En mayo de 2021, el Consejo Nacional de Educación acordó revocar el reconocimiento oficial de la Universidad de la República (Ulare) por petición de la Superintendencia de Educación Superior (SES). Las razones apuntaban a la detección de graves falencias financieras y administrativas, por lo que de ahí en más comenzó un lento y judicializado proceso de cierre, que ahora suma un nuevo capítulo en la Corte Suprema.

La historia, eso sí, comenzó mucho antes: luego de revocado el reconocimiento, Jaime Torrealba fue designado como administrador de cierre de la Ulare en julio del año pasado. Sin embargo, no pudo concretarlo, porque las exautoridades de la casa de estudios obstaculizaron el cierre, ejerciendo funciones directivas sin autorización. “Desde el comienzo las exautoridades universitarias han impedido mi trabajo, no me dejan ingresar a la universidad y no entregan la información solicitada para este proceso que define la ley”, explicó Torrealba en la oportunidad.

En efecto: las autoridades de la universidad han seguido desarrollando sus actividades con “normalidad” y la institución, que alberga a más de 3.600 alumnos continúa funcionando. Las razones que esgrimen los directivos, encabezados por el rector Fernando Lagos, es que encuentran ilegal el proceso y que, mientras siga habiendo instancias judiciales, intentarán por todos los medios frenar el cierre.

Uno de esos medios fue presentar un reclamo en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la SES y que apuntaba a la ilegalidad del proceso. Pero el fallo unánime del 30 de diciembre pasado les fue desfavorable, toda vez que se rechazó el reclamo.

“Resulta evidente que la reclamante ya no cuenta con los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos necesarios para ofrecer los grados académicos y los títulos profesionales que pretende otorgar, revelando un deterioro sistémico irreversible, que ha tornado inviable el desarrollo del proyecto educativo”, plantea el fallo.

El escrito añade que “la precaria situación de la casa de estudios en cuestión significaba un riesgo latente de que, de manera intempestiva, y por tanto inadvertida, sus estudiantes quedaran en el desamparo absoluto, como asimismo los demás miembros de su comunidad universitaria, como son sus académicos, funcionarios y administrativos”.

Además, agrega el texto, “esta corte estima que la Superintendencia de Educación ha actuado en pleno ejercicio de aquellas facultades que le otorgan las leyes, velando en todo momento por los derechos e intereses de los estudiantes y por el estricto resguardo de todas y cada una de las garantías del debido proceso que establece la legislación, permitiendo a la U. La República, durante toda la sustanciación del procedimiento administrativo hacer uso de su derecho a defensa”.

En ese sentido, Jorge Avilés, superintendente de Educación Superior, señala que reciben el fallo “con mucha satisfacción, porque significa un espaldarazo a la nueva institucionalidad, la cual establece estándares más exigentes para las casas de estudios, validando el trabajo que esta superintendencia se encuentra realizando en la línea de anticiparse a situaciones de riesgo que puedan darse en las casas de estudios y así contribuir a proteger a las distintas comunidades educativas con las herramientas que la ley establece”.

Y agrega: “La sentencia ratifica que el procedimiento fue absolutamente apegado a la ley y respetó todas las garantías del debido proceso”. Se trata, añade la autoridad fiscalizadora, de un pronunciamiento “muy contundente, que fue adoptado por la unanimidad de la sala y que descarta todas las acusaciones con las que se intentó establecer un manto de dudas sobre el proceder, no solo de esta superintendencia, sino que de toda la nueva institucionalidad que rige al sistema de educación superior”.

Por su parte, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, asevera que la resolución no solo confirma que el proceso se desarrolló con apego a la ley, “sino que también se pronuncia sobre el fondo del asunto, siendo la corte muy enfática en señalar que la universidad no cuenta con los recursos financieros ni de gobernanza suficientes para otorgar educación a sus estudiantes con la estabilidad que ellos necesitan”.

