Un par de convenios suscritos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta derivaron ayer repentinamente en una nueva crisis política para La Moneda y el oficialismo, que incluso podría llegar a perder el control de la Cámara de Diputados por este hecho.

Las alertas se encendieron el viernes con una publicación de un medio regional de Antofagasta encendió las alertas en La Moneda.

La información detallaba que estos convenios del Serviu, por un total $ 426 millones, habían sido visados por la Seremi de Vivienda de la región -encabezada, hasta ese entonces, por el militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras- con la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es el también militante de ese partido Daniel Andrade, pareja de la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD).

Hasta ayer, Andrade, ingeniero civil y exdirigente estudiantil, se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Defensa.

Sin embargo, según pudo confirmar La Tercera PM, en horas de la mañana de este lunes hizo efectiva su renuncia a la repartición liderada por el subsecretario Víctor Barrueto (PPD).

Apenas se tomó conocimiento de las repercusiones de la publicación, detallan en Palacio, el ministro de la cartera, Carlos Montes, se contactó con Contreras, a quien le pidió que pusiera su cargo a disposición, lo que se concretó al día siguiente.

“El día sábado en la mañana a primera hora me correspondió tomar la decisión de aceptar la renuncia del seremi. Y simultáneamente decidir que vaya una comisión a investigar distintos aspectos que nos parecía necesario profundizar. Comisión que salió esta mañana y debe ya estar en Antofagasta. La información que nosotros tenemos es que hasta el momento no se ven las irregularidades, lo que se ve es una falta de criterio para que en un vínculo como el que se tiene con una determinada institución se le dé un préstamo de estas características, de este monto”, dijo a La Tercera PM el ministro Montes.

“Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con la que no tengo conflicto de interés alguno”, declaró el exseremi a través de Twitter, adjuntando la carta de renuncia enviada a Montes.

La polémica por estos contratos golpearon a Revolución Democrática (RD) y especialmente a la actual segunda vicepresidenta de la Cámara. La diputada Pérez, además, había empleado a Contreras como su jefe de gabinete en 2020 durante el período legislativo anterior.

Adicionalmente, Pérez compartió con Andrade en la mesa directiva de RD cuando la diputada ejerció como presidenta entre 2019 y 2021. Andrade ya había sido blanco de cuestionamientos en redes sociales hace un par de semanas una vez que se conoció de sus labores en la Subsecretaría de Defensa.

Ese nexo desencadenó una ola de cuestionamientos opositores. Frente a ello, la misma diputada ofició a Contraloría para determinar la legalidad de los contratos con Democracia Viva y otras organizaciones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. “No tengo ninguna participación o injerencia”, recalcó. De todas formas, la directiva de RD presentó una medida cautelar al Tribunal Supremo de la colectividad para que los involucrados directos -Contreras y Andrade- reporten los antecedentes del caso.

En la interna de Revolución Democrática -que en estas semanas vive elecciones internas de renovación del consejo político- reconocen que pese a que defienden que no hay irregularidades evidenciadas en los antecedentes entregados por los involucrados, sí advierten que se pecó de ingenuidad desde ambas partes.

Tanto Pérez como Contreras, en privado, han hablado de un “error político” en la interna.

En declaraciones realizadas ayer en la Cámara, la diputada deslindó responsabilidades en su pareja y en su exjefe de gabinete, señalando que ella no tenía información de estos convenios. “Me gustaría aclararle a la ciudadanía que no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres, adultos, exfuncionarios de la administración del Estado”, señaló Pérez.

Además, agregó que “no me parece bien, no estoy disponible a tolerar, no estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros. Yo he construido una carrera política que todos ustedes pueden revisar con mucho esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de transparencia más allá de lo legal, y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano”

“Yo misma le he pedido a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad e irregularidad de estos convenios”, enfatizó la parlamentaria, quien remarcó los convenios fueron “un error político”.

En conversación con este diario, Andrade señaló que “los convenios están en regla y soy enfático en que no he recibido ningún peso por ellos. Entregaremos todos los antecedentes a las instituciones correspondientes. No hay ninguna irregularidad como señaló el ministro Montes, pero evidentemente cometimos un error político, que hoy abre un flanco al gobierno. Creo que hay una operación política en contra de la diputada Pérez y el gobierno, siendo que los responsables aquí somos quienes firmamos los convenios”.

