Un regimiento como sitio de memoria: la decisión del Consejo de Monumentos que molestó al Ejército en el marco de los gestos por los 50 años del Golpe

Hasta ahora, el Ejército se había mantenido al margen de toda polémica que tuviera que ver con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Si bien al interior de la institución se reconoce que es una fecha sensible por el rol de las FF.AA. durante el régimen militar, hay altas cúpulas que habían transmitido que se les está dando un rol de “actor político” y ellos quieren mantenerse alejado de cualquier manifestación sobre el tema. Pero esa tensión y quietud de las aguas terminó la semana pasada cuando el propio comandante en jefe, general Javier Iturriaga, realizó una presentación verbal y por escrito a la ministra de Defensa, Maya Fernández, por una situación que molestó al interior de la entidad castrense.

El hito que alteró los ánimos fue la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales adoptada el martes 17 de mayo. En esa sesión se aprobaron una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete lugares utilizados como centro de tortura durante la dictadura, entre ellos la ex Cárcel de Arica; el Memorial Puente El Ala en Ñuble y el Regimiento N°23 de Copiapó. Fue la reconversión de este último recinto lo que generó cierta incomodidad que el Ejército decidió manifestar.

La primera razón, dicen en la institución marcial, tiene que ver con “la forma” en que se enteraron de esta resolución. El Ejército se “desayunó” con esta iniciativa un día después, el 18 de mayo a través de una publicación del diario La Tercera, donde se daba cuenta de esta decisión.

Es más, en la institución castrense afirman que ese día no se citó al representante del Ministerio de Defensa Nacional, debiendo hacerse por ley. Según transmitieron al gobierno, no se respetó el principio de coordinación y unidad de las actuaciones de la administración del Estado, debiendo haber intervenido la cartera que dirige la ministra Maya Fernández.

En el Ejército aseguran que “esta manera de actuar ocasiona interferencias graves entre los ministerios de las Culturas y Defensa”, pues se vulnera -a juicio de ellos- la norma que regula la administración del Estado y otras 10 disposiciones que ya se comunicaron al gobierno para que se expongan ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

Para la entidad de las Fuerzas Armadas, el Regimiento Copiapó se emplaza en un inmueble fiscal destinado a la institución para el cumplimiento de sus fines militares y el desarrollo de las funciones propias del Ejército, los cuales se ven intervenidos con la decisión de declararlo sitio de memoria, pues creen que el que se cambie su condición, y se abra para la visita de público, restringirá sus entrenamientos normales.

Además, agregan, parte del inmueble no prestaría la utilidad para la cual fue destinado, generándose la posibilidad que el Ministerio de Bienes Nacionales pueda solicitar su restitución. Ello haría incumplir al Ejército con los dictámenes de la Contraloría General de la República de 2016.

En esa misma línea, advierten que existiría una “vulneración” desde el punto de vista de la Seguridad Militar, dado que permitiría el ingreso de “agentes encubiertos” y el reclutamiento de personas para ello. En este sentido, alertan al interior de la institución, sobre la posibilidad cierta que se puedan espiar o fotografiar toda actividad militar que allí desarrollan.

El tema de las “señales” que organismos de la sociedad civil, y también el gobierno, han pedido al Ejército es algo que los mantiene en un terreno complejo, pues en el mundo militar aseguran que la institución ha realizado actuaciones tendientes a demostrar su compromiso para contribuir a materias de derechos humanos. Ahí recuerdan el “nunca más” del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y también su participación en las mesas de diálogo, junto a la Comisión Valech.

En el Ejército señalan que la decisión del Consejo de Monumentos no dejó indiferente al comandante en jefe del Ejército. Es por eso que el general Iturriaga decidió manifestar su preocupación, con un dejo de molestia por esta decisión y lo hizo a través del canal institucional que corresponde: el Ministerio de Defensa.

Al interior de las Fuerzas Armadas subrayan que esta sería su primera intervención para de cierta forma frenar las solicitudes de “gestos” que la autoridad civil les está pidiendo de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe.

La carta de Iturriaga ya fue enviada y ahora esperan en el Ejército, la respuesta de la ministra Fernández, donde esperan una señal del Ejecutivo, pero esta vez en favor de la institución.