Gabriel Osorio, del estudio Osorio, Vargas & abogados, quienes representaron a la SES, explica que con su fallo la Corte de Apelaciones dio “plenamente por acreditadas” las irregularidades que llevaron a pedir la revocación del reconocimiento, respaldando la legalidad de las actuaciones de la institución fiscalizadora. “La SES hizo un gran trabajo de investigación, garantizando el ejercicio del derecho a la educación de los estudiantes, que es su deber primario”, expone.

Para los directivos de la U. de la República, el asunto no está zanjado. “Respetamos lo resuelto por la Corte de Apelaciones, no obstante no compartimos su pronunciamiento en contra, por cuanto tenemos la convicción de que el procedimiento que afectó a nuestra universidad estuvo lleno de ilegalidades y omisiones arbitrarias que se alejaron de un debido proceso”, dice un comunicado de la casa de estudios, el que agrega que junto con lamentar la decisión informada “procederemos a apelar de dicha resolución ante la Corte Suprema con la finalidad de que sea el máximo tribunal del país el que restituya el orden jurídico que esta situación amerita y que nuestra comunidad universitaria necesita”.

La Tercera se contactó con el rector Fernando Lagos, pero este declinó hacer declaraciones hasta que finalice el proceso judicial. Sin embargo, cercanos a la universidad explican que con esta acción los directivos de la Ulare entienden que el proceso de cierre está suspendido hasta que haya una nueva resolución.

“Nos parece imprudente que encontrándose pendiente la tramitación de este recurso en los Tribunales Superiores de Justicia, cuyo resultado puede afectar el desarrollo de este proceso, se insista en avanzar en un cierre que afecta a una institución y sus integrantes, en plenas funciones, por lo que en tanto no se cumplan los plazos y las etapas de los citados recursos o acciones, concluimos que no es posible avanzar en el cierre dispuesto por el Ministerio de Educación”, añade el comunicado.

El subsecretario Vargas asegura que tras el fallo “nos hemos comunicado nuevamente con las exautoridades de la universidad, las que continúan negando el ingreso a las dependencias de la institución del administrador de cierre”. Esto, asegura, los obliga “a tomar otro tipo de medidas que permitan dar cumplimiento a la decisión de cierre y que implicarán eventualmente el uso de la fuerza pública. Lamentamos esta situación, pero los derechos de los estudiantes de Ulare deben primar por sobre la ilegalidad en el actuar de las exautoridades y la porfía en impedir el trabajo del administrador de cierre”.

La institución, por ahora, no está matriculando alumnos nuevos. Legalmente no pueden, de hecho, pero varios estudiantes antiguos ya han requerido iniciar la matrícula 2022. Esto sí podría realizarse, porque aunque la Suprema fallase en contra de la Ulare, el cierre está programado hasta 2026 para que los alumnos que ya cursan sus estudios ahí los puedan terminar.

“Durante todo este tiempo, y sin argumentos válidos, la U. La República ha focalizado todos sus esfuerzos en intentar impugnar por la vía administrativa y judicial los procedimientos llevados a cabo por la Superintendencia y el Mineduc en vez de proteger a su comunidad universitaria y dejar que la nueva institucionalidad funcione”, dice el superintendente Avilés. Y añade: “Pese a que han ido perdiendo todos los recursos que han presentado, y contraviniendo abiertamente la ley, las personas que se encuentran gestionando la universidad aún no permiten al administrador de cierre hacerse cargo de la institución para efectos de garantizar la continuidad de estudios de sus alumnos”.

Por eso, cree, a la luz de “la contundencia” de este último fallo, “quienes actualmente administran de facto la universidad deben entregar al administrador de cierre el control de ésta para que ejerza sus facultades y pueda proteger a la comunidad estudiantil, encabezando un cierre ordenado, el cual tiene plazo hasta el 2026, y que les permita a todos los estudiantes terminar sus carreras y programas, ya sea en la misma institución o a través de las reubicaciones que correspondan en aquellas casas de estudios que den garantías de calidad”.