Tras intensas gestiones de rectores: Congreso acuerda postergación de mayores requisitos para estudiar pedagogías

El gobierno -y en particular el Mineduc- aún saboreaba el martes la aprobación en general de su proyecto que supera el CAE en la Comisión de Educación de la Cámara cuando en el Senado sufrían un revés: en el marco de las indicaciones ingresadas a la Ley de Reajuste del Sector Público, al Ejecutivo le fue rechazada la norma que permitía extender hasta 2026 la entrada en vigencia y las exigencias de los requisitos para admitir y matricular en las carreras y programas de Pedagogía del país, causando una indignación más o menos transversal en los rectores de las universidades chilenas.

“Esta decisión del Senado es un duro golpe a la educación chilena, puesto que, sabemos, impactará gravemente el ingreso a las pedagogías, profundizando aún más el déficit de profesores que ya es evidente en las zonas rurales, donde vive la población más vulnerable del país”, decía al respecto Luperfina Rojas, rectora de la U. de La Serena.

Para entender el conflicto hay que remontarse a los orígenes de la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Ella traía consigo algunas modificaciones a otras normas buscando mejorar la calidad de la educación en Chile y, en particular, de los profesores. Uno de los cambios apuntaba a aumentar de manera progresiva los requisitos para acceder a estudiar Pedagogía, pasando de 500 puntos mínimos en 2017, a 550 en 2026, elevando los percentiles de corte en el ingreso.

A sabiendas de estos cambios, fueron los mismos rectores los que alzaron la voz, comenzaron a presionar y le pidieron reiteradamente tanto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, replantear la pertinencia de la medida sobre el alza de puntajes, argumentando que bajaría la cantidad de estudiantes habilitados para ingresar a estudiar pedagogías, profundizando el déficit que tiene el país.

Y aunque algunos expertos advertían que postergar la entrada en vigencia de las mayores exigencias de ingreso atentaría contra la calidad de profesores que busca la ley, lo cierto es que la cartera educativa tomó cartas en el asunto, introduciendo un artículo en la Ley de Reajuste (al ser una ley periódica, el Ejecutivo se aseguraba de que entrara en vigencia el 1 de enero) que lo que hacía era postergar de 2025 a 2026 la entrada en vigencia de esos requisitos adicionales -y superiores- para el ingreso a carreras de Pedagogía.

Pero este martes el Senado dijo otra cosa, haciendo explotar a los rectores, quienes apuntaban su enojo a dos actores: el propio Congreso, pero también al Mineduc, hasta donde abundaron los llamados haciendo saber del descontento. Luego, la comunicación se extendió con los parlamentarios.

Eso, de hecho, fue transparentado por varios de ellos durante la comisión mixta que terminó resolviendo finalmente el nudo de este y otros dos artículos (referidos a las policías) transparentaron que durante este miércoles recibieron diversos llamados de rectores de universidades, quienes puertas adentro hablaban de un quiebre con el gobierno, justo en momentos en que en paralelo se discute el FES.

Los propios rectores, de hecho, hicieron oficial su reclamo durante la mañana de este miércoles, cuando el consejo envió un oficio a Karol Cariola en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados. “El Cruch expresa, mediante esta comunicación, su profunda preocupación por el rechazo en el Senado de la norma que proponía postergar hasta el año 2026 la entrada en vigencia del artículo 27 bis de la Ley 20.129. Este rechazo interrumpe un esfuerzo regulatorio clave para mitigar las graves consecuencias que se impondrán sobre el sistema educativo chileno, las que causarán un daño de una magnitud tal que será irreparable, y genera especial preocupación respecto del impacto sistémico que esta decisión tendrá sobre las políticas educativas”, señalaba el texto al que tuvo acceso La Tercera.

“La implementación inmediata de los nuevos requisitos de admisión no solo afecta a las instituciones formadoras, sino también compromete la capacidad del sistema educativo para responder de manera articulada y eficiente a los desafíos actuales y futuros en la formación docente, profundizando las brechas estructurales y limitando el desarrollo de estrategias integrales para fortalecer la calidad y equidad en la educación. Las estimaciones que tenemos, considerando el proceso de ingreso 2024, es que el número de seleccionados se reduciría en más de 5.000, afectando a 40 instituciones de educación superior con cerca de 300 carreras que no completarían sus vacantes, con especial impactos en regiones y zonas extremas”, se extendían.

Hacia el final de su carta a Cariola, el Cruch clamaba que la norma fuera repuesta, sometida a votación “y aprobada en el marco de la discusión legislativa, y así garantizar la continuidad de políticas públicas que fortalecen la educación superior, poniendo a disposición de las personas un sistema educativo de excelencia”. Y así fue.

Finalmente, la comisión mixta terminó por aprobar por unanimidad una nueva postergación de mayores requisitos para ingresar a pedagogías. Para ello, los parlamentarios firmaron un protocolo en el que se señala que “el Ejecutivo se compromete a presentar a más tardar en el mes de marzo de 2025, un proyecto de ley que actualice las exigencias para el acceso a las carreras y programas de Pedagogía, el que se tramitará con discusión calificada de suma”. Y se añade que “dicha iniciativa incorporará también medidas de atracción al talento pedagógico. Con todo, si el proyecto de ley antes dicho no estuviere vigente para el proceso de Admisión 2026, no podrá operar la prórroga de los requisitos establecidos en la Ley 20.903″.

Dicho acuerdo luego fue refrendado por el Congreso, que despachó la ley.