U. Mayor en la mira: Superintendencia de Educación Superior le formuló cargos en medio de investigación por posible lucro

A inicios de junio Ciper dio a conocer que en 2022 la Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió una investigación a la Universidad Mayor debido a una serie de operaciones financieras con sus subsidiarias Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc, las que, acorde al reportaje, tendrían como objetivo traspasar recursos para la ejecución de Nexus University, creado en Miami por la propia U. Mayor en 2018, parte de cuyos propietarios se relacionan con controladores de la universidad. En esas operaciones, decía el reportaje, se incluían contratos por servicios y préstamos, lo que transgrediría la Ley 21.091 respecto a vínculos entre instituciones de educación sin fines de lucro y empresas relacionadas. El problema asociado a esto es que la U. Mayor está adscrita a la gratuidad, por lo que recibe dineros del Estado por cada persona que estudia en su institución con este beneficio, los que solo en 2022 fueron 28.009 millones de pesos.

Fruto de esta situación destapada, el 12 de junio de 2024 la diputada Gael Yeomans (CS) solicitó oficiar a las autoridades pertinentes para que informaran sobre el proceso de investigación que ha realizado la SES para este caso; si es que hay otras universidades que estén en una situación similar de lucro, estando adscritas al sistema de gratuidad en la educación superior; saber cuántos recursos recibieron, por concepto del sistema de gratuidad, las universidades privadas en Chile; y saber detalladamente cuántos recursos del Estado recibieron dichas universidades por conceptos distintos al sistema de gratuidad.

Fue así que el 18 de junio el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, respondió mediante un Ordinario la solicitud, dando respuestas a los cuatro aspectos, en los cuales revela que la institución que dirige ya formuló cargos a la U. Mayor por este tema.

“Mediante Resolución Exenta 360, de 13 de octubre de 2022, de esta Superintendencia de Educación Superior, se ordenó iniciar un proceso de fiscalización a la Universidad Mayor con motivo del aumento de cuentas por cobrar con empresas relacionadas, detectado en el marco de la revisión de los Estados Financieros de dicha institución”, se contextualiza, añadiendo que el 22 de mayo de 2024, y en función de los antecedentes recabados durante la fiscalización, “se abrió un proceso sancionatorio en contra de la Universidad Mayor por infracción de la Ley 21.091 y se designó como instructor a un funcionario de la superintendencia”, decisión que fue notificada a la institución a través del mecanismo que establece la ley. Posteriormente, el 24 de mayo de 2024, “el instructor del proceso formuló cuatro cargos a la Universidad Mayor, los que fueron notificados por carta certificada al rector (Patricio Manque) de la institución el 31 de mayo de 2024″.

Actualmente, detalla el escrito, la casa de estudios se encuentra dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos que tiene para presentar sus descargos o solicitar la apertura de un término probatorio. Tras este periodo el instructor deberá evacuar un informe al superintendente Salazar mediante el cual propondrá la aplicación de sanciones o el sobreseimiento de la universidad, para que posteriormente la autoridad fiscalizadora dicte una resolución en la que podrá aplicar alguna de las sanciones que contempla el artículo 57 de la Ley 21.091 o decretar el sobreseimiento total de la casa de estudios. Las sanciones van desde una amonestación por escrito, multas de hasta diez mil unidades tributarias mensuales (657 millones de pesos aproximadamente), o la inhabilitación temporal para las autoridades. La universidad, en todo caso, también podría pedir una extensión del plazo.

“Dado que el procedimiento sancionatorio se encuentra en curso, no es posible entregar información adicional sobre su contenido”, agrega en el oficio Salazar.

Sobre si hay otras universidades que estén en una situación similar de lucro, estando adscritas al sistema de gratuidad en la educación superior, la autoridad informó que la superintendencia se encuentra realizando diversas acciones de fiscalización y supervigilancia “tendientes a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia, y que éstas destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo con la ley y sus estatutos”. Actualmente, dice, “no existen otros procedimientos sancionatorios de la Ley 21.091 en curso que se relacionen con posibles infracciones al deber de las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro, de destinar sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo con la ley y sus estatutos”. Eso sí, advierte que existe un conjunto de acciones de fiscalización en desarrollo y que dicen relación con distintas instituciones de educación superior “que podrían dar origen a procesos sancionatorios en este ámbito”.

En el documento, sobre el final, el superintendente entrega información relativa a montos entregados por parte del Estado por concepto de gratuidad, entre ellos, la U. Mayor.

“Actualmente estamos sistematizando la información solicitada por la superintendencia para dar pronta respuesta a sus inquietudes y, al tratarse de un procedimiento en curso, por el momento debemos respetar la confidencialidad de dicho proceso”, señalan al respecto desde la U. Mayor.