Ayer, tras el comité político, el senador y timonel RD, Juan Ignacio Latorre señaló que “aquí no hay nada ilegal (…), lo que sí hay es una arista de ética política por la cercanía del pololo de la diputada y el Seremi de Vivienda, ya que ambos son militantes del partido. Lo que sabemos es que la diputada no tuvo ningún tipo de gestión (...). No estamos por defensas corporativas ni meter esto debajo de la alfombra”.

Sin embargo, más dura fue la timonel PPD, Natalia Piergentili. “Cuando se está en la labor pública tiene no sólo que hacerse lo que la ley le permite, sino que se tiene que procurar que las cosas se den en un contexto éticamente irreprochable. Aunque eso a veces signifique un doble esfuerzo de quienes están cerca de quienes ejercen la función pública, porque uno toma la opción de estar en la función pública, no los primos, ni los novios”, dijo.

Las repercusiones del caso que involucra a los militantes de RD llegaron hasta la sesión de sala. Al inicio de la sesión, el diputado Juan Antonio Coloma bromeó con poner en tabla el proyecto “antipitutos” presentado por Pérez hace un par de años atrás.

Al margen de esas bromas, que desagradaron al oficialismo, la UDI presentó una moción de censura (solicitud de destitución) en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, a raíz de la situación de Pérez.

Esa presentación comenzó a sumar aceleradamente respaldos. De hecho, ayer en la noche en el gobierno y en el oficialismo había pesimismo y las proyecciones indicaban que la censura se aprobaría en una votación ajustada, ya que algunos grupos no alineados como el comité CDU (exmilitantes de la DC) votarían a favor.

La gran duda era el comportamiento de la bancada del PDG, que si bien ha estado en conversaciones con el oficialismo para ser parte de un nuevo acuerdo administrativo, había molestia con la diputada Pérez, quien fue bastante crítica con esa colectividad cuando llevaron por error a una candidata al Consejo Constitucional que había sido condenada por tráfico de drogas.

En caso de ser aprobada la censura, tanto Pérez como Mirosevic deberían dejar el cargo y se procedería a la elección de las nuevas autoridades de la Cámara en la próxima sesión del 3 de julio (en vista de que la próxima semana es de trabajo distrital). Esa situación obligaría, además, a suspender la cuenta pública del Congreso, prevista para el 4 de julio.

En las negociaciones para presentar la censura participaron los diputados Jorge Alessandri (UDI) y los RN José Miguel Castro y Andrés Longton, mientras que también se extendió una invitación a los republicanos, a cargo del subjefe de bancada, Agustín Romero.

En el documento, firmado por parlamentarios de la UDI, se argumentaba que Pérez “ha mantenido una conducta al menos cuestionable desde un punto de vista ético” debido a la situación de su pareja, “lo que reafirma la necesidad de que la parlamentaria deje -cuanto antes- su cargo de segunda vicepresidenta de vuestra corporación, sin perjuicio de las otras acciones que se puedan tomar para esclarecer este caso”.

El gremialismo lideró el tema, mientras que otros parlamentarios solicitaron a la fiscalía abrir una investigación. En todo caso, en la derecha había una división respecto de la censura, pues el reglamento establece que ésta debe ser a la mesa completa y no se puede individualizar específicamente en Pérez, lo que también afectaría a Mirosevic.

De ahí que en el partido pidieron que renuncie, antes de que la censura ingrese formalmente en la tarde de este lunes. “Estamos recomendando que ella dé un paso al costado. Quiero darle primero la posibilidad de que renuncie, si eso no ocurre vamos a ver otras formas de liberarla de ese cargo”, indicó Alessandri.

Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada, Benjamín Moreno, anunció que acudirán a la Contraloría General de la República. “Desde nuestras facultades como diputados Republicanos, queremos que se realice una investigación exhaustiva y para ello realizaremos una fiscalización rigurosa para esclarecer este asunto. Es de vital importancia establecer los detalles de este caso, garantizar que haya un buen uso de los recursos públicos y que se hagan efectivas las responsabilidades administrativas o judiciales, de acuerdo a los resultados que arrojen las indagaciones”, dijo.