Un sicario en Colchane: Carabineros detecta ingreso ilegal de venezolano condenado por crimen de histórico líder indígena

La crisis migratoria en el norte del país está al rojo. Según información de la PDI, durante este año han ingresado 15 mil personas por pasos no habilitados, cifra que podría, incluso, triplicarse una vez finalizado el estado de excepción, por lo que las autoridades han aumentados los puntos de control por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

En el gobierno, sin embargo, no solo hay preocupación por los flujos migratorios, sino que también por los perfiles de quienes están intentando pisar territorio nacional. Eso, tomando en cuenta la última pesquisa que terminó con la detención de una cincuentena de extranjeros de nacionalidad venezolana, en Colchane

Entre los migrantes que venían por el complejo paso fronterizo, Carabineros detectó la presencia de Rigoberto José Socorro Morán, un sicario venezolano condenado a seis años de presidio por ser parte del grupo que participó en el asesinato de un histórico líder indígena de Venezuela, Sabino Romero.

Socorro fue detenido por Carabineros la noche del domingo, sin embargo, hasta ahí era uno más de los casi ocho mil venezolanos ilegales que han ingreso a nuestro país. Nada especial, ni particular en su primer encuentro con los policías nacionales, hasta que ingresaron su nombres y carnet de identidad en un sistema de datos. Ahí saltó la alerta: “Se le sindica como autor del homicidio de un cacique indígena venezolano”. Enseguida, los policías dieron cuenta a la jefatura de zona y estos a las autoridades de gobierno, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el Ejecutivo -dicen- estaría de manos atadas.

Sabino Romero Izarra (42) era un cacique de la comunidad de Chaktapa, fundada en los años 70 en sierra de Perijá, en el estado Zulia. Estas tierras fueron recuperadas por Romero y su grupo, quienes alegaban entonces que ese territorio era del pueblo Yukpa, desatándose un conflicto con agrícolas y ganaderos que estaban asentados en este lugar.

En 2009, el gobierno de Venezuela, presidido por Hugo Chávez, entregó títulos de propiedad de estas tierras al grupo liderado por Romero. Pero el proceso no fue de los mejores y los conflictos entre la comunidad indígena y los empresarios agrícolas continuó, ocurriendo distintos hechos de violencia que se arrastran hasta hoy.

Pero el hito que marcó esta relación ocurrió en marzo de 2013. Ese día, una pareja de motociclistas emboscó al cacique del pueblo Yupka y lo asesinó en medio de una ráfaga de disparos. Su esposa, en tanto, quedó herida en el lugar.

En 2015, la justicia venezolana condenó a uno de los autores materiales del crimen: Ángel Romero Bracho, perteneciente al Grupo Antiextorsión y Secuestros (Gaes). Se le sentenció a 30 años de cárcel y al grupo de sicarios que lo ayudó a concretar el homicidio les dieron seis años de presidio.

Es dentro de este grupo que figura el nombre de Rigoberto Socorro, quien no registraba una alerta de Interpol en su contra, y se desconoce por qué estaba prófugo de la justicia, sin una orden internacional de captura en su contra.

Altas fuentes de La Moneda señalaron que el caso es extremadamente grave, agregando que el sicario, por ahora, solo está cumpliendo su cuarentena, como toda persona que entra al país, pero que no puede quedar detenido. Luego de transcurrido su periodo de confinamiento -dos semanas- debería quedar en libertad a la espera de que finalice el trámite de expulsión, que puede durar algunas semanas y meses.

Desde el Ejecutivo apuntan a un cambio de criterio del Poder Judicial para tramitar las expulsiones de quienes ingresan ilegalmente al país. Ya a comienzos de septiembre, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario, Juan Francisco Galli, tuvieron una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para manifestar su preocupación por los últimos fallos de los tribunales.

En el gobierno explican, por ejemplo, que en este caso un sicario a sueldo, condenado por la justicia venezolana, permanecerá en Chile, dado que no pesa una orden de captura en su contra, y el Poder Judicial no solo pide el parte policial que acredite que la persona ingresó por un paso ilegal, sino que también evidencie que el paso es ilícito. Otra exigencia es que se demuestre que cometió algún delito en territorio nacional.

Esta mañana, incluso, el ministro Delgado no escondió su molestia por estos fallos: “Hemos tomado nota de las recomendaciones, revisados nuestros procesos, somos respetuosos de los fallos, pero en ese contexto vamos a retomar las expulsiones. Esperamos que todos quienes participan en los procesos de expulsión estemos a la altura. Las expulsiones van a seguir”.