¡Último cómputo! Brinks revela la cifra exacta del millonario botín tras el asalto a sucursal de Rancagua y que aún no aparece

“Mantener en completa reserva y resguardar la seguridad de toda la información de la empresa, relacionada con sus actividades, negocios, clientes, procesos operativos y procedimientos de seguridad”.

Esa es parte del contrato de trabajo de la empresa Brinks y que dos de sus trabajadores de la sucursal de Rancagua quebraron. Así queda establecido en la querella que presentó la firma por el millonario robo ocurrido el 16 de agosto, donde un grupo de entre 25 y 30 sujetos se llevó un botín, que en una primera instancia fue fijado en $12 mil millones.

Un total de 18 personas fueron detenidas en una primera instancia, los cuales quedaron en prisión preventiva. De ese grupo, dos son extrabajadores de la firma: el guardia Óscar Orellana y la cajera Ximena Fuentes.

La abogada Daniela Bustos, en representación de Brinks, presentó la acción judicial apuntando los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas, apropiación de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño, violencia o intimidación en las personas y asociación ilícita criminal. Para los extrabajadores, además, se agrega el delito de revelación de secretos comerciales.

De hecho, en la acción se entrega un monto más específico del reportado por la Fiscalía el día de la formalización, el 20 de agosto. El monto calculado es de $11.465.818.468.

“Los extrabajadores Ximena Fuentes Núñez y Óscar Orellana Orellana tuvieron participación directa en los hechos”, se señala en el texto, y se agrega: “El concierto de los señores Fuentes y Orellana con la organización criminal se ve refrendado por una serie de antecedentes, entre los que destaca una fotografía captada en una reunión sostenida por la banda delictual el día miércoles 14 de agosto, dos días antes del atraco, en la que se aprecia claramente a ambos exdependientes de mi representada participar de la misma”.

La querella, que apunta a los 20 imputados que tiene la Fiscalía hasta ahora, relata los hechos en tres partes. El primero, a eso de las 12.30, cuando Ximena Fuentes Núñez, quien se desempeñaba como “operadora de cash” de Brink’s, salió a fumar al exterior de las oficinas en compañía de otras dos operadoras y la supervisora de operaciones.

Fue en ese momento cuando “descendieron de manera violenta siete individuos a rostro cubierto, uno de ellos premunido de un fusil AK-47, quien intimidó a las trabajadoras que se encontraban en el frontis del lugar”.

“Cuatro de estos sujetos fueron posteriormente identificados como José Guzmán Cid, Francisco Gumera Contreras, Luis Cartagena Astorga y Matías Vargas Bueno, logrando establecer que este último, junto a dos sujetos aún desconocidos, fueron los encargados de intimidar y custodiar a las cuatro trabajadoras de Brink’s”, se relata en el texto.

Luego se menciona la acción del guardia. “Una vez en la esclusa, el señor Óscar Orellana, facilitando una vez más la acción de los antisociales, procedió a la apertura de cuatro puertas a través de la botonera que se encontraba en su puesto de trabajo, permitiendo que los cuatro sujetos lograran llegar a la “sala de proceso”, quienes, digitando la clave de acceso lograron ingresar y proceder al llenado de carros con cajas que contenían remesas de dinero”.

El segundo acto consistió en la llegada de otro grupo, que escaló el muro para pasar el dinero. “Mientras se desarrollaban los hechos descritos anteriormente, otro grupo de ocho sujetos, identificados como Luis Candia Abrigo, Claudio Figueroa Padilla, Jaime Beltrán Campos, Patricio Alvarado Malpu, Pablo Herrera Urrutia, Juan Ramírez Cruz, Raúl Peñaloza Cáceres y Mauricio Carreño Muñoz, movilizados en tres automóviles (...), mediante la utilización de escalas procedieron a cortar los cercos eléctricos de seguridad ubicados en el muro perimetral de la empresa, ingresando a la sucursal de Brink’s”.

“A raíz de lo anterior se dio inicio a una persecución policial, desde Avenida Río Loco hacia Camino La Estrella, en el sector de San Ramón, movilizados los imputados a bordo de los vehículos Hyundai de color blanco y Ford de color gris, realizando además un cambio de vehículo desde el Chevrolet Silverado color negro a un furgón Hyundai H1, color gris, comenzando un intercambio de disparos con personal policial”, sigue el relato.

