El 14 de diciembre de 2020, DirecTV Chile Televisión Limitada, propiedad de VRIO Corp -subsidiaria de AT&T Latin America- presentó una demanda en contra de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) ante el 25º Juzgado Civil de Santiago. En la acción, la empresa que provee los servicios de televisión satelital exigió a la agrupación que reúne a músicos y cantautores la restitución de $1.760 millones, señalando que durante 11 años y 10 meses pagó por error un sobreprecio en el uso de piezas musicales.

Todo comenzó cuando en 2004, SKY Chile Televisión -antecesora legal de DirecTV- firmó un contrato que le permitía el uso de piezas musicales. Este acuerdo tuvo en vista el convenio tarifario celebrado el 25 de agosto de 2000 entre la Asociación Gremial de Operadores de Servicios Limitados de Televisión A.G. y la SCD.

El contrato permite a DirecTV reproducir piezas musicales, canciones de artistas cuyos derechos son gestionados por la sociedad en los programas emitidos o retransmitidos a sus clientes. Por su parte, la empresa se obligaba a pagar un precio por ello.

Según la demanda, el problema es que entre 2004 y el mes de noviembre del año 2017 DirecTV haría pagado “erradamente” un precio más alto al que había fijado en el contrato, lo que fue comunicado oportunamente a la SCD. El contrato establecía que la empresa pagaría a la SCD el 1% de los ingresos brutos mensuales de abonados y publicidad. Sin embargo, el error radica en que la base de cálculo incluyó los ingresos por concepto de arrendamiento de equipos decodificadores, lo que originalmente no estaba en el acuerdo y significó que la SCD recibiera mensualmente montos más altos por el contrato.

“Se trata, por tanto, de un ejemplo casi de manual de pago de lo no debido, pues se ha pagado a la contraparte aquello que no se debe, entregando un sobreprecio injustificado y que la SCD se ha negado a devolver, enriqueciéndose injustificadamente y sin causa a consecuencia de este error”, consignó la demanda presentada por el abogado Luis Eduardo Toro, socio de Barros & Errázuriz (ByE). “Los pagos mensuales realizados a la SCD fueron calculados- equivocadamente- considerándose ingresos percibidos por nuestra representada por concepto de arriendos de decodificadores, en contrario a lo pactado en la cláusula tercera del Contrato y lo pactado en el anexo”, añadió.

Por medio de una escueta declaración pública DirecTV sostuvo: “Existe una diferencia de interpretación respecto al contrato suscrito con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y DIRECTV Chile cuya resolución se está tratando a través de las entidades legales pertinentes”.

Frente a la arremetida legal de DirecTV, el 11 de febrero de 2021, la SCD solicitó al tribunal rechazar “en todas sus partes la demanda y con una condena en costas ejemplarizadora”. Asimismo, acusó a su demandante de cometer una serie de abusos “que persiguen debilitar el sistema de gestión colectiva de derechos intelectuales que tanto sacrificio ha costado implementar en nuestro país, al tiempo que menoscaban seriamente el patrimonio de los autores e intérpretes musicales asociados a SCD”.

En esa lógica, la agrupación presentó una demanda reconvencional en contra de DirecTV por incumplimiento de contrato y solicita sea condenada al pago de $1.937 millones. Según la acción, la empresa a fines de 2017 habría manipulado “los ingresos informados con el propósito de disminuir artificialmente la base de cálculo de las tarifas a pagar, fundándose en un supuesto arrendamiento de los dos decodificadores incluidos dentro de sus paquetes de programación”.

En su escrito de contestación, la asociación sostuvo que la empresa busca “descontar de los ingresos recibidos por concepto de sus servicios de programación el valor estimativo que pretende asignar al supuesto arriendo de los decodificadores incluidos en sus paquetes de programación”. Se trata -a su juicio- de un descuento que no se encuentra permitido por el contrato y acusó “mala fe” por parte de Directv.

