Una dieta basada en las asistencias. Ese fue uno de los planteamientos que ayer propusieron algunos de los expertos en la primera sesión del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) para revisar la reducción de la dieta parlamentaria y de otras altas autoridades, iniciativa que fue despachada por el Congreso a principios de mayo.

Según quedó establecido en el proyecto, ese organismo -que está presidido por Alejandro Weber e integrado por Bettina Horst, Eduardo Abarzúa, Cristina Orellana y Eduardo Riquelme- será el que definirá -por una sola vez- el porcentaje de la rebaja transitoria para la autoridades. Y tendrá un plazo de 30 días para fijar los montos de las remuneraciones de los parlamentarios y ministros de Estado y de 90 días para hacer lo mismo con las del Presidente de la República, seremis, intendentes, gobernadores regionales y el personal contratado a honorarios que sean de confianza.

Así, el consejo inició ayer el debate para analizar los distintos criterios sobre los cuales fijarán la remuneración de estas autoridades, discusión que se centró principalmente en la figura de los parlamentarios. En ese sentido, durante la sesión, algunos de los expertos invitados, como el consejero del Servel, Alfredo Joignant, y el abogado Tomás Jordán, propusieron que se considerara para ese objetivo que además de la dieta base exista un “sueldo por asistencia” o se aplique un descuento a quienes falten a las comisiones o a sesiones de sala.

“Soy muy partidario que una parte del salario de los diputados y senadores tenga que ver con su asistencia a comisiones y sesiones de sala”, sostuvo ayer Joignant, quien además señaló que “hay una explicación para esto, mal que mal, los diputados y senadores tienen electores a quienes responder y los ministros no, razón por la cual me parece que debiesen sentirse obligados a asistir al trabajo de comisiones. De alguna forma van a tener que rendir cuentas a su electorado, llegado el momento”.

En esa misma línea, cerca del final de su participación, Jordán deslizó la idea. “Pagar por sesión es muy atractivo y a lo mejor un criterio interpretativo tiene que ver con que la remuneración equivalente es cuando se cumplen todos los estándares de equivalencia, es decir, si yo voy a todas las sesiones, estoy en todas las comisiones, obviamente que el criterio es el máximo y por lo tanto va a ser la misma remuneración del ministro de Estado y, con base en eso, ir reduciendo. Esa puede ser una fórmula a trabajar".

Justamente, el punto planteado por el abogado respecto de la equiparación del sueldo de los parlamentarios y los ministros -situación que está establecida en la ley- es un asunto que generó algunas dudas respecto de la aplicación de este criterio. Esto, debido a que según algunos de los autores de la iniciativa, el hecho de que ambos sueldos estén “amarrados” podría dificultar que el CADP establezca una fórmula que considere descuentos específicos para los legisladores.

“Mi interpretación es que la norma constitucional al tener un amarre con el artículo 62 de la Constitución que es el que hace referencia al que la dieta de los parlamentarios será igual al de los ministros de Estado, hace difícil que el CADP pueda aplicar una norma con esta”, explicó el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Sin embargo, el parlamentario señaló “si bien ya existen descuentos para los que no asisten a la Cámara, tengo la impresión de que el mandato para el CADP es bien nítido de que ellos tienen que fijar la base, es decir, si es que hay descuentos adicionales porque la gente no va a hacer su trabajo eso ya está regulado, pero lo que deberían fijar es cuál es la dieta máxima si es que un diputado va a todas sus sesiones”.

Sin embargo, otros parlamentarios difieren de esa interpretación y ven con buenos ojos la posibilidad de que la instancia pueda crear un criterio de esa naturaleza. “Me parece que el CADP tiene la enorme oportunidad de resolver problemas asociados a la labor parlamentaria. Miro de manera muy positiva la posibilidad de que el CADP, al fijar la rebaja de la dieta parlamentaria, pueda discriminar, manteniendo una suma fija, pero teniendo un componente -ojalá mayoritario- que esté vinculado a la manera en que el parlamentario desempeña su función legislativa”, señaló el diputado socialista y miembro de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto.

Asimismo, el parlamentario agregó que sería “adecuado que se discrimine entre legisladores que cumplen de forma rigurosa y al 100% su función legislativa y parlamentaria versus aquellos que no lo hacen. Y que ello se traduzca en una diferencia remuneratoria, como le ocurre a la mayoría de los trabajadores de nuestro país, me parece de mucha justicia”.

No obstante, durante la sesión también se abordaron otras propuestas. Una de ellas fue la posibilidad de diferenciar los sueldos de los ministros con el de los parlamentarios. En ese sentido, se planteó la idea de que los secretarios de Estado tuvieran un sueldo igual al de los senadores y los diputados se equipararan con los subsecretarios. De todas maneras, la ley establece que las remuneraciones de esas autoridades estén equiparadas.

Otra recomendación fue mirar el contexto actual, donde algunos de los expertos advirtieron el riesgo de la corrupción. “Tenemos que considerar el contexto socioeconómicos para esta reducción. Ahora, cuáles son los riesgos de esto. El riesgo siempre va a estar dado en la idea general de corrupción, de cómo parlamentarios o autoridades públicas pueden ser coptadas por los privados”, sostuvo Jordán.

Según se establece en el reglamento de la Cámara de Diputados, los parlamentarios cuyas inasistencias terminen con el fracaso de una sesión, son sancionados con un 2% de sus dietas, lo que se aplica siempre y cuando estos no cuenten con permiso constitucional ni licencia médica. Esto no excluye que los parlamentarios puedan pedir permiso sin goce de dietas a lo largo del periodo legislativo.