El tercer momento, según la querella, consistió en la “cobertura” de un tercer grupo: “Mientras los otros individuos ejecutaban las funciones encomendadas en el marco del plan criminal, un tercer grupo de sujetos, compuesto por los imputados Manuel Gómez Riquelme, Alexis Narbona Gómez, Eduardo Rivera Vielma, Esteban Espinoza Espina y otros sujetos aún no identificados, fue el encargado de dar cobertura a los ejecutores, efectuando disparos y maniobras distractivas”.

Con todo, la abogada Bustos pide al Ministerio Público una serie de diligencias en el marco de la investigación que está en curso. Por ejemplo, solicitan que la Comisión para el Mercado Financiero informe a la Fiscalía sobre las instituciones financieras que mantuvieron o mantienen productos bancarios, financieros o deudas con los imputados.

También piden información que pudiese tener el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre los acusados. Así las cosas, solicitan que se despache una instrucción particular al OS-9 de Carabineros, “con el objeto de que se levante la red familiar de los querellados”.

Por otro lado, sugieren que se despache una instrucción particular al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI con el fin de conocer las posibles entradas y salidas del país de los sujetos. Misma idea con distintas aerolíneas nacionales y compañías de buses.

Asimismo, piden un requerimiento de información de diversos Conservadores de Bienes Raíces del país para que informen de inscripciones de inmuebles a nombre de los imputados.

Por último, la profesional pide que las autopistas indiquen si mantienen información de los vehículos utilizados en el atraco, cuyas patentes fueron identificadas.

Desde la empresa señalaron a La Tercera: “Como Brink’s rechazamos categóricamente el ataque ocurrido a una de nuestras instalaciones en Rancagua, razón por la cual presentamos una querella contra todos quienes resulten responsables. También seguimos estando en contacto con las autoridades para colaborar en la investigación, en la persecución de todos los que hayan participado en este hecho y en la búsqueda del dinero”.

Pedro Mauricio Espinoza Olivares (47) y Sebastián Alexis Espinoza Ríos (21), padre e hijo, fueron los últimos detenidos. En una primera parte se les imputó haber colaborado en el ocultamiento del dinero robado ese 16 de agosto. Sin embargo, los investigadores encontraron nuevos antecedentes que cambiarían la participación de estos sujetos.

Fuentes de la investigación señalan que descubrieron enterrada una caja de herramientas llena de miguelitos y una pistola Glock al interior de la propiedad de los imputados, ubicada en el sector de San Ramón. Fue ahí donde se habría producido un cambio de vehículo entre los asaltantes para darse a la fuga con el dinero, que hasta ahora no ha sido habido.

Dicha audiencia se realizará el 6 de septiembre a las 10.00 y los imputados, representados por defensores penales públicos, participarán de manera remota.

Por otra parte, algunos de los defensores han presentado esta semana una serie de apelaciones, buscando cambiar la medida cautelar de sus defendidos. Es el caso del abogado privado Diego Quijada, quien defiende a los imputados Eduardo Fernando Rivera Vielma y Esteban Mauricio Espinoza Espina. Según alega, sus representados estaban vendiendo limones y se dirigían a la localidad de Graneros por la ruta Travesía, momento en el cual quedaron varados por falta de combustible.

La Fiscalía, por su parte, cuestionó esa versión y aseguró que en ese lugar se habría producido un cambio de vehículos. El martes, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó y recurso y confirmó la prisión preventiva para estos sujetos. “Conforme a lo señalado precedentemente, se advierte que las alegaciones de la defensa no se encuentran, por ahora, suficientemente acreditadas, existiendo alegaciones en contrario que las desvirtúan”. El abogado pedía que se cambiara la prisión preventiva por un arresto domiciliario.

Asimismo, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo en favor de Alexis Narbona Gómez y Manuel Gómez Riquelme, cuestionando la participación de estos sujetos en el robo y alegando que la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua por la prisión preventiva “es contraria a la ley y afecta al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado”.