UDI afina dos requerimientos ante el TC para impugnar el indulto de Mateluna y de otros seis condenados

La crisis del gobierno por los indultos del Presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y otros 12 condenados por delitos vinculados al estallido social abrirá un nuevo capítulo. La UDI ya tomó la decisión de impugnar algunos de estos decretos ante el Tribunal Constitucional (TC).

Para concretar esta arremetida ante el TC, el partido que lidera el senador Javier Macaya convocó a tres abogados que están terminando de preparar dos requerimientos para ingresarlos al organismo en los próximos días. Se trata de los constitucionalistas Jorge Barrera, Constanza Hube y Felipe Hübner.

Quienes conocen el proceso comentan que están a punto de terminar el requerimiento contra el beneficio de Mateluna. Uno de los principales argumentos que expondrán para plantear el vicio de constitucionalidad, comentan las mismas fuentes, es lo que en derecho se llama “desviación de poder”. El segundo requerimiento se hará cargo de los otros indultados que corresponden a “casos calificados”.

Según la fundamentación de la UDI, Boric habría indultado a Mateluna usando como “argumento encubierto” su convicción de que el exfrentista es inocente, lo cual implicaría ejercer facultades legales para fines distintos de los previstos en la norma.

Pese a que el decreto de Mateluna no hace ninguna mención a su culpabilidad o inocencia respecto de la causa en la cual fue condenado por el robo de una sucursal del Banco Santander, el objetivo es llevar como medio de prueba la declaración que hizo el Mandatario ante la prensa.

“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia (...) Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión (…) de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, afirmó el Presidente el 2 de enero.

En esa misma línea jurídica -la de la desviación de poder- se argumentará que en el caso de los otros seis condenados se realizaron indultos particulares cuando en realidad, a juicio de la UDI, son indultos generales ya que en la fundamentación de los decretos se presenta el hecho del estallido social como “una condición general” para haberlos liberado.

El requerimiento de Mateluna y el de los otros indultados también argumentará que los decretos no estaban debidamente fundados ya que el Presidente no justificó por qué se trataban de “casos calificados”.

El caso que pretende armar la UDI ante el TC es complejo. De hecho no hay mucha jurisprudencia en el organismo respecto de inconstitucionalidades por desviación de poder ya que, en general, esto es algo que está más desarrollado en sede judicial.

Parte de este razonamiento quedó manifestado en una columna que publicó Hube en El Mercurio algunos días atrás. “¿Puede el Presidente Boric adoptar esta decisión por motivos exclusivamente políticos, porque considera que las personas condenadas son ‘jóvenes inocentes’ o por un ‘compromiso personal’? La respuesta es no”, escribió la abogada y vicepresidenta de la UDI.

En ese mismo texto Hube luego añadió: “La decisión del Presidente debe ser evaluada no solo desde un punto de vista político, sino que también desde un punto de vista jurídico ya que los motivos que llevaron al Presidente a otorgar estos indultos hacen que esta decisión sea abusiva, arbitraria e inconstitucional y se debe hacer responsable por aquello”.

Esta no es la primera vez que estos abogados alegarán en el TC un requerimiento por la UDI. Barrera, por ejemplo, es un reconocido litigante de este organismo. Previamente ha alegado la inconstitucionalidad de la ley de garantías de la niñez, junto con Hube se hizo cargo del decreto de objeción de conciencia del aborto en tres causales, y fue el abogado que argumentó contra la ley de gratuidad y la ley de inclusión escolar. En todas ellas ha ganado, excepto en la última en que perdió en un fallo empatado y dirimido por el entonces presidente del TC, Carlos Carmona.

Sin embargo, esta vez el escenario se ve difícil. En primer lugar, por un tema político. La actual integración del TC le da una amplia mayoría a Boric: cinco de los ocho ministros son de tendencia progresista o de centroizquierda, mientras que solo tres ministros se ubican más cercanos a la centroderecha. De hecho la actual presidenta del TC, Nancy Yáñez, fue designada por Boric y es cercana a su ex jefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía.

Independientemente de este 5-3 que juega en contra, hay consideraciones más de fondo. La UDI tendrá que sortear el argumento de que los indultados ya se vieron beneficiados de un derecho adquirido legítimamente: la libertad.

Conocedores de la dinámica del TC comentan que la inconstitucionalidad de decretos es algo muy excepcional y los indultos tienen un margen de discrecionalidad enorme. Además, aquí juega a favor de los indultados el principio prorreo.

Macaya prontamente se activará para juntar las firmar y coordinar a las bancadas de Chile Vamos que quieran sumarse a los requerimientos. La UDI necesita de 39 diputados o 13 senadores para materializar su arremetida en el TC. Para eso el plazo vence el 6 de febrero.

Si logran ingresar ambos requerimientos, la colectividad gremialista hará que por primera vez en su historia el TC tenga que revisar la legalidad de un decreto de indulto particular otorgado por el Presidente de la República. Pese a que probablemente el caso lo pierdan, dicen entendidos en el tema, al menos forzarán un pronunciamiento respecto del fondo y, en el escenario de un fallo dividido, la argumentación del voto de minoría podría servir para casos similares que ocurran en el futuro.