ministerio de Seguridad

El ambiente estaba un poco tenso al inicio de la sesión de la comisión mixta, conformada por diputados y senadores para resolver los nudos del proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Las últimas indicaciones del gobierno, que buscaban dar una respuesta a los puntos pendientes de la discusión, recién ingresaron anoche a las 23.30 hrs., por lo tanto, ante la necesidad de dar una revisión a la propuesta gubernamental, el presidente de la comisión, el senador Iván Flores (DC), algo molesto, se negó a votar este martes, dejando pendiente la resolución de esta iniciativa para el próximo lunes en la mañana hasta total despacho.

Al margen de las tensiones, en sus indicaciones la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien ha sido la encargada de tramitar esta reforma -iniciada en 2021 en el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera- se jugaba sus cartas finales para destrabar la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, cuyo despacho se viene postergando por distintas diferencias políticas y jurídicas desde el año pasado.

En las indicaciones Tohá insistía con la figura de una nueva autoridad regional que será el responsable del Ministerio de Seguridad en cada territorio a cargo de dirigir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), una suerte de “sheriff” en cada región, a la usanza del antiguo modelo anglosajón, que luego operó en el oeste de Norteamérica.

En el primer trámite en el Senado, esta autoridad regional se iba a denominar “comisionado”, pero tras un intenso debate que se dio en la Cámara, la secretaria de Estado se inclinó para que esta autoridad sea un “secretario regional ministerial” (seremi) de Seguridad Pública, ciñéndose a la nomenclatura que ya existe para los representantes que tienen las carteras de Estado en cada zona.

La gran diferencia es que este nuevo seremi tendría la estratégica responsabilidad de conducir a las policías y está obligado a actuar ante cada requerimiento del delegado presidencial en la región, por ejemplo, para intervenir en desórdenes públicos o episodios de criminalidad.

Este modelo siempre fue el que defendió Tohá; sin embargo, ahora esta indicación del Ejecutivo supuestamente tendría el visto bueno técnico de asesores parlamentarios que trabajaron en esta fórmula de salida.

Según el proyecto, el Ministerio de Seguridad Pública ejercerá las funciones de control administrativo, financiero y disciplinario de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la supervisión de la gestión policial en el ámbito estratégico, tareas que a nivel regional serán ejecutadas por el nuevo seremi.

Tohá explicó que esta fórmula regional no es distinta a la que opera a nivel nacional, pues cuando el Presidente de la República considera que hay un hecho de orden público grave “llama al general de Carabineros, me llama a mí o llama al subsecretario y dice: lo que se está haciendo es insuficiente, refuercen, hagan otra cosa. El delegado debiera funcionar de la misma manera”.

La ministra comentó que “el delegado es el representante del Presidente. Y cuando el delegado ve que está la embarrada, porque en los colegios los baños no funcionan, tiene que llamar al seremi de Educación o puede llamar al ministro... Y cuando hay un problema en transporte, porque todos los días en la mañana hay unos tacos infernales, llamará al seremi de Transportes o al ministro... Bueno, en seguridad debe ser lo mismo. Eso no significa que el delegado se lava las manos o se desentiende, pero administrativamente y del punto de vista de las competencias sectoriales tiene un (seremi) especializado... que se encargará del personal de la seguridad... Pero el delegado está encima suyo”.

Pese a los argumentos de Tohá y al visto bueno de los equipos técnicos, algunos legisladores de oposición mantenían dudas y prefieren que el control de las policías siga en manos de los delegados, pero dado el plazo definitivo para despachar este punto (uno de los últimos nudos), solo quedaría votar o hacer algunos ajustes formales a la propuesta de gobierno.

El otro nudo pendiente era la decisión de varios legisladores de la comisión mixta de revisar las atribuciones del subsecretario de Seguridad Pública para pedir informes de inteligencia, dadas las sospechas de que el exsubsecretario Manuel Monsalve presuntamente abusó de estas potestades.

El tema también quedó para el lunes. Sin embargo, en este punto Tohá propuso resolver esa materia en la reforma al Sistema de Inteligencia para que los respectivos informes siempre cuenten con el consentimiento de una segunda autoridad, a modo de reforzar los controles y evitar los abusos.

Al inicio de la sesión los legisladores tuvieron que ponerse de acuerdo, en pos de acelerar la discusión y despachar el proyecto, sobre cuándo iban a tener la próxima sesión. Aunque en primer lugar acordaron el lunes, a las 9.30 en el Congreso de Santiago, finalmente optaron por sesionar en la sede de Valparaíso hasta total despacho.

Pese a que es un acuerdo meramente administrativo, de igual manera tensionó el comienzo del debate.

“No se ponga guaripola del trabajo”, le espetó Diego Schalper (RN) al presidente de la comisión, Iván Flores (DC), a lo que el senador respondió: “Yo no tengo problemas para que trabajemos mañana y esto no es llevar la bandera ni la guaripola de nada”.

En cuanto al contenido, lo que generó la discusión fueron los requisitos que debe cumplir la persona designada para el cargo de seremi. Entre otros, se establece que debe poseer un título profesional de carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración; tener tres años de experiencia profesional previa en aspectos de seguridad, y ser mayor de 30 años de edad.

“Yo creo que es una discusión, no voy a decir absurda, pero si un ministro que representa al administrador del Estado no tiene el requisito que va a tener un seremi que tiene otro nivel jerárquico, hay que darle una vuelta”, sostuvo Flores.

Inmediatamente, la ministra se hizo cargo del punto afirmando que “hoy día se nombran jefes de servicios que tiene requisitos muy superiores a las autoridades superiores que están en cargos de políticos como son los ministerios, porque son cargos más técnicos con una visibilidad desde el punto de vista ciudadano muy distinta a la que hay cuando se nombra un gabinete”.

“Los que hay más arriba tienen un control social, de opinión pública, de otro calibre que los que hay en los niveles inferiores o técnicos”, complementó la titular de Interior.

Respecto a los requisitos profesionales, el diputado Henry Leal (UDI), por su parte, señaló que debería especificar aun más cuáles iban a ser y cómo se iban a acreditar.

A su turno, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se dirigió al resto de los parlamentarios. “No legislemos pensando en Santiago”, lanzó.

El punto de la senadora tuvo relación con que la idoneidad profesional que se establece en la norma no iba a poder aplicarse en regiones, zonas donde, a juicio de la senadora, difícilmente podrían encontrarse profesionales con todos los requisitos que se indican.