Una acusación de estupro y una fiscal destituida: la trama en torno al cerco judicial contra Evo Morales

Hace ya años que la batalla política entre el Presidente de Bolivia, Luis Arce, y su antecesor y mentor, Evo Morales, no se disputa en los canales tradicionales. Lejos de debates y la típica puesta en escena para levantar una campaña, la pugna por definir el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), que es reclamado por ambos, ha sido en tribunales. Y si bien el último episodio no involucra directamente a Arce, no escapa de la misma dinámica: el cerco judicial contra el regreso de Morales es cada vez más estrecho.

La denuncia interpuesta por estupro, trata y tráfico de personas contra Morales llegó a reavivar la mediática disputa entre los líderes izquierdistas, una relación fracturada por las pretensiones de Arce de continuar a cargo de Bolivia, y de Evo de retornar a la presidencia.

Junto con la grave acusación llegó una orden de arresto contra el exmandatario, la que, sin embargo, no duró mucho: quedó sin efecto al poco tiempo de emitida, puesto que la fiscal que realizó la acción judicial fue despedida por su jefe, Juan Lanchipa, apuntado como cercano a Evo Morales.

Se trata del último escándalo que involucra a una de las figuras más importantes de Bolivia, quien, además, se encuentra envuelto en una pugna política con su antiguo ministro. Por un lado, está el MAS evista, y por el otro, el MAS arcista. Su origen se puede rastrear incluso hasta el inicio del gobierno de Arce, donde, en su discurso de posesión presidencial, no nombró a su mentor. “Me he equivocado con Lucho”, ha repetido en numerosas ocasiones Evo Morales, quien fue el jefe de Arce cuando este ofició como ministro de Economía, entre 2006 y 2017. Al contrario, el actual mandatario ha dicho que la fractura se debió a la “incontrolable ambición de poder de Evo”.

Radicada en la Fiscalía de Tarija, la denuncia acusa a Morales de estupro, es decir, de tener relaciones sexuales con adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, ya sea con su consentimiento, valiéndose del engaño, seducción y/o la superioridad que se tiene sobre el o la menor, detalla la jurisdicción boliviana.

No se trata de un caso nuevo. La situación se remonta a 2020, cuando -en medio del breve gobierno de la ahora encarcelada Jeanine Añez- se apuntó a Morales de supuestamente ser el padre de una niña nacida en 2016, momento en que la madre tenía 16 años.

En aquel momento la denuncia fue impulsada por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, quien dijo en una conferencia de prensa que “la menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma”. Supuestamente, la menor acompañaba al exmandatario en sus viajes como Jefe de Estado, lo que fue desmentido por el equipo de Morales, por entonces asilado en Argentina.

Esta semana, sin embargo, reflotó el caso con nada menos que una orden de detención emitida por la fiscal Sandra Gutiérrez. Pero no pasaron muchas horas para que, el mismo miércoles que se supo de la orden de detención, la persecutora denunciara que el jefe del Ministerio Público la había removido de su cargo, ordenando, de paso, el cese del arresto contra el expresidente.

En comentarios a medios locales, Gutiérrez dijo que en un principio recibió un instructivo de Juan Lanchipa en el que le ordenó dejar el caso y disolver la comisión creada para investigar a Morales, ya que, supuestamente, lo haría la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil. Pero la instrucción llegó de la mano de una amenaza: si no cumplía con lo encomendado se arriesgaba a pasar por “procesos penales y disciplinarios”. Luego, tras negarse a renunciar, fue removida del cargo.

La nueva encargada del caso, añadió la ahora exfiscal, “ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante”. “Para mí, es una persecución”, dijo.

“Hablé con ella y me dijo que venía a hacer una revisión del caso. Hable con el fiscal general y él me dijo que solo estaban haciendo un análisis. Cuando vinieron acá, empezaron a sacar a todos y dijeron: ‘nosotros estamos a cargo del caso y no se va a hacer nada’”, continuó en su intercambio con la prensa boliviana.

No se trata de una abogada cualquiera. Durante un año, entre enero de 2014 y enero de 2015 y bajo la gestión de Evo Morales, ofició como ministra de Justicia y Transparencia Institucional. Gutiérrez dijo a la prensa que no entendía “cómo se ha filtrado” la orden de captura, “porque no se ha entregado a nadie”.

“Sin embargo, faltando una hora (para que se ejecute), se nos notifica con la acción de libertad (herramienta similar a un habeas corpus) en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales”, declaró.

“En su momento voy a presentar las pruebas de lo que estoy hablando. No me quedaré con esto, porque no puedo tolerar que cuando estamos avanzando en un caso de relevancia vengan desde la Fiscalía General a ponernos trabas en la investigación para que no se haga esto, amenazando a los servidores públicos que estaban investigando”, cerró.

María Galindo, conocida por su lucha en defensa de las víctimas de abusos sexuales en Bolivia y activista de Mujeres Creando, dijo a la red DTV que nada puede justificar un posible delito de estupro, menos ser calificado de persecución política. “Basta de que nos vengan a decir que porque se trata del caudillo, del supuesto salvador de Bolivia, tiene derecho de cometer estupro”, planteó.

Según el exministro de la Presidencia Carlos Romero, defensor declarado del expresidente, la resolución de aprehensión se había “librado de manera arbitraria en la jurisdicción de Tarija por orden de la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien en fecha 26 de septiembre habría conformado de manera intempestiva una comisión de fiscales, iniciando una acción de oficio contra el expresidente Morales”.

En la misma conferencia de prensa, el leal evista dijo que Morales “en este momento (está) criminalizado por el gobierno nacional por haber protagonizado una movilización reclamando demandas económicas, sociales e institucionales a favor del pueblo”, refiriéndose a una reciente marcha en la que participó el exmandatario.

La defensa del presidente boliviano, al igual que en el pasado, ha asegurado que se trata de acusaciones falsas con fines políticos. También, como en ocasiones previas, acusó que la investigación se basa en “datos de las redes sociales”. En cambio, Gutiérrez argumentó que los antecedentes del caso “provienen de un informe de inteligencia”, por lo que no descartó la posibilidad de presentar una denuncia internacional, pues “el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad”.

Durante una entrevista con la red Uno, la abogada del expresidente Evo Morales, Cecilia Urquieta, defendió a su cliente. “Repito, este es un caso armado, que no tiene los elementos suficientes (….), podría decir que es falso porque no ha existido en ningún momento ni previamente ni ahora ninguna prueba, ninguna denuncia formal desde las víctimas sobre este caso; ahora han rebuscado casos, han armado un caso, uno más como digo, son cinco casos que los últimos cuatro días se le han iniciado al expresidente Evo Morales”, planteó.

“Se han abierto cinco denuncias en los últimos cuatro días en contra de Evo Morales, y no se ha podido identificar los delitos que quieren imputarle, y esto es algo que está totalmente armado, no hay presencia de las víctimas, no hay presencia de los padres de las víctimas”, prosiguió la abogada.

Otra de esas denuncias contra el expresidente trata sobre el origen de una camioneta de marca Toyota que Morales utiliza comúnmente. Según el exministro de Justicia Iván Lima, quien salió del cargo hace pocos días, el vehículo fue adquirido por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 90.000 dólares, consignó El País. Luego fue revendida de inmediato a una joven de 21 años por un valor menor a la sexta parte de lo que realmente costaría.