Tras fallo del TC, Contraloría crea unidad para salvaguardar derechos de trabajadores públicos

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) estableciera hace algunas semanas, en una sentencia dividida, que los funcionarios públicos no tienen derecho a tutela laboral, la que sí rige a quienes operan con el Código del Trabajo, la Contraloría determinó crear una Unidad de atención de reclamos funcionarios, al amparo del artículo 160 del estatuto administrativo, destinado a que se puedan canalizar denuncias como despidos arbitrarios por razones políticas o acoso laboral.

La medida cuenta, además, con un procedimiento especial electrónico con plazos acotados y se da en medio de la tensión interna que ha marcado el devenir de la entidad en los últimos meses: la situación de la subcontralora Dorothy Pérez, quien retornó a su puesto, tras haber sido removida por el contralor Jorge Bermúdez, luego de que la Corte Suprema determinara que su despido fue ilegal y que debía ser reintegrada. Como es sabido, Pérez ha dicho a su entorno que ha percibido hostigamiento por parte de Bermúdez e incluso parlamentarios de la UDI anunciaron por estos hechos una acusación constitucional que no se concretó; por su parte, los cercanos a Bermúdez niegan cualquier actitud en contra de Pérez y apuntan a que se le han entregado todas las facilidades para su buen desempeño. Ahora, si Pérez tuviera alguna queja, debería acudir a la nueva ventanilla creada por Bermúdez.

Más allá de si Pérez usará o no la oficina de reclamos, lo cierto es que su pugna con Bermúdez está lejos de terminar. El pasado 13 de diciembre, la abogada entregó antecedentes al Ministerio Público de una situación que a su criterio podría constituir prevaricación administrativa, revelación de secreto agravado y apertura ilegal, registro y difusión de correspondencia, luego de que en un sumario administrativo por la deficiente fiscalización de Carabineros, ordenado por Bermúdez, se abrieron los correos de ocho funcionarios, entre ellos el de Pérez, la ex subcontralora Patricia Arriagada y Sonia Doren.

La acusación de Pérez ante la Fiscalía Centro Norte sería asumida por la fiscal Ximena Chong, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.