Un problema llamado Héctor Llaitul: las frases del líder de la CAM que se enmarcan en delitos descritos en la LSE

“Este no es un Gobierno que vaya a perseguir ideas”. Lo dijo este miércoles en entrevista con CNN el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, y lo ha dicho también antes el propio Presidente Gabriel Boric. Todo esto en el contexto de voces de la oposición que emplazan al Gobierno a presentar una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien en los últimos meses ha elevado el tono de sus dichos haciendo abiertos llamados a armarse y a realizar acciones de sabotaje en la denominada Macrozona Sur.

La situación ha tensionado al Ejecutivo con el Ministerio Público. La negativa por parte del primero de ingresar un libelo acusatorio por esta especial normativa choca con las explicaciones que ha dado incluso el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien señaló esta semana -tras una nueva arremetida pública del comunero- que “para investigar los delitos que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado se requiere la denuncia o la querella por parte del Gobierno”.

Y es que el nombre de Héctor Llaitul, no sólo se ha convertido en un problema para la actual administración del gobierno, sino que también lo es para el ente perseguidor penal. No pocos recuerdan que en 2017 el líder de la agrupación -que ha reivindicado ataques en La Araucanía- fue víctima de la denominada “Operación Huracán” en que personal de Inteligencia de Carabineros implantó pruebas falsas para inculparlo a él y a otros comuneros mapuche de atentados terroristas. Fue formalizado por la Fiscalía, la misma que semanas después detectó la manipulación de evidencia del personal policial, debiendo sobreseer al fundador de la CAM y el resto de los inculpados.

El episodio dio una especie de inmunidad al ex FPMR, y pese a que existe una indagatoria vigente en su contra -tras una querella por LSE presentada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2020-, esta se tramita bajo estricta reserva. Uno de los motivos es que tras Huracán no hay posibilidad de más errores con el dirigente y si existen antecedentes para imputarlo, se sabe que deberán ser bajo los máximos estándares que exige la ley para una acusación de este tipo. Aún en la retina de la Fiscalía de La Araucanía está el caso del funcionario municipal Salvador Penchulef, a quien se le llevó a juicio en 2017 bajo la LSE por haber llamado, a través de su cuenta de Facebook, a una “tormenta de fuego” para “erradicar a las forestales y a los colonos”. Pese a reunirse todos los antecedentes, la justicia lo absolvió. Transformándose, entonces, en un ejemplo que se mira con atención ante lo que está ocurriendo ahora con el mandamás de la CAM.

¿Por qué no se presenta una nueva querella contra Llaitul? La ministra del Interior, Izkia Siches, dio algunas luces de la postura que mantendrán en este caso y emplazó a que la Fiscalía ocupe los libelos presentados en el gobierno anterior. “Esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, de 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado por dichos de similares características, pueda cursar una investigación”, sostuvo. Sin embargo, en la Fiscalía hay otra postura y es que cada uno de los dichos del dirigente de la CAM es un hecho distinto y deben -en cada caso- aportar los nuevos antecedentes en su calidad de querellantes, ya sea mediante denuncias y ampliaciones de querella como se hizo en el pasado. Este choque de interpretaciones parece no ser de fácil resolución, al menos por ahora.

La causa que está vigente contra Llaitul, y que se tramita bajo reserva, se inició por la querella presentada por el gobierno de Piñera. Los hechos dicen relación con la lectura de veredicto por incendio reiterado, robo con intimidación y porte de arma de fuego en contra de otro miembro de la CAM, Daniel Canio Tralcal, ocurrida el 8 de enero de 2020. En esa oportunidad, según el documento en que se invoca la LSE, “una vez terminada la audiencia, en las afueras del edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral de Temuco, alrededor de las 11 horas, Héctor Llaitul Carrillanca, quien asistió como público a la audiencia, quien es reconocido, como líder de la CAM hizo declaraciones a los medios de comunicación señalando que éste se encontraba en una prisión política, para luego efectuar un llamado y promoción a métodos que suponen el uso de la violencia y comisión de delitos, a fin de desconocer el fallo judicial referido y afectar las actividades forestales en la zona”.

