Una cada 17 días en 2023: cómo la quema de micros sigue siendo un problema sin solución para las autoridades (y los usuarios)

Basta con escribir “bus quemado” en algún buscador de internet para darse cuenta que las dos máquinas incendiadas intencionalmente la mañana de este jueves no son ni las primeras del año ni una situación puntual. Fueron, en rigor, las número 14 y 15 que según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) han sido destruidas por esa vía en lo que va de 2023 y con ello el fenómeno delictivo que año a año suma ejemplos sigue sin freno.

En concreto, los números señalan que desde el 1 de enero cada 17 días -menos de tres semanas- un bus RED está siendo atacado con fuego y productos acelerantes. O, dicho de otra forma, en promedio 1,7 buses al mes han sido vandalizados a través de la quema.

Pero ¿qué caracteriza el contexto de estos 15 buses incendiados? ¿Cuánto afecta a los usuarios la desaparición de cada máquina?

Sobre esto último, la ecuación resulta lógica y bastante simple: frente a la misma cantidad de pasajeros y menos micros el sistema se ve indefectiblemente afectado. Y es que según los entendidos, recuperar un bus toma aproximadamente nueve meses, que perjudica a alrededor de 70 mil usuarios. A esto se suma mayores costos para el sistema, más impacto en los subsidios y, finalmente, en la tarifa.

Solo como ejemplo, el costo de los buses siniestrados este jueves -ambos pertenecientes a la empresa Metbus- es de $ 186.585.000 (US$ 210.000) y $ 284.320.000 (US$ 320.000), respectivamente. El primero prestaba servicios para el recorrido 513, y el segundo, al recorrido J10.

Patricia Galilea, profesora de Ingeniería de Transporte UC, comenta a La Tercera que los efectos de un bus siniestrado son graves. En principio, para el presupuesto del Estado, pues los gobiernos han desembolsado grandes inversiones para mejorar la calidad de los servicios, y que las máquinas cuenten con comodidades como wifi o aire acondicionado. Y además, para los usuarios y conductores del transporte: “En término de operaciones, la quema de un bus es compleja, porque estos tienen ciertas frecuencias con las que deben cumplir los recorridos. Entonces si se empiezan a quemar buses o a quitar buses del servicio, son los usuarios finalmente los afectados porque dejan de tener un servicio para desplazarse. Además, hay que tener en cuenta que la reposición no es rápida porque los buses se compran fuera de Chile”.

Y si algo ha caracterizado este año a la minoría de estudiantes secundarios que han optado por la vía violenta como bandera de lucha por sus demandas, ha sido, justamente, la quema de micros.

Así ocurrió este jueves 14 con las dos máquinas incendiadas en las inmediaciones del Liceo de Aplicación de Santiago, pero también el pasado 8 de septiembre cuando cuatro menores de edad fueron detenidos por quemar un bus con bombas molotov; o el 1 de agosto, cuando un grupo de encapuchados -estudiantes del Liceo Barros Borgoño, según Carabineros- quemó otra micro en las cercanías del establecimiento educacional.

Pero además del contexto de manifestaciones en torno a los liceos emblemáticos, hay otro en el que se han producido las quemas: las fechas significativas en lugares igual de significativos. Sin ir más lejos, la noche del 11 de septiembre recién pasado, en el aniversario 50° del Golpe de Estado, un bus fue quemado en Recoleta.

Así también hubo hechos sin alguna explicación lógica, como la quema del 31 de julio por parte de encapuchados en Estación Central cuando obligaron a bajar al chofer y los pasajeros, algo similar a lo ocurrido el 4 de agosto en la Alameda con Ecuador, cuando entre 10 y 15 encapuchados intimidaron al conductor y lo obligaron a bajar junto a unos 15 pasajeros, para luego incendiar el vehículo.

Franco Basso, ingeniero industrial experto en Transportes y Logística de la PUCV, sostiene que la reiteración de tales hechos ha demostrado que “el gobierno y Carabineros se han demostrado incapaz de frenar este tipo de situaciones”. Sobre todo, según Basso, teniendo en cuenta que los patrones que generan este tipo de destrucciones son relativamente comunes y en sectores bien específicos: “Muchas veces cercanos a liceos emblemáticos como el Liceo de Aplicación o en algunas zonas conflictivas con mayor exposición, como Villa Francia. (...) Aquí falta un trabajo de inteligencia en el cual se permita detectar y encontrar a estas personas y, por otra parte, que venga acompañado de un endurecimiento de la ley que haga que cuando se encuentre a estas personas tengan castigos ejemplares”, señala.

Consultado al respecto por este medio, el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza, afirma que la cartera ha estado trabajando en generar acciones preventivas en casos de vandalización de buses, gestión inmediata y persecución penal de este tipo de episodios “de manera coordinada con las empresas, Carabineros, la Delegación Presidencial y el Ministerio del Interior”. Asimismo, da cuenta de la existencia de un Acuerdo de Seguridad Pública del Sistema Red Movilidad, “porque estamos convencidos que hechos como estos no se pueden tolerar”.

El registro reciente de micros incendiadas, en todo caso, no es nuevo. Y es que también incluye un bus del Transantiago incendiado el 4 de abril de 2022 frente al Internado Nacional Barros Arana, hecho que se repitió el 19 del mismo mes y luego, otra vez, en septiembre, con otras dos máquinas. El 4 de octubre había ocurrido lo propio luego de desórdenes frente al Liceo de Aplicación, algo que se repitió el 12 de diciembre.

En mayo del año pasado, en tanto, otras dos micros del transporte público fueron quemadas en las cercanías del Instituto Nacional y ya a esa altura del año iban 30 buses de la red incendiados, los que llegaron a 55 a fines de 2022, según el MTT. Ya en ese entonces, el ministro Juan Carlos Muñoz señalaba que se debían buscar “mecanismos para identificar a los que están detrás de este tipo de acciones” y así “dar garantías a la población que este tipo de cosas no pueden seguir pasando”.