La segunda semana de febrero. Esa es la fecha que -según el cronograma de la Convención Constitucional y de la propia comisión de Forma de Estado- se estableció para comenzar a discutir y despachar al pleno un tema central que contendrá la propuesta de nueva Constitución: cómo se organizará territorialmente el país y si se mantendrá unitario, se modificará o si se explorarán nuevas formas como la regional o federal.

El artículo tres del primer capítulo de la actual Constitución define su forma de Estado como unitario, el que se caracteriza por tener un único centro desde el que se impulsa el poder político. Además, la Carta Magna vigente estipula que “la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada(...)” y que “los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país”.

Sin embargo, aunque se incluye la descentralización en la actual Carta Magna en la comisión de Forma de Estado hay un consenso: la actual norma no garantiza una real descentralización del país. “El Estado unitario tiene un solo centro y poder decisorio. Eso retrasa la llegada oportuna y, por tanto, la satisfacción efectiva de las necesidades de las localidades que están apartadas y que hoy día están en el abandono y postergación”, explica Jennifer Mella (ind-CS), coordinadora de la comisión de Forma de Estado.

Y la instancia ya ha mostrado algunas definiciones. A principios de este mes, al igual como lo han hecho otras comisiones, en la de Forma de Estado vivieron una sesión en que los convencionales manifestaron, de forma preliminar, sus posiciones. De un total de 25 miembros, entre lo que señalaron en esa sesión y lo que pudo recopilar La Tercera, conocemos la postura de 19 de ellos.

Por el momento, es posible identificar una tendencia: 15 convencionales apoyan el Estado regionalista autonómico, forma de Estado caracterizada porque, bajo ella, la Constitución contemplaría unidades territoriales denominadas “autonomías”, cuyos estatutos jurídicos se corresponden al de una ley que establece institucionalidad política.

Y es que durante la noche del jueves, este grupo de convencionales ingresó una iniciativa constitucional que busca consagrar un Estado regional y establecer entidades territoriales autónomas. En la propuesta se lee: “Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. Entre los 14 firmantes, alcanzan la mayoría simple necesaria (13 votos) para aprobar la iniciativa dentro de la comisión.

Los firmantes son Adriana Ampuero (ex Lista del Pueblo), Hernán Velásquez (FRVS), Tammy Pustilnick (INN), Bastián Labbé (ind), Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo), Claudio Gómez (PS), Yarela Gómez (ind-RD), Helmuth Martínez (ex Lista del Pueblo), Julio Álvarez (PS), Amaya Álvez (RD), César Uribe (ex Lista del Pueblo), Elisa Giustinianovich (ex Lista del Pueblo), Ramona Reyes (PS) y Jennifer Mella (ind-CS). En tanto, aunque no firmó la propuesta, el convencional Wilfredo Bacián (Pueblo Quechua) también apoya la forma de Estado regionalista.

El segundo artículo que proponen los partidarios del nuevo Estado regionalista se refiere a las “entidades territoriales”, y ahí se hace hincapié en la autonomía que podrían tener los pueblos originarios en los lugares donde habitan. “El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”, se lee en la propuesta de artículo constitucional.

Además, en la propuesta se agrega que las nuevas “regiones autónomas y las comunas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y presupuesto propios, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse teniendo como límite sólo el interés general y la delimitación de competencias establecidas en la Constitución y la ley”.

Por otro lado, otros cuatro convencionales manifestaron su apoyo a la continuidad del Estado unitario, aunque con algunas reformas que promuevan la descentralización. Estos son: Pollyanna Rivera (ind-UDI), Harry Jurgensen (RN), Jorge Arancibia (ind-UDI) y Geoconda Navarrete (Evópoli).

Entre quienes defienden la idea de instalar un Estado regionalista, son diversas las propuestas y vías para hacer efectivo el empoderamiento de los territorios. Consultada por la propuesta, Álvez (RD) comenta que “es una forma jurídica de Estado conocida en el mundo. O sea, hay estados que han sido estado regionales por ya décadas. No estamos inventando una forma jurídica de Estado nueva”.

Mella (ind-CS), por ejemplo, sostiene que en la nueva Constitución se podría garantizar la descentralización a través de competencias exclusivas de niveles locales y regionales. Y también de recursos, a través de impuestos, con distinta distribución de la recaudación e impuestos locales.

Pero ¿cómo se concretaría la autonomía fiscal? La constituyente Pustilnick (INN) argumenta que “tiene que existir un órgano que sea compuesto por elección popular que ejerza estas facultades legislativas. Lo que hoy día tenemos como el Core podría ser algo distinto y tener facultades legislativas para que sea un órgano colegiado, integrado por personas elegidas por elección popular, pero que además tenga facultades legislativas”.

Sobre la autonomía, Álvez (RD) explica que “no es completa independencia de un Estado central, no es el proyecto que está detrás de esta presentación. Cuando hablamos de entidades territoriales autónomas, tiene que ver con tener personalidad jurídica y patrimonio propio, que lo dice el artículo segundo. Eso es un gran cambio, porque en la actualidad no lo tienen y eso hace que las regiones, a pesar de que nos llamemos gobierno regional, no tienen ninguna facultad de verdadero gobierno porque su patrimonio y su personalidad jurídica dependen de Santiago, del Estado central”.