“Durante la vigencia del contrato, Directv ha incumplido sus obligaciones, restando de la base de cálculo aquellos ingresos correspondientes al arrendamiento de decodificadores adicionales a los necesarios para prestar el servicio, aun cuando dicha exclusión no se permite expresamente en el contrato”, señaló.

En el mismo documento, la agrupación señaló que en caso de que sea acogida la demanda en su contra, solicitó al tribunal hacer una diferencia en el cúmulo de años en que se solicita la restitución. En efecto, dijo que la demanda se encuentra necesariamente “prescrita” respecto de los pagos efectuados con anterioridad al 21 de enero del año 2016, reduciéndose sustancialmente el monto solicitado.

La SCD contrató los servicios de los abogados Jaime Puyol y Jorge Grunberg, socios de Puyol y Grunberg Abogados. Este último es un experto en derecho económico y redactor del proyecto de ley de reforma a la ley de defensa de la libre competencia durante su gestión como asesor del Ministerio de Economía en el gobierno de Michelle Bachelet.

El 14 de agosto de 2018, Juan Antonio Durán, director general de la Sociedad Chilena de Autores e Interpretes Musicales (SCD) envió un carta a Gianpaolo Peirano, director legal de DirecTV Chile, reclamando por el cambio en la forma de cálculo de los ingresos. “Esta diferencia. en su declaración de ingresos ha conllevando en una disminución sustancial en la retribución a pagar a la SCD por la comunicación pública de obras y fonogramas musicales de su repertorio, la cual no se explica por una disminución de sus ingresos totales, en tanto, estos se han mantenido, incluso han aumentado”.

“Existen motivos fundados para considera que hay ingresos afectos a la tarifa que han sido excluidos de la base de cálculo, y por lo tanto, que los pagos ofrecidos en las declaraciones de ingresos de diciembre de 2017 a la fecha, no incluirían el total de lo adeudado”, remató.

Y la respuesta de DirecTV no tardó en llegar. El 27 de septiembre de 2018, el ejecutivo le respondió al ejecutivo de la SCD. En su misiva explicó que en diciembre de 2017 la compañía se percató que hasta el mes de noviembre de 2017, “en la determinación de los pagos se había considerado erróneamente ingresos que deben ser excluidos de acuerdo al contrato”.

En concreto, -según él- los pagos mensuales fueron calculados en forma errónea, considerando los ingresos percibidos por el concepto de arriendo de equipos (descodificadores), en circunstancias que la cláusula tercera del contrato y su anexo expresamente excluyen dicha partida.

“Por lo tanto, rechazamos la declaración de su carta cuando señala que DirecTV ha excluido impropiamente ingresos supuestamente afectos a la tarifa de la base de cálculo de la misma. como se lo hemos manifestado estamos disponibles para apoyar con la documentación contable y nuevas reuniones en la medida que sea necesario para zanjar a la brevedad este asunto, cuestión que ha sudo prioritaria para DirecTV desde ele mes de noviembre del año 2017”, remató.

Si bien el caso ha seguido avanzando en tribunales, a la fecha se mantiene ralentizado debido a las complicaciones procesales que ha acarreado la pandemia. El 15 de abril de 2021, mediante una videoconferencia, la magistrada Susana Rodríguez encabezó la primera audiencia de conciliación entre los abogados de ambas partes.

La audiencia no fue más que un trámite, que sólo se extendió por 20 minutos, pues ni DirecTV ni la SCD estuvieron dispuestas a negociar un acuerdo que pudiera poner término al litigio. Por ahora lo que viene es la etapa de prueba, aunque bajo el Estado de excepción el trabajo de los tribunales se vuelve más complejo.

Según cuentan abogados que suelen litigar en sede civil, desde la pandemia los casos que llegan hasta la etapa de prueba quedan suspendidos, lo cual ha provocado un atochamiento en tribunales.