Tricel rechazó recurso con que Cathy Barriga buscaba evitar sanciones por “notable abandono de deberes” en su gestión en Maipú

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (Ind.-UDI) actualmente está cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional tras ser formalizada por reiterados delitos de fraude al Fisco. Esto, luego que el Ministerio Público haya investigado su administración, en la que fue acusada de dejar al municipio con un déficit de $31 mil millones.

A esto se suma el proceso administrativo electoral, el cual lleva adelante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el que recientemente rechazó un recurso interpuesto por su defensa, donde la otrora máxima autoridad de Maipú pedía que esta quedara sin efecto, aludiendo a que enfrentar dos causas -una penal y la otra electoral- podría traer “sentencias contradictorias”.

En la causa electoral que revisa el Tricel, Barriga es acusada de “notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa”, dice la acusación, la cual data del 2021, cuando un grupo de siete concejales, liderados por Ka Quiroz (ex-Comunes), fue hasta el Primer Tribunal Electoral a presentar un recurso donde cuestionaban una serie de gastos y acciones realizadas por su gestión. Estos pedían que se le inhabilite de ejercer cargos públicos, luego de que Contraloría haya acreditado irregularidades en su administración.

Frente a estas acusaciones y luego de haber sido formalizada por reiterados fraudes al Fisco ante el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 9 de febrero los abogados de la exalcaldesa presentaron una solicitud para que se desestimen las acusaciones ante el Tricel, apelando a que ambas apuntaban a los mismos hechos.

“Con el objeto de resguardar el derecho de defensa de mi representada y evitar la existencia de sentencias contradictorias y procesos paralelos es necesario suspender la tramitación de la presente causa”, se lee en el requerimiento presentado por el abogado Matías Mori.

Pese a la argumentación de los abogados de Barriga, el martes 20 de febrero los ministros miembros del Tricel -Sergio Muñoz, quien presidió, Mauricio Silva y Gabriel Ascencio- estimaron que el “Tribunal no logra la convicción de que con la suspensión del procedimiento en materia electoral se evite la existencia de sentencias contradictorias”, por lo que “se niega lugar a la solicitud”.

Ante esta decisión del tribunal electoral, la abogada Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento, Walker y García Abogados, y quien representa a los concejales, explicó a La Tercera que “las irregularidades tanto financieras como administrativas vulneran gravemente la probidad administrativa y constituyen un notable abandono de deberes de parte de la exalcaldesa de Maipú”.

En ese sentido, la abogada valora la decisión del Tricel, aclarando que la solicitud de Barriga era inviable, ya que “son procedimientos distintos, con abogados distintos, que buscan establecer responsabilidades que no tienen relación una con la otra. Este es el razonamiento que justifica la decisión del Tricel”. Agrega que, por otra lado, “la contraparte no ofreció ningún antecedente fáctico de cómo tener dos juicios abiertos perjudicaba su defensa”, sostuvo.

Los concejales, a través de sus abogados, habían solicitado que el recurso presentado por la defensa se rechazara. “Los tribunales electorales pueden obrar de oficio dictando las medidas que estimen necesarias para una adecuada resolución del asunto que conozca. La suspensión de los requerimientos es necesaria para evitar la dictación de sentencias contradictorias y trámites de procesos paralelos”, se lee en su escrito.

El resto del documento de siete páginas presentados al Tricel apela a las atribuciones que este tiene para desestimar acusaciones civilices cuando quien esté acusado enfrenta causas penales, que se basan en los mismos hechos.

Además, en el documento presentado por las querellantes, Sarmiento y Elisa Walker, resaltaron la necesidad de continuar el caso por el “principio democrático”, apuntando que la “estabilización del mandato de las máximas autoridades locales de actuar conforme a la Constitución y las leyes y la necesidad de determinar su responsabilidad en los graves hechos que se siguen en la presente causa”. Agregando que: “Suspender la causa podría producir graves perjuicios a los principios” democráticos, sostenían.

En ese sentido, la abogada Sarmiento reitera que existe una diferencia entre la responsabilidad penal y la que busca el Tricel, a diferencia de lo que sostenía la defensa de Barriga. “La justicia electoral no resolverá si se cometió o no un delito, sino que revisará si la exalcaldesa transgredió de manera manifiesta o reiterada las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal”, explica quien representó a los concejales ante el Tricel.

Sarmiento concluye que “quedan varias instancias judiciales, pero nuestro principal foco es que avancemos y que no se dilate más la tramitación del litigio”.

La segunda causa a la que hacía alusión la defensa de la otrora máxima autoridad de Maipú es la que se sigue en sede penal. Y es que a mediados de enero, luego de tres jornadas de formalización a los cinco implicados en el caso, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decidió dejar con arresto domiciliario total y con arraigo nacional a Cathy Barriga. Así, el juez Hugo Salgado desestimó la petición de la fiscal Constanza Encina, de decretar la prisión preventiva a la exalcaldesa.

A Barriga se le imputaron los delitos reiterados de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Las persecutoras estimaron que durante su administración en la comuna de Maipú se mantuvo una “gobernanza fraudulenta”, provocando un perjuicio superior a los 30 mil millones de pesos.

El Ministerio Publico apeló a la sentencia del tribunal para poder decretar la prisión preventiva. Sin embargo, esta fue desestimada y finalmente la exmodelo sigue cumpliendo la medida cautelar en su domicilio.

Además, durante esta semana se conoció que la exalcaldesa solicitó un tiempo para interrumpir su condena para asistir a sesiones de hipoterapia en el centro recreacional Secretos del Rancho, El Quisco. Justificándose en que esta es parte del tratamiento de su hijo.

Por ahora, la exalcaldesa deberá seguir enfrentando los dos procesos judiciales que existen en su contra, uno seguido por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el otro administrativo en el Tricel. Todo esto, tras un cuestionado paso por la Municipalidad de Maipú que la tiene en la mira de la justicia electoral y penal, arriesgando no poder ejercer nunca cargos públicos y, lo que es aun más grave, pagar con cárcel en caso de ser condenada en los tribunales criminales.