Si se compara con lo que Llaitul dijo el 2020 a sus intervenciones públicas este año, hay quienes apuntan a que marcadamente el líder de la CAM ha intensificado sus llamados y que varios de sus dichos son las conductas descritas en la LSE. Esta escalada de emplazamientos del comunero mapuche coinciden además con el arribo del nuevo Gobierno y en una zona donde permanece vigente un estado de excepción constitucional. La normativa especial sanciona, en su artículo 4, letra A, a “los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”.

Uno de las frases que mayor gravedad se otorga al interior del Ministerio Público son las que profirió Llaitul el 11 de mayo pasado. Luego del anuncio del frustrado proyecto del Presidente Boric sobre un “estado de excepción intermedio” para enviar a militares a resguardar el orden público en las carreteras, el líder de la CAM sostuvo: “Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric (...) a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Pese el llamado a “organizar la resistencia armada”, no hubo acción judicial alguna por parte del Ministerio del Interior.

El lunes 25 de julio, volvería a la carga en el periódico “werkén”: “no se ataca a trabajadores ni campesinos pobres y si en algún momento alguien hizo una definición porque hayan objetivos en las iglesias evangélicas, en los templos católicos o en las sedes comunitarias o las escuelas, como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente a los mapuches, nosotros igual los entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos como CAM”. Junto con esto expresó que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias y por eso (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores (…)”.

La ex jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Ximena Risco, asegura que todas las declaraciones que ha realizado Llaitul este año ameritan más de una acción en su contra y un rol activo en perseguirlas por parte del Ejecutivo. “Esto es grave, son dichos que se ven reflejadas con actos, o sea dice una cosa y a los pocos días ocurren actos que van en esa misma línea. Si una persona dijera ‘voy a amenazar con incendiar algo’ y después no pasa nada, entonces tu amenaza no es verosímil, pero sin embargo después de las declaraciones de Llaitul sí vimos en la realidad que esas declaraciones tuvieron un efecto. Entonces, si tú estás encargado de la seguridad debes actuar, eso de que no van a perseguir ideas es un absurdo, detrás de cada acto violento hay una idea detrás. Los delitos tienen una dimensión subjetiva que tiene que ver con la voluntad, entonces es quedarse corto con decir que tú no vas a perseguir ideas, porque esas ideas se materializan y tú estás dejando de ejercer una facultad que te da la ley para precisamente y evitar que esto se siga replicando”, apuntó la profesional.

El penalista, Gabriel Zaliasnik, quien patrocinó querellas en el gobierno anterior, asegura que claramente los dichos de Llaitul tipifican como delitos de la Ley de Seguridad del Estado. Respecto a las razones por las cuales el Ejecutivo no se querella, el abogado sostiene que el Gobierno “se resiste a aplicar la ley por razones ideológicas. En una coyuntura normal, sin plebiscito ad portas, estarian incurriendo en notable abandono de deberes. Es mas , intuyo -esto amerita mayor estudio- que incluso las autoridades en su calidad de funcionarios públicos pueden estar incurriendo con su omisión en responsabilidades penales que el Ministerio Publico de oficio debiera empezar a investigar”.

En el seno del Gobierno explican que la decisión de no invocar la LSE es política. Creen que la Fiscalía cuenta con herramientas para perseguir a Llaitul si así lo estima y que ellos desde antes de llegar a La Moneda han sido críticos de la invocación de esa normativa, por lo que sería una inconsecuencia usarla ahora bajo esos términos. Algunos en palacio recuerdan la vez que, en 2019, los abogados del entonces Presidente Piñera emprendieron una acción similar contra del dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Dauno Tótoro. Éste en medio del estallido social llamó a “echar abajo al Gobierno”, “sacar a los militares de las calles, para sacar a las policías de las calles, para echar abajo a este gobierno de criminales”. Meses después esta acción fue retirada por la Intendencia, por lo que no hubo una discusión de fondo del asunto.

El problema, dicen en el Ministerio Público, es que Tótoro no es un caso comparable con Llaitul. El joven no dirige un grupo armado, que ha reivindicado ataques incendiarios en una zona que, por lo demás, sigue bajo un estado constitucional excepcional, con la presencia de militares, solicitado por el propio Gobierno ante una crisis de violencia en La Araucanía y el Biobío. “Lo de Llaitul no son ideas, y justamente para estos casos se dio soberanía al Gobierno para invocar la LSE”, advierte un fiscal de la zona.