Tráfico de influencias: exdirector de Inteligencia del Ejército pide excluir al INDH como querellante

Poco más de un año ha estado en prisión preventiva el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, quien junto al exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete son imputados en la denominada “Operación Topógrafo”. Causa en la que se les imputa por 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, entre ellos en contra de periodistas.

En ese contexto, el Ministerio Público durante las últimas semanas ha abierto una nueva arista, esta vez para investigar presuntos delitos de tráfico de influencias, el cual surgió a partir del registro de las comunicaciones del exmagistrado. Nueva causa en la cual, en una polémica y cuestionada decisión, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidió querellarse, siendo acogido por el tribunal. Decisión que la defensa de Nazal busca que se revierta y ante lo cual solicitó la exclusión de la causa del organismo encabezado por Consuelo Contreras.

Y es que la decisión de querellarse, en contra de quien resulte responsable, no solo ha generado cuestionamientos del mundo político, luego de que se mencionara en esta acción judicial al candidato a alcalde de Santiago Mario Desbordes (RN), sino que también desde el mundo jurídico.

Controversia que ha escalada más aun luego de que se conociera el acta de la sesión en que el INDH decidió presentar la querella. En esta se da cuenta de cómo el consejo habría recibido los antecedentes de parte de la Fiscalía para ingresar la cuestionada acción judicial.

Y es precisamente ese procedimiento el que generó que la defensa del exdirector de la DINE, encabezada por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, ingresara un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para pedir que se discuta la exclusión de querellantes en esta causa, precisamente del INDH.

El escrito ingresado por Manríquez da cuenta que el próximo 28 de junio está fijada una audiencia de revisión de las medidas cautelares de Nazal, instancia en la que pide, además, que se autorice para discutir la exclusión de los nuevos querellantes.

La defensa de Nazal apuntaría a que se discuta la exclusión del consejo o bien que deje la causa de “Operación Topógrafo” el consejero del INDH Francisco Ugás, quien es abogado defensor de una de las víctimas de ese caso, el excapitán de Ejército Rafael Harvey. Aquello también ha sido cuestionado desde la oposición, incluso por Desbordes, quienes apuntan a un posible conflicto de interés.

Si bien el escrito ingresado por la defensa del exdirector de la DINE apunta a que los antecedentes que fundamentan su solicitud se expondrán en la audiencia del 28 de junio, estos se centrarían en la forma en la que Fiscalía entregó los antecedentes al INDH, precisamente el informe de la PDI que exponía las conversaciones entre Poblete y altos funcionarios del Poder Judicial.

Consultado al respecto, el abogado Juan Carlos Manríquez señaló que “ese organismo, sus consejeros y un medio de comunicación, según entendemos, tenían en su poder el informe PDI varios días antes al que se dio a conocer con una interpelación al exministro Mario Desbordes. Sin embargo, el fiscal (Jaime) Retamal se lo comparte ‘en reserva solo a los querellantes’ sin haberlo hecho llegar a este abogado defensor, que lo recibió la tarde anterior a la audiencia de revisión de la medida cautelar que pesa sobre el general (R) Shafik Nazal, imputado en dicha causa, que revisamos el 6 de junio”.

En esa línea, agrega que lo que “buscan claramente es afectar la posición de algunos litigantes, dejándolos en notoria desigualdad de armas e inferioridad numérica en los debates, que muchas veces se ven subsidiados por esas filtraciones previas más que por la macicez de sus estrategias o por las evidencias. Rara vez los tribunales los excluyen por “sobreabundantes”.

En la misma audiencia del próximo 28 de junio, la Fiscalía también solicita reformalizar a Nazal por dos nuevos hechos, según da cuenta el escrito ingresado por la defensa del exdirector de la DINE. Esta solicitud, a juicio de los abogados del imputado, vulnera sus garantías.

Lo anterior, porque la Corte Suprema “ha señalado que la reformalización únicamente puede limitarse a precisar hechos ya formalizados, pero en ningún caso se podrían agregar nuevos hechos que alteren el núcleo sustancial de la formalización, lo que ocurre cuando se expande a hechos no contemplados en la formalización original”.

En ese sentido, agrega que el imputar dos nuevos hechos escapa de los límites jurídicos de esa instancia, y que podría provocar la ampliación del plazo de investigación y consigo de la prisión preventiva. Aquello, según el escrito, “vulnera igualmente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, puesto que, en una investigación ya avanzada, se podría ver esta defensa compelida a necesitar la ampliación del plazo de investigación para pedir diligencias respecto de esos nuevos hechos y generar la prueba de descargo”.

“Se terminará extendiendo la investigación y como consecuencia de ello la prisión preventiva u otras medidas cautelares decretadas respecto del señor Schafik Nazal Lázaro, puesto que ahora existen nuevos hechos que investigar y respecto de los cuales el imputado debe defenderse”, concluye el escrito.

Por lo mismo, la defensa de Nazal solicita al Séptimo Juzgado de Garantía que se deje sin efecto la solicitud de reformalización para el próximo 28 de junio. Día en el que también, si es que el tribunal lo autoriza, debería resolverse si se excluye o no al cuestionado INDH como querellante en la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias.