¿Una buena o mala idea? Abogados “enjuician” propuesta de Jadue y Lavín de instalar en el sistema penal un “jurado ciudadano”

Lo más cercano que hay en el imaginario popular de un jurado ciudadano son aquellas películas estadounidenses en que un grupo de personas decide el futuro del protagonista: inocente o culpable. Si bien es una idea que ronda hace años en el sistema de justicia chileno, el escenario presidencial la ha fortalecido luego de que sus principales contendores, el UDI Joaquín Lavín y el PC Daniel Jadue -pese a ser de partidos que están en los extremos del espectro político- coincidan en la propuesta de darle a la gente el poder de decisión en las causas criminales. Sin ir más lejos, el abanderado comunista ayer al presentar su programa sostuvo que de llegar a La Moneda buscará “establecer en materia penal el juicio por jurado para fortalecer el sistema acusatorio adversarial con real participación y legitimidad ciudadana”.

En la arena judicial, hay quienes ven con buenos ojos la iniciativa aunque sostienen que debe limitarse a delitos graves. Se abren a que se estudie y se debata sobre todo por el contexto actual en que la sociedad busca legitimarse en distintos ámbitos y esto podría incidir en un aumento de confianza con la justicia. También hay quienes critican que se trata de ideas populistas, impracticables en un país como el nuestro. La Tercera consultó a 12 abogados y abogadas, misma cantidad de integrantes que tienen los “jurados ciudadanos” en norteamérica, para recabar qué posturas se desatan en la esfera judicial en torno a esta iniciativa.

El penalista Cristián Muga sostiene que “se trata de una idea muy interesante. El jurado compuesto por ciudadanos está dotado de una legitimidad social significativa. Sin embargo, posee riesgos también. El peso de la opinión pública puede influir decisivamente sobre el jurado y por esta razón se debe discutir un sistema que incluya mecanismos de control en su conformación y número de integrantes; el derecho a cambiar de jurisdicción cuando las circunstancias lo justifiquen y establecer reglas claras para el juez que dirige la conformación del jurado”. En ese sentido agregó que “el modelo basado en jurado responde a una tradición jurídica totalmente diversa y adecuarlo a nuestra realidad exigiría esfuerzos significativos, no solo en la conformación del sistema, sino que en su inserción a nuestra cultura, que atraviesa por una crisis de credibilidad en sus instituciones”.

La abogada experta en derecho penal Johana Heskia plantea que la idea “es una excelente opción para efectos de legitimar las decisiones del sistema penal, sin embargo, al ser los juicios orales un mínimo porcentaje de las salidas, me parece necesario priorizar el fortalecer y mejorar una serie de falencias muy importantes del sistema en su conjunto, además de avanzar en el sistema de ejecución de penas antes de abordar una reforma estructural como la propuesta”.

Paula Vial, exdefensora nacional, también apoya la propuesta y apunta a que se debe abrir el debate para un adecuado análisis. “Es un instrumento eficiente de educación cívica, porque permite al ciudadano participar activamente en conflictos más complejos, asumiendo responsabilidades en las que de acuerdo a estudios, se toman muy en serio su rol y se ha visto que el sistema introduce varios perfeccionamientos a los sistemas de justicia tradicionales: permite elevar los niveles de escrutinio sobre imparcialidad genuina del adjudicador en el sistema de justicia penal, permite delimitar mejor las diferencias entre los problemas de admisibilidad de la prueba respecto de los de valoración de aquella, porque los jueces son más estrictos al seleccionarla para no exponer a los ciudadanos que integran el jurado a una prueba ilícita y permiten un mecanismo de control de la información muy superior, tal como ya señaló la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Europea de Justicia, porque permiten hacerse cargo de problemas de prejuicios y sesgos”, argumenta.

El profesor Jaime Winter sostiene que “no hay que demonizar el sistema de jurados, pero tampoco hay que romantizarlo”. En ese sentido explica que “en la práctica el sistema entraña diversos riesgos: que los sesgos -que también tienen los jueces como todas las personas- se amplifiquen en los jurados, que tomen decisiones contrarias a la ley porque algo no les parece justo o que en ciertos casos tengan una tendencia mayor a condenar aunque la evidencia sea escasa, como cuando están ante delitos muy atroces”. El académico agregó que “tampoco es garantía de legitimidad: los jurados no suelen ser representativos de la sociedad, porque muchas personas o no llegan o se excusan o, en el proceso de descarte de jurados al que tienen derecho las partes, suelen excluirse cierto tipo de personas lo que ha llevado a que personas, por ejemplo, de ciertas minorías, no estén representadas adecuadamente. Hay sistemas intermedios, como aquellos que mezcla jueces profesionales y jurados, pero cualquier decisión en este sentido debe tomarse habiendo estudiando el asunto y con planes piloto que se acomoden a la realidad chilena”.

La profesora de derecho penal de la UC y abogada litigante María Elena Santibáñez cree que es una idea interesante, que de vez en vez se instala en el debate público y que “en el último tiempo ha aparecido con más fuerza, pues tiene que ver con una mayor participación ciudadana en la forma de administrar justicia. Su legitimidad en ese sentido es indudable, la que, además, se traspasa a la condena aplicable. En este orden de ideas, por lo mismo, ha sido establecido en varios países con bastante éxito”.

Dijo que, “sin embargo, se trata de un sistema caro, que puede retardar en demasía la realización de los juicios y que, por lo mismo, suele establecerse sólo para determinadas categorías de delitos, los más graves o, por ejemplo, lo que me parece atractivo, en delitos asociados a corrupción pública”. Además, indicó que “el estándar de convicción exigido al jurado que puede ser la unanimidad del mismo o un número muy alto de jurados, por ejemplo 10 de 12, da bastante legitimidad a la sentencia. Pero no parece ser prioritario hoy para nuestro sistema de justicia penal, pues el problema mayor del mismo viene dado no por los casos que van a juicio, sino precisamente por los que no lo hacen, ahí es donde parece estar la mayor falla del sistema que lleva a la ciudadanía a tener este sentimiento de impunidad y abandono del sistema de justicia criminal”.

Quien litiga a diario en causas mediáticas, el abogado Gabriel Zaliasnik, pone freno de mano a la propuesta. “Personalmente no me convence. Es una discusión de larga data en el derecho procesal penal. De muchos siglos y las posiciones se mueven como un péndulo. Cuando hay jurados se desconfía de la idoneidad de ellos, y se proponen jueces profesionales. Cuando hay jueces profesionales se apuesta a innovar con jurados”.

Acto seguido añade que, a su juicio, “la reforma procesal penal chilena requiere muchos otros ajustes antes de siquiera pensar en jurados. Es un debate políticamente atractivo, pero técnicamente poco prioritario. Ya es difícil asegurar la comparecencia de testigos o incluso de vocales de mesa, no me imagino juicios con jurados sin inconvenientes procesales. La forma de apreciar las pruebas por parte de un juez profesional creo que da mas garantías que dejar dicha apreciación a ciudadanos. Los jurados pueden perfectamente terminar como jueces de matinal cuando los países no tienen una buena cultura cívica. En síntesis tienen pros y contras, como todo, y por lo mismo, creo que es un debate académico abierto. En lo inmediato encarecerá aún más el acceso a justicia. Juicios orales largos serán aún más costosos”.

En tanto, para el abogado Miguel Chaves la iniciativa “debe ser analizada con cuidado, máxime en época de redes sociales, juicios públicos y teledirigidos”. Agregó que lo que le preocupa es que “la justicia nacida del pueblo siempre entraña sus riesgos y debe ser escrupulosamente regulada. Además, hay grandes costos asociados y una cultura y educación que debe acompañar, ya que es un tipo de enjuiciamiento muy influenciable y manipulable. El impartir y aplicar justicia es un ejercicio que debe estar gobernado por la razón fundamentalmente, aunque reconozco que ello, en cualquier escenario, es ilusorio. Las emociones son parte del ser humano y el juicio por jurados pone énfasis en ello, entonces se vuelve un lugar propicio para que se tomen decisiones desde la emoción antes que desde la razón y lo peligroso es que un juicio por jurados estaría influido por lo mediático y por los prejuicios, de aplicarse tendría que ser en casos menores y no con influencias emocionales de la gente, como serían casos de corrupción, de sangre, sexual, de terrorismo, de drogas que tendrían pronóstico claro antes del juicio”.

Para el penalista Samuel Donoso la propuesta le parece un error. “Insertar en nuestro sistema penal el jurado me parece un error, los costos son elevados por personal, instalaciones, los jurados por falta de conocimiento legal pueden vulnerar las garantías procesales de las personas, en casos con impacto mediático pueden ser influenciados en sus decisiones por los medios de comunicación y las redes sociales, y eso llevar a una decisión injusta. Se produce un conflicto entre el derecho a la información y la necesidad de un juicio justo, con lo cual el jurado no será imparcial. Además, no es un sistema rápido, por el complejo procedimiento de selección del jurado. Por último, nuestro sistema debiera tener modificaciones relevantes antes de incorporar el jurado, entre otras cosas tener un mayor control jurisdiccional de la formalización de la investigación y de la propia acusación, donde los tribunales puedan hacer un control previo de lo que va a juicio oral”.

El profesor Miguel Schurmann también cree que es complejo de implementar en nuestro país. “Me parece una propuesta compleja dado que es dependiente de una serie de factores de diseño institucional y cultura que no son fácilmente trasplantables a Chile. Un sistema de jurados contiene reglas procesales y un sistema de selección tendientes a garantizar imparcialidad en el juzgamiento. Dichas reglas se aplican también a la cobertura de los casos por la prensa, de modo de no generar un prejuzgamiento, muy común y de nefastas consecuencias en nuestro medio. En Chile esas garantías, en parte, descansan en un sistema de jueces profesionales e independientes, cuyas relaciones y conflictos de interés son más fácilmente controlables por ser funcionarios públicos y estar afectos a las obligaciones de declaración de éstos. Es decir, esto es mucho más complejo que cambiar tres jueces por 12 ciudadanos. En general un cambio institucional de esta magnitud debería responder a una necesidad o diagnóstico que probablemente yo no comparta”.

Alejandro Espinoza, abogado defensor, también critica la idea y la plantea como “una propuesta absolutamente inconveniente y derechamente populista”. En ese sentido profundiza que “el sistema de jurado es completamente ajeno a nuestra idiosincrasia, siendo carísima y engorrosa su implementación, existiendo evidentemente otras prioridades. Cualquier análisis objetivo indica que las mayores falencias en nuestro sistema no pasan por el tipo de jueces ni por las bajas penas. El problema más bien está en las policías y el Ministerio Público que no son capaces de investigar profesionalmente los delitos ni tampoco de allegar ante los tribunales las pruebas para condenar a los responsables, teniendo altísimas tasas de impunidad”.

Quien también observa resquemores es el abogado Juan Carlos Manríquez, quien sostiene que “un juzgamiento a través de jurados no expertos en materias legales supone un cambio más profundo en todo el sistema de justicia, no solo el criminal, dado que en esa situación el juez profesional es una especie de director de debate y determinador de penas específicas y corrector de eventuales vicios de nulidad que pudieran producirse durante la audiencia de juicio o tras la deliberación si esta contraría los límites legales. En Chile se ha discutido la posibilidad de establecer tribunales colegiados mixtos entre jueces, abogados y quienes no lo son, para poder hacer más espacio a lo que se conoce como sentido común en el contexto de la decisiones técnicas judiciales, sin embargo no ha tenido un mayor espacio. Con todo, sí existen tribunales mixtos, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin embargo, un juicio por jurados exige fijar un límite muy claro, particularmente en evitar la contaminación de la opinión pública con elementos políticos, sociológicos, valóricos, raciales, etc. que se fijen verdaderos cortafuegos para evitar que estos terminen determinando la decisión de absolución o condena”.

Para la exdefensora penal pública Catherine Lathrop, “en las propuestas hay una problema grave en donde se confunde lo político con lo técnico. A mi juicio, políticamente se busca acercar a la ciudadanía a tomar decisiones penales para -a juicio de los proponentes- “legitimar” el sistema, entregando al ciudadano común una de las decisiones más completas e importantes de todo nuestro sistema jurídico: la condena o absolución de una persona. Una de las mayores garantías de nuestro sistema penal es la exigencia de fundamentación que pesa sobre los jueces, la que dejaría de existir en caso de que un jurado decida (independiente de lo que funde luego el juez), pues no puede exigirles fundar jurídicamente a quien es lego. Por lo anterior, la motivación que tuvieron a la hora de condenar sería una absolutamente vacía y reduciría al proceso penal a meras sensaciones o incluso clamores populares, con todo lo fatal que aquello sería para quien tuviera que defenderse de una imputación penal. Me parece una mala política pública que no ataca el problema de fondo y, con una lógica refundacional propia del momento político que vive el país, terminará siendo una enfermedad peor que el remedio que actualmente se necesita, pues no estamos preparados para aquello”.